Cesar Eduardo Gomez Alarcón

Expediente 143/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
143/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Cesar Eduardo Gomez Alarcón
  • Juez Segundo de Primera Instancia en el ramo Civil en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 365/2023-B y anexo signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene remitiendo el testimonio de la ejecutoria dictada en la Queja Civil 93/2023 de su índice, del cual se advierte que la Superioridad DECLARÓ INFUNDADA la queja interpuesta en contra del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto en autos al cual le correspondió el número del toca 93/2023; por tanto, estese en espera de que dicho tribunal informe lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de febrero del año en curso, en el que se desechó de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, en el que se desechó de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito en Turno, con sede Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, el original y copia del escrito del recurso de queja; copia certificada del proveído recurrido, así como de las demás constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del referido medio de impugnación, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja se promueve precisamente en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo, y por ende, no hay partes en el asunto. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que el promovente cite como fundamento de su recurso "el artículo 97, fracción I, inciso b).", esto es, el correspondiente al respecto de la suspensiones que se concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, sin embargo, se da preeminencia a sus manifestaciones de interponer recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo, por ser el procedente en contra de la determinación judicial recurrida. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    III. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por CÉSAR EDUARDO GOMEZ ALARCON contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 143/2023, asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relación la fracción XXIII del artículo 61, con la disímil IV del 107, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la ley de la materia, se impone desecharla de plano. Para evidenciar lo anterior, se parte de la base de que los citados preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." [.] Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.[ IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]" Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, tiene una naturaleza enunciativa y no limitativa, al prever que la improcedencia del juicio puede derivarse no sólo de las expresamente plasmadas en tal artículo, sino también de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley. Entre las disposiciones de la Ley de Amparo, nos encontramos con la señalada en el artículo 107, fracción IV párrafos primero y segundo, en la cual se prevén dos reglas generales y dos específicas. La primera, establece que el juicio resulta procedente contra actos de tribunales (en general) ejecutados fuera de juicio, los cuales han sido identificados por la jurisprudencia, como aquéllos que ocurran antes de que inicie el mismo, por ejemplo, aquéllos acaecidos en los medios preparatorios. La segunda regla general, dispone la procedencia del juicio contra actos ejecutados después de concluido el juicio, los cuales, como su nombre lo indica, serán aquéllos que se realicen una vez dictada la sentencia definitiva en el proceso. Pero aunado a éstas dos reglas generales, el legislador incluyó dos específicas, sobre todo tratándose de actos después de concluido el juicio. La primera de estas reglas específicas, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en tanto que la segunda, dispone que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la última resolución; entendiéndose como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas específicas, se distingue un propósito común del legislador, que fue, el evitar que el juicio de amparo se utilizara para entorpecer la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades jurisdiccionales, que tienen la calidad de cosa juzgada, ya que dispone que tanto en el período de ejecución, como en aquél relativo al remate, el juicio de amparo sólo resulta procedente contra la resolución final; expresamente así se dice en la primera hipótesis, y se entiende de tal manera en la segunda parte, pues la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es la final de tal período. Lo anterior, se encuentra justificado, pues con la emisión de las sentencias definitivas se presume un proceso previo, seguido con las formalidades de la ley, en donde se ha oído y vencido a una de las partes, y en donde ésta tiene la obligación de acatar la autoridad del Estado, contenida y concretada en la decisión del tribunal relativo, ya que emana de la constitución y las leyes respectivas. Además, dicha cuestión otorga seguridad jurídica a los particulares, al tener la certeza de que las controversias sometidas a la potestad del Estado, serán resueltas por una sentencia y que ésta será acatada. Atento a lo anteriormente expuesto, en relación a las reglas específicas analizadas (tratándose de la ejecución de sentencias) es claro que sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución, la cual es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en el entendido de que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que esta regla tiene algunas excepciones, entre las que se encuentran, a saber: 1. Que se trate de actos intermedios (que afecten derechos sustantivos) dictados en la etapa de ejecución de sentencia, con autonomía propia y destacada, pero que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y 2. Que el amparo lo promueva una persona extraña al juicio. Sin embargo, adversamente a como lo aduce el quejoso, el acto reclamado no podría ser apreciado a partir de la incidencia que pudiera tener en alguno de sus derechos sustantivos, a efecto de establecer la procedencia del reclamo constitucional, en virtud de que el auto en que se contiene la orden de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública y la fractura de chapas o cerraduras, a efecto de desposeerlo del bien inmueble ubicado el Calle paseo Texistepec, número treinta y nueve, del Fraccionamiento Palma Real, en Veracruz, Veracruz, dictado en el juicio de origen, en el que el quejoso participó como demandado, no puede considerarse ajeno o desvinculado a lo que constituye cosa juzgada en el proceso natural seguido en contra del promovente de este amparo, pues precisamente se trata de una orden dirigida a quien resultó vencido en dicha contienda, para que cumpla con aquello que constituye lo resuelto por la autoridad común. Por tanto, ante la mencionada vinculación que tiene la orden de lanzamiento de la posesión del bien inmueble materia del reclamo en un juicio natural, con la sentencia definitiva respectiva, no sería posible llevar a cabo el análisis constitucional de ese acto de autoridad, aun cuando llegara a tener alguna incidencia en los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el cumplimiento de lo que constituye cosa juzgada, ubica a dicho acto de autoridad no en la hipótesis de excepción, sino en aquella regla específica alusiva a los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a la cual el amparo solo procede contra la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución. Aquí cabe destacar que la orden de lanzamiento para el efecto de entregar la posesión de dicho bien al que obtuvo sentencia favorable, señalada como acto reclamado, no puede equipararse a la última que podría dictarse en el procedimiento de remate, prevista por la Ley y la jurisprudencia: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el indicado criterio interpretativo, está relacionado con la subclasificación de actos que pueden presentarse en el periodo de ejecución de sentencia, consistente en el remate de bienes embargados, en el que la procedencia del amparo en su contra por disposición de lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la ley de amparo, sólo procede contra la orden de escrituración o contra el mandato de entrega de la posesión del bien adjudicado. Desde esta perspectiva, la orden de lanzamiento que debe ejecutarse sobre el bien embargado que se reclama en el presente juicio de amparo, no tiene eficacia jurídica, sino hasta que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado (lo cual aún no se verifica) momento en que es susceptible de afectar los derechos del promovente. De ahí que el acto reclamado no produzca una afectación irreparable a sus derechos. Por otro lado, conviene mencionar que el aspecto que permite identificar al tercero extraño y al que se le equipara es su desconocimiento total de la existencia de un proceso o procedimiento seguido en forma de juicio, así como la forma en que se acredita se traduce en que la persona extraña y la que se equipara a ésta se entera del proceso o procedimiento después de la emisión de la sentencia. Pues bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso compareció al expediente natural en su carácter de demandado, a deducir sus derechos; de tal suerte que no tiene el carácter de tercero extraño. Bajo esa premisa, la demanda de amparo deberá presentarse, en su caso, contra la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, en donde el impetrante estará en aptitud legal de hacer los planteamientos formulados, relativos a cuestiones relativas a inconformarse en contra de todas aquellas violaciones que durante el procedimiento respectivo se hayan cometido en su perjuicio y que la hayan dejado sin defensa. Tiene aplicación en lo conducente, al presente asunto la tesis cuyo rubro indica: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". En ese orden de ideas, dado que el acto reclamado no es la resolución última que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, y al promovente no le recae el carácter de persona extraña, es evidente que el amparo resulta improcedente, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV de la propia ley. AUTORIZADOS Se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a las restantes personas toda vez que no acreditaron encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. DOMICILIO PROCESAL Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES De conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario itrusan76, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. Ahora bien, en relación al correo electrónico y números telefónicos que proporciona la parte quejosa, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. VISTA LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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