Cesar Eduardo Beltri Ortiz

Expediente 2553/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2553/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Cesar Eduardo Beltri Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se NEGÓ el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley.

  2. Incidental

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Vista la razón elaborada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, el día de hoy, en la que hace constar que no le fue posible notificar, a la parte quejosa ***, la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, por las razones que expone; glósese a los autos. Ahora bien, de una consulta realizada a las constancias que integran el presente juicio, se aprecia que mediante escrito con número de folio 389 registrado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, solicitó el acceso al expediente electrónico relativo al presente asunto través del usuario "***", así como las notificaciones electrónicas, incluso las personales, por esa misma vía. Por tanto, se comisiona al Secretario del Juzgado, habilite las notificaciones vía electrónica con el usuario "***", de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia; y al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. ***EN VIRTUD DE QUE CON FECHA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ORDENÓ PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA, INCLUSO LAS DE CARACTER PERSONAL, POR LA VÍA ELECTRONICA, SE TRANSCRIBE LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN EL PRESENTE ASUNTO PARA CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO*** Sentencia que pronuncia el Juez Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco: (1) Vistos los autos del juicio de amparo 2553/2022 promovido por ***, contra el acto del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y (2) Resultando 1. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con asiento en esta ciudad y remitido el doce del mismo mes y año por razón de turno a este Juzgado Federal, ***, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de quien reclamó: "[...] el acuerdo extrovertido el 16 dieciséis de noviembre de 2022, a través del cual, dentro del expediente ***, infundada e inmotivadamente, no tuvo a bien decretar una reducción provisional de la Pensión Alimenticia, máxime que como ha quedado demostrado, el suscrito cuento con un ingreso muy por debajo de la obligación alimenticia que mensualmente debo sufragar en favor de mis progenies, y que de continuar así, se pone en peligro la subsistencia del mismo, toda vez que emprendí un trámite incidental de Reducción de Pensión Alimenticia de la que gozan mis hijas, en el que los Alimentos que tengo que erogar en favor de mis menores, asciende a la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M-N.), vulnerando flagrantemente mi derecho al Mínimo Vital en el Orden Constitucional Mexicano, Derecho Humano que se encuentra consagrado en los artículos 1, 4, 6, 13, 16, 25, 27, 31 fracción IV, y 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el suscrito genero la cantidad de $8,004.00 (Ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.), y que de una simple media aritmética, se desprende que es un 400% de mis ingresos mensuales fijos". 2. Mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2553/2022, se admitió y requirió a la autoridad por su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede. (3) Considerando 1. Este Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 60 y Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y; el Acuerdo general 14/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan e inicio de funciones como juzgados Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el mismo estado y residencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Toda vez que el acto se atribuye a la autoridad que se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de garantías. En este sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J.40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P. VI/2004, con registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de las demandas de amparo se observa que se reclama al Juez responsable: El auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ***, del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de treinta y uno de octubre de la misma anualidad. 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Página 3 Es aplicable la jurisprudencia XVII.2o. J/10, con número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rótulo "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, y para acreditarlo remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de origen, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y son aptas para acreditar la existencia del auto que constituye el acto reclamado. Se cita el criterio: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Época: Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). 4. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para la quejosa del veintiuno de noviembre al nueve de diciembre de dos mil veintitrés, en tanto la demanda de amparo se presentó el ocho de diciembre de dicha anualidad, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, así como tres y cuatro de diciembre por ser inhábiles. Lo anterior, porque de acuerdo con lo establecido por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición se computará, entre otros casos, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, conforme a la ley del acto el acto reclamado. Así pues de acuerdo a las constancias que obran en autos, el quejoso fue notificado del acto reclamado mediante boletín judicial el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, y de conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dicha notificación surte efectos al día siguiente -dieciocho de noviembre-, por lo que los plazos comienzan a correr a partir del veintiuno del mes y año de referencia. 5. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia de la acción constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que al no evidenciase la actualización de alguna de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. 6. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 7. Son infundados los conceptos de violación que el quejoso hizo valer contra el acto reclamado, sin que se advierta deficiencia que deba suplirse en términos de lo establecido por el artículo 79 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Previo al estudio de los conceptos de violación se estima oportuno establecer los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados: 1.Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el quejoso y la tercera interesada promovieron demanda de divorcio por mutuo consentimiento ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dando origen al juicio civil ***. 2.Luego de que diversos Jueces Familiares, se excusaron del conocimiento del asunto, el Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se avocó su conocimiento y lo registró con el número de expediente ***. 3.Seguido el trámite ante dicha autoridad, las partes presentaron el convenio para liquidar la sociedad conyugal, el cual fue ratificado el dieciocho de febrero de dos mil veinte y, el doce de marzo siguiente se dictó la sentencia en la que se elevó a esa categoría el convenio celebrado por las partes. 4.El tres de agosto de dos mil veintidós, el quejoso promovió incidente de reducción de la pensión alimenticia definitiva, y adicionalmente, solicitó la "reducción de pensión alimenticia provisional". 5.El doce de septiembre de la misma anualidad insistió ante la autoridad responsable para que le concediera la reducción provisional de los alimentos definitivos. Página 5 6.Mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la responsable respondió al quejoso que la reducción de la pensión alimenticia se resolvería mediante la interlocutoria correspondiente al incidente planteado. 7.El ocho de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso promovió recurso de revocación contra el auto de treinta y uno de octubre referido, el cual fue resuelto el dieciséis de noviembre siguiente, en el sentido de que era infundado e improcedente -acto reclamado. Hasta aquí los antecedentes. Luego, analizadas las constancias del juicio de origen y la demanda de amparo, se aprecia que lo que pretende con la solicitud realizada a la autoridad responsable, es reducir provisionalmente la pensión alimenticia que le fue impuesta en la sentencia emitida en el juicio de origen, es decir, que se reduzca dicha prestación durante la substanciación del incidente de reducción de alimentos definitivos, hasta que se dicte la interlocutoria correspondiente. En sus conceptos de violación sostiene que el acto reclamado es inconstitucional, toda vez que la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación sin atender el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 442 del Código Civil del Estado de Jalisco. Asimismo, señala que el auto que fue impugnado mediante el recurso de revocación, carece de fundamentación y motivación porque resolvió sobre una cuestión no planteada en su solicitud, ya que lo que se le solicitó a la autoridad responsable fue la reducción provisional de los alimentos definitivos, y en dicho auto se estableció que su solicitud se atendería mediante la interlocutoria que resolviera el incidente de reducción de alimentos, lo cual constituye la resolución definitiva y no provisional de la pensión combatida. Como se anticipó, son infundados tales motivos de inconformidad. Es oportuno señalar que la pensión que el quejoso pretende reducir "provisionalmente" durante la substanciación del incidente promovido en el juicio natural, tiene su origen en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el doce de marzo de dos mil veinte. El artículo 89-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece: "ARTICULO 89-C. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga éste código, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo". Luego, el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 10/2014, realizó una interpretación del artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto Número 15766, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de 31 de diciembre de 1994, y estableció que dicho dispositivo legal constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que permite alterar o modificar las que han quedado firmes, siempre que: a) Se hayan pronunciado en juicios o procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice la aludida legislación procesal; y, b) Por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva Sin embargo, tales circunstancias deben demostrarse plenamente en el juicio o procedimiento respectivo, en este caso, mediante el incidente de reducción planteado por el quejoso. Tales consideraciones se sustentaron en la jurisprudencia: "PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA EN EL CONVENIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLA PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, creado mediante Decreto Número 15766, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de 31 de diciembre de 1994, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que permite alterar o modificar las que han quedado Página 7 firmes, siempre que: a) Se hayan pronunciado en juicios o procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice la aludida legislación procesal; y, b) Por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, todo lo cual debe demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento respectivo"; empero, como esta locución no deja claro si la reducción debe hacerse a través de un juicio autónomo, o bien, por medio de un incidente que se haga valer en el propio procedimiento donde se estableció la pensión alimenticia relativa, entonces es viable que la petición de modificar la fijada en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, pueda plantearse indistintamente en cualesquiera de esas dos vías, lo que es acorde con el derecho humano de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que en ambos casos, las partes tienen la oportunidad de ser oídas, ofrecer y desahogar pruebas, alegar e impugnar las resoluciones o actuaciones que les causen perjuicio a través de los medios ordinarios de defensa que procedan en cada caso" (Lo resaltado es propio). (Registro digital: 2010319; Instancia: Plenos de Circuito; Décima Época; Materias(s): Civil; Tesis: PC.III.C. J/6 C (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III; página 2944; Tipo: Jurisprudencia). Por tanto, es evidente que de acuerdo con el contenido del artículo 89-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y el criterio jurisprudencial de aplicación obligatoria, las sentencias ejecutoriadas, pueden ser modificadas cuando sean emitidas en un juicio de alimentos y los hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, que se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, siempre y cuando se demuestre plenamente tales circunstancias. Por tanto, es inconcuso que no le asiste la razón al quejoso al señalar que el acto reclamado es inconstitucional porque el Juez de origen no le otorgó la medida "provisional" solicitada, primero, porque no existe precepto legal que sustente la reducción provisional de los alimentos definitivos y, segundo, porque la pensión alimenticia que se intenta reducir constituye cosa juzgada, pues deriva del convenio de divorcio por mutuo consentimiento que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada. Por ello, el Juez de origen no estaba obligado a tomar en cuenta el principio de proporcionalidad para resolver el recurso de revocación plateado por el quejoso, porque si bien para fijar el monto de la pensión alimenticia deben atenderse las necesidades de los acreedores y la capacidad del otorgante para proporcionarlos, lo cierto es que para tal efecto es necesario realizar un estudio pormenorizado de los medios de prueba que acrediten que las circunstancias que prevalecían al momento del dictado de la sentencia han variado y, con base en ello, establecer una nueva pensión acorde a las circunstancias actuales; sin embargo, ello no puede ser materia de análisis sino mediante la interlocutoria que resuelva el incidente de reducción de alimentos propuesto por el quejoso, ya que sólo de esa manera se puede garantizar a las partes la garantía de audiencia, sometiendo los medios de convicción a la contradicción de las partes para su valoración en la sentencia. De otro modo, se podría causar un perjuicio a los acreedores alimenticios y al orden público, pues atendiendo a los principios de interés superior de la niñez y ejecutividad de las sentencias, el estado está obligado a velar por su bienestar y el debido cumplimiento de dichas resoluciones y, únicamente en caso de que se demuestren a plenitud las circunstancias que den origen a la modificación de la sentencia, procede suspender o reducir el monto de la pensión correspondiente, de ahí que la intensión del quejoso relativa a recudir provisionalmente la pensión de alimentos definitivos, es improcedente, tal como se asentó en el acuerdo reclamado. Sin que obste a lo anterior que el quejoso manifieste que la tercera interesada tiene capacidad económica suficiente para otorgar alimentos a sus hijos, así como que sus ingresos propios han variado con relación al que tenía al momento de que se dictó la sentencia en el juicio de origen, ya que dichas circunstancias deberán ser acreditadas a plenitud ante el juzgado de origen, mediante los medios de convicción idóneos para que se pronuncie con relación a la fijación de la pensión alimenticia correspondiente. Sustenta lo anterior, las tesis: "ALIMENTOS. LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN SEÑALADA EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO AQUÉLLOS FUERON FIJADOS. Se ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; luego, siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en Página 9 atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se ejercita la acción de reducción de la pensión alimenticia, debe acreditarse indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades de la persona a quien deba dársele alimentos, y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida pensión". (Registro digital: 180724; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; Materias(s): Civil; Tesis: VII.3o.C.47 C; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1719; Tipo: Aislada). "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos". (Registro digital: 160682; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Civil; Tesis: I.3o.C.998 C (9a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, página 629; Tipo: Aislada). "ALIMENTOS, CAPACIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR ALIMENTISTA. DEBE ACREDITARSE LA NUEVA MODIFICACION EN EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE. La modificación de la pensión alimenticia fijada con anterioridad en un juicio especial de petición de alimentos, que elevó a la categoría de cosa juzgada un convenio suscrito entre las partes como si se tratare de una sentencia ejecutoriada, no impide que se acredite por la actora la capacidad económica del demandado y la necesidad del que deba recibirlos, pues al pretender la modificación de la pensión, el promovente no queda exonerado de demostrar en esa nueva promoción la capacidad económica del demandado incidentista, atendiendo a lo que el artículo 306 del Código Civil para el Estado de Durango claramente señala, de que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". (Registro digital: 209422; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Octava Época; Materias(s): Civil; Tesis: VIII.1o. 48 C; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, Enero de 1995, página 185; Tipo: Aislada). En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio, se impone NEGAR el amparo y justicia de la Unión solicitados respecto del acto reclamado. (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 1. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 1. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.

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