César Díaz Rivera

Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
789/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • César Díaz Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido vía electrónica por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en atención en su contenido, téngasele informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito... archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido... se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita...

  2. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Díaz Alvarado, defensora Pública Federal de César Díaz Rivera, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario y/o Comité Técnico y/o Comité Técnico Interdisciplinario, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" de Villa Aldama, Veracruz y otras autoridades, en tales condiciones, fórmese expediente, captúrese su ingreso háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y regístrese bajo el número correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en atención al sentido fundamental que regirá el presente acuerdo, es menester realizar pronunciamiento en relación con la suspensión de plano de los actos reclamados tal como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo que dice: [.] Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.] De conformidad con lo anterior, el artículo 126 de la ley de la materia, refiere los supuestos en los cuales debe de concederse la suspensión de oficio y de plano al señalar: [.] Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. [.] Del mencionado numeral se desprenden dos supuestos en los cuales resulta procedente conceder la referida suspensión de plano: 1.- Contra actos o supuestos claramente contrarios a las disposiciones de la Constitución. 2.- Contra actos que afecten derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Toda vez que se solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, con fundamento en los artículos 17 y 123, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que CESE DE INMEDIATO todo acto tendente a mantener castigado, incomunicado, segregado y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como para que continúe gozando de los estímulos a que tiene derecho en su calidad de interno en el lugar de su reclusión, siempre y cuando no contravengan la reglamentación interna existente; es decir, se suspenderá la aplicación al citado César Díaz Rivera, de algún correctivo disciplinario iniciado en su contra, ello, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, con el fin de preservar la materia del amparo, pues una determinación en contrario, podría llevar al extremo de que al momento de que se resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, tal correctivo ya hubiera sido consumado de un modo irreparable, en evidente perjuicio del impetrante de garantías, pues ello haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada. Ahora bien, toda vez que la promovente señaló como acto reclamado la segregación del resto de la población de reclusos y/o cambio de módulo y/o restricción de visitas familiares, así como la orden de suspensión total o parcial de los estímulos o beneficios penitenciarios del directo quejoso César Díaz Rivera, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, que puede ser objeto o cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional, que afecte o pudiera afectar de forma física o psicológica al procesado, para el efecto de que no se lleve a cabo cualquier acto de incomunicación, debiendo acatar esta orden bajo su más estricta responsabilidad las autoridades responsables, quienes deberán informar a este Tribunal Federal, en el término de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento dado a la suspensión. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme lo dispone el artículo 266, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos a que haya lugar. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que el directo quejoso César Díaz Rivera, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, el cual que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. En razón de lo antes expuesto es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, a fin de establecer la competencia del conocimiento del presente asunto, se estima pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone: [.] Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.] Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente: a) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, deben considerarse como tales los que no han sido ejecutados y, en virtud de sus circunstancias particulares, se llegue a la conclusión de que dichos actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia del juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado, empero, el supuesto en comento, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos. 1) Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en el juicio de amparo encuadra en el supuesto de aquellos que deban tener ejecución y, por tanto, debe de conocer el juez del lugar donde el acto reclamado se pueda ejecutar materialmente. Lo anterior es así, pues el acto reclamado consiste en la segregación del resto de la población de reclusos y/o cambio de módulo y/o restricción de visitas familiares, así como la orden de suspensión total o parcial de los estímulos o beneficios penitenciarios del directo quejoso César Díaz Rivera, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" de Villa Aldama, Veracruz, por lo que es evidente que la competencia para conocer del presente asunto se surte en favor del juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, en turno, con residencia en Cuernavaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito En las referidas circunstancias este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cuestión; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez legalmente competente que una vez obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica y por autorizado para tales efectos en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Reyes del Toro, toda vez que acreditó contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Al atender a la carga de trabajo, como lo dispone el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten necesarias en este asunto...

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