César del Ángel Zuñiga Mercado

Expediente 1109/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1109/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • César del Ángel Zuñiga Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2 A "... Vista la certificación de cuenta, y toda vez que la determinación de uno de octubre del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida *******, no fue recurrida .. se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."

  2. Principal

    MESA 2 A "... Vista la razón suscrita por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el domicilio señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1109/2021. En el caso, el quejoso ******* (quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPS-OAXACA) reclama de las autoridades responsables lo siguiente. Falta de atención médica y 2) Cambio de modulo aun lugar fuera de la población En razón de lo anterior, respecto del primer acto reseñado, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)".El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama la falta de atención médica, pues refiere que presenta dolor de cabeza, fatiga, mareo, vómito; calor por las noches y padece de lumbalgia. Ahora, bien, conforme a los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal deviene improcedente el juicio de amparo respecto de la falta de atención médica que reclama el impetrante a las autoridades penitenciarias; pues dichas circunstancias atañen a las condiciones de su internamiento. Por ende, atento a lo dispuesto por los citados numerales, el quejoso se encuentra en aptitud de iniciar un procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, es decir, presentar su petición sin formalidad alguna ante el Director del Centro Penitenciario, quien a su vez dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el Director de dicho Centro, estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si el quejoso, no obtiene una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que le recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma cuando la petición recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, por lo que la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Cabe precisar que, con la anterior conclusión no se soslayan las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda respecto a la existencia de una petición elevada ante el personal del Centro Penitenciario, puesto que al formular la solicitud administrativa decidió someterse a la secuencia de los recursos ordinarios, por ende, no se cumple con el principio de definitividad. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, contra la omisión reclamada, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Ello es así, tomando en consideración que el indicado ordenamiento secundario contempla un mecanismo de control de actos u omisiones relacionadas con aspectos de internamiento, el cual si bien da inicio con una petición administrativa, su decisión desfavorable o falta de contestación es susceptible de impugnación judicial, es decir, la última decisión se encuentra a cargo de una autoridad judicial. De modo que, aun cuando el reclamo destacado repercute sobre el derecho fundamental de salud, de la persona privada de su libertad, es importante destacar que su protección se encuentra contemplada tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, por lo que su afectación se traduciría en una violación a la norma secundaria de manera directa y a la Constitución de manera indirecta. Además, porque la circunstancia de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo del quejoso y este pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo... Lo anterior evidencia que el quejoso se encuentra obligado a agotar la controversia ante el Juez de Ejecución previo a instar el juicio de garantías, tal y como lo establecen los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Similares consideraciones sostuvieron el Primero y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver los recursos de queja 150/2020, 66/2020; 105/2020, 77/2021, así como, amparo en revisión 166/2020, de sus estadísticas, en sesiones de uno de diciembre de dos mil veinte, dos de febrero, once de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente. Por otra parte, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el cambio de modulo aun lugar fuera de la población, además se estima verificada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" En relación con esta causa de inejercitabilidad, existe la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no contraviene lo previsto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece... El artículo y tesis transcritos clarifican que el amparo es improcedente, cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de forma tal, que el juicio de amparo es improcedente si concurren las siguientes coincidencias: 1) El quejoso sea quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ahora bien, de las manifestaciones que hace en su escrito de demanda se advierte, que éste formuló petición al Consejo Técnico y Áreas de Criminología y Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo anterior, pone de manifiesto que se actualiza la causal de inejercitabilidad invocada, toda vez que la parte aquí peticionaria de amparo es: 1) Quien formuló peticiones a efecto de que lo cambien de modulo a un lugar fuera de la población ya que las pandillas que prevalecen en el centro de reclusión donde se encuentra, lo acosan y agreden constantemente 2) Que dichas peticiones se encuentran pendientes de resolución, por Consejo Técnico y Áreas de Criminología y Seguridad del centro de reclusión, y 3) Dicho recurso o medio de defensa legal constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. Domicilio. Toda vez que el quejoso ********, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPSOAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al servidor público correspondiente, para que notifique este auto al quejoso en dicho centro penitenciario, para lo cual se le remite copia de esa determinación... desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."

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