Cesar de la Cruz Arenas

Expediente 110/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
110/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Cesar de la Cruz Arenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la quejosa ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, recurrieron la sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ...Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. ... Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 110/2021-V; promovido por -------; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, turnado el veinticinco siguiente a este Juzgado de Distrito, ------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO . DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO . TITULAR DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO.". ACTO RECLAMADO: "I. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA RECLAMO: la mal fundada y mal motivada NOTIFICACIÓN de fecha 14 de febrero del año 2021, QUE ME PROHÍBE EL EJERCICIO DE COMERCIO AMBULANTE, MUY A PESAR DEL PERMISO TÁCITO QUE TENÍA EL SUSCRITO. SE ME OTORGUE MI GARANTÍA DE AUDIENCIA. ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE MI LICENCIA Y/O PERMISO DEFINITIVO PARA EJERCER EL COMERCIO SEMIFIJO. II. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS RECLAMO: LA EJECUCIÓN DE LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, QUE ME PROHÍBE EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE, MUY A PESAR DEL PERMISO TÁCITO Y VERBAL QUE OSTENTO SE ME OTORGUE MI GARANTÍA DE AUDIENCIA Y SE ABSTENGAN DE PERTURBARME EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESEMPEÑO EN VENDER CUBRE BOCAS Y JUGUETES EN LA CALLE DE MADERO ESQUINA CON CASANOVA; EN LA COLONIA CENTRO DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO, SÓLO LOS DÍAS JUEVES Y DOMINGOS CON UN HORARIO DE 8:00 A 18:00 HORAS." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa señaló como tales los reconocidos en los artículos 1°, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda con el número de expediente 110/2021-V; igualmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia número 40/2000, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y del criterio sustentado en la tesis número P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", ambos emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía es: la notificación de catorce de febrero de dos mil veintiuno, que le prohíbe el ejercicio del comercio ambulante, a pesar del permiso tácito que tenía. TERCERO. Certeza del acto. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia del acto reclamado, a fin de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia y, en su caso, su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y la técnica que rige en el juicio de garantías, se procede a determinar la certeza o inexistencia del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, Octava Época, página 68; con registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, el Presidente Municipal Constitucional, el Director de Desarrollo Económico y Titular de la Unidad de Verificación Administrativa del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, precisados en el considerando segundo. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones de la parte quejosa, así como con la documental que exhibió. CUARTO. Causa de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia II. 1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro 222780, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De la interpretación integral y sistemática de los preceptos legales transcritos, se desprende que el interés requerido para la promoción del juicio constitucional en el sistema vigente será jurídico o legítimo, individual o colectivo, cuando se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; mientras que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o laborales, se conserva y se clarifica en el orden constitucional el concepto de interés jurídico, ya que para controvertirlos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la resolución afecte de forma personal a la parte quejosa y que los efectos de la actuación que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo, que no es otra cosa sino la afectación a la parte justiciable en la titularidad de un derecho. Resulta aplicable por las razones que la informan, la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, Tomo 3, Libro XXIV, Septiembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el mismo orden de ideas, de la interpretación de los artículos que contemplan el interés que debe demostrar la parte impetrante en el juicio de amparo, tenemos que el Constituyente introdujo un concepto en el que amplió la connotación de parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señalando que tendrá tal carácter quien cumpla con las siguientes condiciones: Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos a su favor por la Constitución o los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Pero ello no implica una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, dado que se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para la interesada, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido; en cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en su favor, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En efecto, la institución del interés, ya sea jurídico o legítimo, se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el aludido artículo 5º, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, según el cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece en el proceso, sin que la misma requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Así, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses particulares jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia P./J. 50/2014, Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por su parte, para que exista interés jurídico se necesita un derecho subjetivo protegido por la ley y que éste sea violado o desconocido, esto es, resulta ineludible que el acto o la ley le infiera un perjuicio al titular del derecho subjetivo. De lo anterior se tiene que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, implica la existencia de dos presupuestos, a saber: a) La titularidad de un derecho subjetivo; y b) Que este derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. En ese tenor, se puntualiza que la parte impetrante tenía la carga procesal de demostrar su interés jurídico, pues el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". Dicho precepto constitucional protege, entre otros derechos constitucionales, la posesión, la cual debe tener sustento en alguna figura jurídica prevista en la ley (compraventa, donación, permuta, arrendamiento, comodato, usufructo), es decir, aquella que tenga como base el derecho común. Lo anterior, implica la necesidad de que la quejosa acredite la existencia de un derecho que constituya la causa generadora de la posesión, de manera que se tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a la tenencia del bien, ya que su simple detentación no es objeto de protección constitucional. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Aunado a lo hasta aquí expuesto, es importante precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional del acto de autoridad que, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución, contiene el siguiente principio: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo (.)". Lo anterior se reproduce en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, previamente transcrito, del que se desprende que quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de la autoridad responsable, por lo que tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal. Es necesario para tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo sea real, personal y directo, pues de otra forma no se surtirían los supuestos de los citados numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que el interés jurídico -para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad-, deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. De lo anterior, se obtiene que el accionante del amparo considera ser titular de un derecho subjetivo, por lo que alega una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica (derecho a ejercer el comercio); razón por la cual, el estudio de la causa de improcedencia invocada se abordará desde la perspectiva del interés jurídico, que estatuye que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien es titular de un derecho, siempre que éste sea afectado con motivo de un acto de autoridad. Ahora, para acreditar su interés jurídico la parte quejosa omitió aportar medio probatorio alguno a través del cual acredite su interés jurídico para impugnar el reclamo constitucional, en los términos pretendidos. Lo anterior, pues no adjuntó a su demanda documento alguno como licencia, permiso o autorización, expedido por la autoridad competente, con el que justifique que tiene un derecho tutelado por la norma que la faculta para ejercer la actividad comercial que refiere, en términos de lo establecido en el Capítulo II "De las autorizaciones, licencias y permisos", del Bando Municipal de Tenancingo, Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el que se establece los requisitos que el particular debe cumplir para obtener las autorizaciones, licencias o permisos, para ejercer la actividad comercial solicitada. En ese sentido, puesto que, para acreditar el acto reclamado, la parte quejosa debió exhibir documento idóneo para acreditar su interés jurídico, pues si bien anexó a su demanda diversas documentales, éstas resultan insuficientes para acreditar, aun de manera indiciaria, el interés que tiene en que se le conceda el amparo constitucional del acto reclamado. Así se sostiene, pues de la copia de la notificación de catorce de febrero de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso, se advierte que se le hace del conocimiento que está prohibido el comercio ambulante para quienes no cuenten con el permiso previo y en caso de no acatar lo señalado le será resguardada la mercancía, además de que se hará acreedor a la imposición de sanciones que determine la ley; pero no así, que cuente con permiso para ejercer el comercio en los términos que dice hacerlo. De igual forma, de los diversos recibos de pago que exhibe, si bien se advierten pagos por piso de plaza en el mercado municipal, no existe demostrada la vinculación entre esos pagos y el quejoso; máxime que en términos del numeral 158 del Bando Municipal de Tenancingo, para el ejercicio dos mil veintiuno, para ejercer el comercio dentro de la zona de tianguis, se requiere de autorización, licencia o permiso y credencial de comerciante con fotografía, expedida por la Dirección de Desarrollo Económico, que identifique y sea portada por el tianguista; pero además, deberá cumplir con el pago correspondiente previamente aprobado por el Ayuntamiento, conforme a lo establecido por el Código Financiero. De ese modo, es evidente que estos documentos no constituyen la licencia, permiso o autorización para acreditar de manera indiciaria su interés; por tanto, insuficiente para el fin pretendido. Las anteriores documentales, aun cuando pudiere dárseles valor probatorio de indicio; sin embargo, se estima que no son suficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, la titularidad del derecho subjetivo que defiende en la presente instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número IV.3º. J/23, publicada en la página 510 del tomo III, mayo de 1996, Materia Común, registro 202550 del Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas" Lo anterior, pues el interés jurídico para reclamar actos relativos a las actividades reglamentadas, impone como requisito necesario contar y presentar la licencia correspondiente, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, página 45, de rubro y texto: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." De modo que, se reitera, si el quejoso no acredita contar con el documento que justifique la legal actividad que se realiza como vendedor ambulante, carece de interés jurídico que lo legitime para promover el presente juicio de amparo. Por otra parte, en el caso, se advierte que la parte quejosa alude a la existencia de un permiso tácito que dice le fue otorgado de manera verbal por las autoridades correspondientes; sin embargo, no existe prueba objetiva que evidencie ese hecho y por ende es insuficiente para acreditar la exigencia de que se ha hecho mérito, máxime que el bando municipal no contempla ese tipo de permisos; lo cual permite reiterar, que en el caso, no quedó demostrada la existencia de una prueba que acredite el interés jurídico de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y las causales de improcedencia hechas valer por las responsables, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Tomo 70, octubre de 1993, registro 214593, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1º, 6°, 61, fracción XII, 62, 63, fracción IV, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por -------. Notifíquese.

  3. Principal

    v. Toluca, Estado de México; catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no ha trascurrido el plazo de ocho días que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por el Directora de Desarrollo Económico y Titular de la Unidad de Verificación Administrativa ambos del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas del once de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, mediante los cuales la Directora de Desarrollo Económico y Titular de la Unidad de Verificación Administrativa ambos del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, rinden su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como delegados a las personas precisadas en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, y como domicilio el que indican. En otro aspecto, téngaseles señalando como medio de contacto el correo institucional *** para entablar comunicación no procesal. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano