César Coyohua Apale
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- César Coyohua Apale
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
SEGUNDO. Prevención, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número 382/2022; y previno al quejoso para que, proporcionara el nombre correcto de la autoridad responsable que señaló como. apercibido que de no hacerlo, se tramitaría el juicio únicamente por cuanto hace a las autoridades responsables que no fueron objeto de prevención. Mediante escrito de veintiséis de mayo del año en curso, el impetrante desahogó la citada prevención, en los términos siguientes. En consecuencia, por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió la demanda en los términos solicitados; por ende, se les solicitó sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridad inexistente. Por acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por el quejoso como: 3. Fiscal Investigadora Itinerante de la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que consisten en. Es pertinente indicar que no pasa inadvertido que el solicitante de amparo señalo como acto reclamado la emisión de alguna orden de aprehensión y/o detención y/o presentación, girada en su contra; sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que lo que se libró en su contra fue una orden de citación, por lo que éste será el acto que se analizará. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de la. Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, así lo manifestó la diversa. al rendir su informe justificado en su representación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos atribuidos a la autoridad de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la licenciada 2. Norma Landa Villalba, Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 4. Policía de Investigación Encargada de la Jefatura de Detectives, ambos con residencia en Zongolica, Veracruz, precisados en el considerando segundo del presente fallo, así lo reconocieron al rendir sus informes justificados. Lo que, además, se corrobora con las copias autentificadas del proceso penal. que remitió la juez responsable, en apoyo a su informe de ley, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por cuestión de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito de oficio advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Se explica. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber. El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse. a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. En ese entendido, el análisis de procedencia de este juicio debe efectuarse desde la perspectiva del interés jurídico; ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que controvierte el quejoso es una posible transgresión a su libertad personal, pues teme ser privado de ella. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. Hecha esta precisión se tiene que, en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la citación del quejoso. para que comparezca ante la. Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Zongolica, Veracruz, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial en el proceso penal. que se instruye por su probable participación en la comisión del delito de robo específico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo, cometido en agravio del patrimonio de. Sin embargo, la citación del imputado para el efecto indicado no conlleva, por sí misma, una afectación a su libertad personal, porque aquélla sólo consiste en la comunicación al citado de que se requiere su presencia ante el órgano jurisdiccional, a efecto de que, a través de su declaración, el Juez de control cuente con mayores elementos para poder determinar lo que en derecho corresponda en dicho proceso. En otras palabras, la citación impugnada, por sí misma, no afecta la libertad personal del quejoso, pues sólo tiene por objeto comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrán o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. En el entendido de que las consecuencias que podrían derivar de la inasistencia del inconforme en relación con el apercibimiento contenido en su citación, en todo caso constituyen actos futuros de realización incierta, pues su aplicación está condicionada a que el citado aquí quejoso no asista sin justificación. Luego, si la citación impugnada en este juicio, por sí misma, no afecta la libertad del quejoso, entonces, no es un acto susceptible de examinarse a través de este controvertido constitucional. Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable, 4. Policía de Investigación Encargada de la Jefatura de Detectives, con residencia en Zongolica, Veracruz, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 382/2022, promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese
- Incidental
Vistos, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 382/2022, promovido por ************, contra actos de los 1. Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El quejoso, ***********, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y su ejecución. Solicita la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable, 3. Fiscal Investigadora Itinerante de la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz. TERCERO. La autoridad responsable, licenciada Norma Landa Villalba, al rendir su informe previo en representación de la licenciada 1. Wendy Guzmán Hernández, ambas Jueces de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, negó la existencia de los actos que se le reclaman. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de la autoridad responsable, por tanto, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados a dicha autoridad. Sirve de apoyo en la Jurisprudencia número (...) CUARTO. Las diversas autoridades responsables, licenciada 2. Norma Landa Villalba, Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 4. Policía de Investigación Encargada de la Jefatura de Detectives, ambos con residencia en Zongolica, Veracruz; al rendir sus informes reconocieron la existencia de una orden de comparecencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, girada en contra del aquí quejoso, derivada del proceso penal 10/2022, por su probable intervención en el hecho señalado por la ley como el delito de robo específico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo, cometido en agravio del patrimonio de Pedro Flores Hipólito; asimismo la juez responsable manifestó que el quejoso compareció voluntariamente ante su presencia el día uno de junio del año en curso, a efecto de continuar con el proceso penal en cita. Cabe destacar, que si bien el quejoso reclamó también los actos de orden de aprehensión y/o detención y/o presentación, y su ejecución; ello atendió a su desconocimiento en cuanto a la denominación del acto reclamado, por lo que sólo se atiende como existente a la referida orden de comparecencia. QUINTO. Ahora, en el asunto que nos ocupa, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye la orden de comparecencia del impetrante, *************, emitida el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, girada para el efecto de que en calidad de libre, el quejoso fuera presentado por la autoridad ejecutora a la audiencia fijada para la diecisiete horas del día uno de junio del año en curso. Luego, resulta claro que la comparecencia reclamada ya se consumó, dado que el quejoso compareció voluntariamente en el día y hora fijadas de la citada audiencia en el proceso penal 10/2022. Por tanto, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada, en razón de que el acto reclamado se encuentra consumado; y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en su caso, será la materia de análisis en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. En consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a ************, la suspensión definitiva que solicitó en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, y por los motivos expuestos en el tercero y quinto. Notifíquese
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