CÉSAR CHAVEZ CABRERA y Otros.

Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
602/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • CÉSAR CHAVEZ CABRERA y Otros.
  • César Chavez Cabrera
  • Pedro Celis Juárez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del Incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que negó el amparo a ****y PEDRO CELIS JUÁREZ, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 495/2021 y 496/2021, por los cuales se ordenó notificar a los terceros interesados Israel Flores Domínguez y Geraldina Martínez Munguía, Agentes del Ministerio Público de la Federación, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse negado el amparo y protección que la justicia federal solicitó la quejosa, dichas autoridades no están legitimadas para recurrirla. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo se negó la protección constitucional. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que ??????????????? sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del artículo 18, inciso a) del invocado cuerpo normativo, toda vez que en la especie se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 602/2020, promovido por***************, por conducto de su defensor particular, licenciado Baldomero Mendoza López, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Tramite del juicio. Por escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo la dirección http://sise.cjf.gob.mx/sise/PromocionAll/PromocionElectronica /Demandaselectronicas.aspx, remitido el seis del mes y año de referencia por razón de turno a este órgano de justicia federal,****** de su defensor particular, licenciado Baldomero Mendoza López, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: "III. Autoridad responsable: Lo es el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Estado de Guerrero, quien actuara dentro de la causa 145/2020, misma que se instruye en contra de los quejosos. IV.- Acto reclamado: Los siguientes a) El control de la legalidad de la detención. b) La vinculación a proceso. Ambas resoluciones dadas dentro de la audiencia inicial del día 26 de octubre de 2020, dentro de la causa penal 145/2020, misma que se instruye en contra de los quejosos. Es de advertir que la misma se resolvió en virtud de una ejecución de amparo. SEGUNDO. Trámite del Juicio. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, bajo el número de registro 602/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a Geraldine Martínez Munguía e Israel Flores Domínguez, agentes del Ministerio Publico de la Federación, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción V, 35, 37, y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Oportunidad. De las constancias del procedimiento de origen, se advierte que la parte quejosa fue notificada respectivamente el veintiséis de octubre de dos mil veinte de los actos reclamados, al haber estado presente en el desahogo de la audiencia celebrada en esa data, de donde derivan los actos reclamados: por lo que el plazo para presentar el juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veinte; de ahí que, al haberse presentado la demanda el cinco de noviembre de ese año, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que los aquí quejosos, reclaman lo siguiente: ? I. Control de la legalidad de la detención decretada en la audiencia inicial de veintidós de abril de dos mil veinte. ? II. Auto de vinculación a proceso, decretado en la audiencia de veintidós de abril de dos mil veinte, por los hechos constitutivos de los delitos de: Para César Chávez Cabrera, portación de arma de fuego de su exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido d), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; para Pedro Celis Juárez, a) portación de arma de fuego de su exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y b) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Amparo Indirecto 602/2020 misma ley especial federal, y para ambos: a) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y b) contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico denominado cannabis sativa L., conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio en su hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la emisión de la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veinte, mediante la cual, dejó subsistente la resolución de veintidós de abril de dos mil veinte, dictada en contra de los aquí quejosos en la causa penal 145/2020, de ese índice, de modo que ello constituye una confesión de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Pero además, la certeza del acto se desprende con las documentales y disco en formato "DVD", que remitió el Juez responsable, en la que obra la determinación de dejar subsistente la resolución emitida el veintidós de abril de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el expediente 278/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, de cuyo contenido y reproducción se aprecia que dicho ente autoritario emitió el acto que se le atribuye. En ese tenor, como al disco en formato "DVD" remitido por la autoridad responsable, le reviste el carácter de documental pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo, en concatenación con la aceptación expresa de las autoridades responsables, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional es cierto. Se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Sin que al caso sea necesario reproducir el disco compacto (DVD'S) en audiencia pública, toda vez que dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Tiene aplicación, la Jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, página setecientos tres. Por otra parte, es de destacarse como un hecho notorio el diverso juicio de amparo 278/2020, del índice de este órgano de control constitucional promovido en favor de los aquí quejosos, en el que se tuvo como actos reclamados el Control de la legalidad de la detención decretada en la audiencia inicial de veintidós de abril de dos mil veinte, así como el Auto de vinculación a proceso, decretado en la audiencia de veintidós de abril de dos mil veinte, en la causa penal 145/2020 del índice de la autoridad responsable. De lo cual puede advertirse, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el diverso juicio de amparo antes precisado se tuvo a la vista los discos en formato "DVD", que contienen las determinaciones antes precisadas. Constancias precisadas en párrafos que anteceden, que constituyen un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Amparo Indirecto 602/2020 Época, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia Común, página mil ciento noventa y nueve. SEXTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en primer término, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que se invoquen o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en relación a este tópico, se precisa que las partes no las hicieron valer, ni de manera oficiosa, se aprecian por parte de este órgano jurisdiccional. Orienta lo considerado la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, la página noventa y cinco. SÉPTIMO. Estudio de fondo. En el caso, no se aprecia causa de improcedencia alguna que hagan valer las partes o bien que de oficio este juzgador advierta, por lo que se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte impetrante contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido, se procede a realizar la síntesis de los conceptos de violación que exponen los quejosos en el escrito de demanda de amparo. a) Que en la audiencia inicial el juez de control no dotó de los efectos que correspondían a la demora de la puesta a disposición del Ministerio Público, pese a que al resolver sobre la legalidad de la detención de los ahora quejosos estableció la diferencia de dos momentos, pues por una parte la detención de una persona y por la otra, la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público, como lo estableció la Primera Sala de nuestro máximo tribunal en la tesis de rubro: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUELLA SEA ILEGAL." b) Que el hecho de que una persona no sea puesta a disposición de manera inmediata ante el agente del Ministerio Público no implica por sí solo, que la detención sea ilegal, pero sí que esa circunstancia posee otras consecuencias de las cuales el juzgador - insiste- no dotó. c) Que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla al Ministerio Público, de lo contrario, las consecuencias de la dilación en la puesta a disposición serían las siguientes: i.- La anulación de la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención. ii.- La invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valorados por el juez; y, iii.- La nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo materia del proceso penal sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio -en el supuesto de prolongación injustificada de la detención-, sin la conducción y mando del Ministerio Público, es decir, sin la autorización de éste. d) Que durante la exposición de datos se desprende que no se realizó en el momento de la detención el embalaje y etiquetado, así como el inicio de la cadena de custodia de los elementos asegurados, por lo que la puesta a disposición del Ministerio Público vicia los embalajes, etiquetados y cadenas de custodia, por lo que los aprehensores inobservaron el principio de mismidad. e) Que en el caso del auto de vinculación a proceso no existen suficientes datos de prueba para decretarlo, pues los datos de prueba aportados no fueron valorados en su totalidad por el juzgador responsable, debido a que dejó de aplicar el test de racionalidad que debe aplicar para el estudio de los datos de prueba para determinar la existencia de un hecho que la ley señala como delito. f) Que el juez inobservó lo dispuesto en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que los elementos de seguridad pública ingresaron a un domicilio en una hipótesis de flagrancia, sin orden judicial; sin embargo, no levantaron el acta detallada de inspección que exige en su último párrafo el citado precepto legal, pues de su informe policial homologado y entrevista si bien sostienen un hecho, éste no se encuentra soportado con el acta respectiva. Decisión sobre la litis constitucional. Los conceptos de violación resultan infundados, sin que en el caso exista motivo de queja deficiente que suplir, conforme lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El estudio de los conceptos de violación se realizará de manera conjunta a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo; sin que esto implique dejar de atenderlos en forma destacada. Ahora bien, por cuestión de metodología jurídica y orden argumentativo, se estima procedente abordar el estudio de los conceptos de violación conforme a cada uno de los actos reclamados, esto es, primero lo relativo al control de legalidad de la detención y posteriormente el auto de vinculación a proceso ambos decretados en la audiencia inicial de veintidós de abril de dos mil veinte, en la causa penal 145/2020, radicada en contra d******. I.- Control de la detención. Al respecto, fue correcto que el juez responsable estableciera que el agente del Ministerio Público justificó la detención de los imputados, al precisar que se actualizó el supuesto de flagrancia, acorde con el artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, y los diversos 308 y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que los quejosos, fueron detenidos en el momento de estar cometiendo hechos con apariencia de delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; así como, el diverso de contra la salud. En ese sentido, quien ahora resuelve estima que, son infundados los argumentos sintetizados en los incisos a), b) y c), englobados todos en el primer concepto de violación que esgrimen los quejosos. En efecto, en dichos motivos de inconformidad, los peticionarios del amparo sostienen en lo sustancial que es incorrecta la calificación del control de detención que realizó el Juez responsable, con motivo de que si bien como éste lo estableció en la audiencia de veintidós de abril de dos mil veinte, hubo dilación en la puesta a disposición de los - aquí quejosos- de manera inmediata ante la autoridad competente más cercana, en el caso el Ministerio Público de la Federación, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, lo que los dejó en estado de indefensión y que por ello, debió haber declarado nulas las pruebas obtenidas durante la indebida retención, lo cual no hizo el juez responsable, pues no estableció las consecuencias jurídicas de la indebida retención. En relación con lo anterior, el juez responsable expuso en el desahogo de la citada audiencia, una vez que decretó que a su juicio hubo detención prolongada en la puesta a disposición por parte de los agentes aprehensores, en lo que interesa en la audiencia (11:03:21 minutos del video que contiene la audiencia de control de detención) cuestionó a las partes sobre si: "ellos -los imputadosdeclararon ante el agente del Ministerio Público", a lo cual la representación social respondió que no lo hicieron. Lo infundado de los citados conceptos de violación resultan, en virtud de que, como bien lo precisó el Juez responsable, por una parte la detención de los imputados ocurrió en el supuesto de flagrancia, conforme al haberse satisfecho lo dispuesto en el artículo 308 en relación con el artículo 146, fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta el informe policial homologado de diecinueve de abril de dos mil veinte, signado por los elementos de la Policía Estatal, Josué Martínez Martínez, Édgar Parra Fernández y Jonicef Tonatiuh Campos García, en el que señalaron que cuando estaban en el cuartel, les informaron a través del reporte 911, que hubo un enfrentamiento en la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, se trasladaron a ese lugar acompañados de elementos de otras instituciones como fueron la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, se dirigieron a las doce horas con treinta minutos, al llegar a dicha comunidad a las catorce horas cuarenta minutos, que bajan de sus unidades e hicieron el operativo a pie tierra, que avanzaron en dicho poblado hasta llegar a una vivienda de adobe con techo de lámina, sin puertas, de la cual les empezaron a disparar, que ellos repelieron la agresión y se generó un enfrentamiento entre los elementos de seguridad con las personas que estaban en el interior de la vivienda, que esto duró quince minutos, que ingresaron a ese domicilio y detienen a los imputados, a Pedro Celis Juárez, le aseguraron un arma de fuego .223mm, matrícula JT21616 abastecida con un cargador y quince cartuchos útiles calibre .223mm., y en una bolsa de tela verde que traía sujeta en una tranvía del pantalón del lado derecho, un cargador desabastecido, calibre.223mm., y treinta y ocho cartuchos calibre .223 mm., y a César Chávez Cabrera, le aseguraron un arma de fuego tipo fusil calibre .223mm., sin modelo ni matrícula con un cargador abastecido con doce cartuchos al calibre. Y en el interior del domicilio, en una mesa de madera, encuentran dos cargadores abastecidos cada uno de ellos con treinta cartuchos calibre 7.62x39mm, dos cartuchos calibre 7.62x39mm., una caja de cartón con marihuana; una bolsa de plástico transparente con marihuana y una costalilla blanca con marihuana, por lo que al asegurar esos objetos ilícitos dentro de su ámbito de disponibilidad inmediata fueron detenidos, les dieron su lectura de derechos y les hicieron saber que son detenidos. Y por la otra, si bien es cierto, señaló el juez que existió demora en la puesta a disposición de los imputados ante la autoridad ministerial investigadora, tomando en cuenta que la detención de aquéllos aconteció en las horas, fecha y lugar señalados, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en Chilpancingo, Guerrero, hasta las veintidós horas con un minuto de ese mismo día, es decir, siete horas después, también lo es que, no se obtuvo dato de prueba alguno en ese lapso, en el cual fuera necesaria la intervención del defensor, o el control del Ministerio Público de la Federación o del Juez de Control (11:03:24 minutos del video que contiene la audiencia de control de detención). Ello es así, porque en ese sentido cuestionó el juez a las partes, si en la carpeta de investigación obraba algún dato de prueba o diligencia que se hubiera celebrado en ese lapso, como lo es la declaración de los imputados, a lo cual, la representación social respondió que aquellos no habían declarado (11:03:24 minutos del video que contiene la audiencia de control de detención); por tanto, como bien lo señaló el juez de control, no es viable tomar en consideración cuestiones subjetivas, motivo por el cual, al haber ocurrido la detención en el supuesto de flagrancia, consideró que el informe homologado de puesta disposición, era válido para efectos de la flagrancia en la comisión de los ilícitos, con los cuales se les relaciona a los aquí quejosos, sin que con ello, desestimara la dilación en la puesta a disposición, pues precisó que esas circunstancias podrían ser materia de responsabilidad de los elementos aprehensores, por lo cual incluso dio vista en ese momento al agente del Ministerio Público de la Federación (10:55:06 minutos del video que contiene la audiencia de control de detención). Al respecto, debe tenerse presente que en la audiencia de control de la detención, únicamente se argumenta y se controvierte, sobre las circunstancias de aquella, los hechos que la motivaron, pues es en esta audiencia donde el juez conoce las circunstancias de la detención, por medio de la información que le proporcionen las partes. En ese sentido, es de precisarse que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, -lo cual puntualizó el juez responsable-, ha sostenido que todo medio de convicción obtenido a partir de la retención indebida de una persona deviene en prueba ilícita que no debe ser tomada en cuenta de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita. Sustenta lo anterior la tesis 1a. CCII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS. De conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de la detención por flagrancia, implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de la autoridad ministerial. El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención, así como datos de prueba obtenidos con motivo de la misma, además que ello deberá desencadenar el reproche y la exigencia de responsabilidad a los agentes captores. Así, en términos estrictamente constitucionales, el agente que detenga al imputado por la comisión de un delito en flagrancia, tiene obligación de ponerlo sin demora ante el ministerio público, esto es, sin retraso injustificado o irracional. Ahora bien, las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de libertad personal, con motivo de la retención indebida, deben vincularse estrictamente con su origen y causa; lo que implica que si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos, lo mismo que las diligencias pertinentes se hayan realizado en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer el derecho de defensa adecuada, de conformidad con los principios de debido proceso y obtención de prueba lícita." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, la página 540) Además, la jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Página 723) En el caso que nos ocupa, no se advierte que en contra de los impetrantes existiera una prolongación injustificada de su detención que generara la producción e introducción de datos de prueba, que deban declararse ilícitos, lo anterior porque como ha quedado destacado, dicha actuación sólo se circunscribe a la detención de los inculpados, sin que hasta la calificación del control de la detención se desahogara algún dato de prueba, -salvo el informe policial homologado-, aunado a que la defensa nada dijo respecto de cuáles datos de prueba serían susceptibles de ser anuladas por la dilación en la puesta a disposición, sino únicamente adujo que la recolección de indicios y embalajes no se llevó a cabo en el lugar de la detención, tópico sobre el cual se pronunciará enseguida este juzgado. Por tanto, al no obrar datos de prueba, en la carpeta de investigación que fueran recabados durante el tiempo de dilación que estuvieron los impetrantes de garantías bajo la custodia de los elementos aprehensores, es que fue correcto que el juez responsable determinara que no se podían anular dato de prueba alguno, que se tuviera que declarar ilegal con motivo de la dilación en la puesta a disposición, es decir, que no hubo consecuencia jurídica alguna en perjuicio de los imputados. Además, es de destacarse que no toda dilación en la puesta a disposición, la hace de suyo ilegal ya que dichos supuestos son autónomos, en sí mismos, al respecto la demora en la puesta a disposición no implica que jurídicamente la persona fue detenida de manera ilegal. Ello es así, porque se trata de dos circunstancias fácticas que tienen autonomía y que deben analizarse en ese contexto, pues por una parte la declaratoria de legalidad en la detención siempre está condicionada a la afectación al derecho humano de libertad personal esté justificada por alguno de los supuestos constitucionales que lo permiten - orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente-. Por lo que, si en el caso, la detención de los imputados se sustenta en el supuesto de flagrancia del delito, conforme lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, al momento de estar cometiendo los ilícitos penales que les atribuye la representación social, es claro, como lo señaló el juez responsable, que no existe razón jurídica válida por la que deba declararse ilícita la detención de aquéllos ni dato de prueba desahogado durante la indebida retención, en virtud de no contar con alguno. Orienta a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son actos diferentes, por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que si bien tienen una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Así, en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, la primera acción que deben realizar los policías es la detención; y la siguiente es presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste defina su situación jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía demore injustificadamente la presentación, no implica que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue detenida de forma ilegal; esto es, si la detención se ajustó a los parámetros constitucionales, no existe razón jurídica por la que deba afectarse la declaratoria de validez constitucional que se realice de ésta. Consecuentemente, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente; de ahí que en caso de flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por estar apegada a los parámetros constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el Ministerio Público. Ello, porque la violación se suscita con posterioridad a la detención que fue legal, por lo que el impacto deberá reflejarse a partir de que la retención del detenido se torna injustificada." Amparo Indirecto 602/2020 (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, Página 972). También destacó el juez responsable que si bien la detención de los imputados aconteció en el interior de una vivienda y que conforme al artículo 16 Constitucional debió mediar orden de cateo; sin embargo, precisó que constituye una excepción, en virtud de que del interior de esa vivienda, hacia el exterior se llevaron a cabo disparos de armas de fuego, con la finalidad de privar de la vida a los elementos policiacos o en su caso lesionarlos en su integridad física, actualizándose con ello la comisión flagrante de un delito, lo que constituye una excepción a la inviolabilidad del domicilio, para introducirse sin mediar orden de cateo. Conclusión que, a consideración de este órgano de control constitucional, es ajustada a derecho, porque del informe policial homologado que tomó en cuenta el juez para arribar a dicha conclusión, se advierte que la detención de los imputados es derivada precisamente de un enfrentamiento entre éstos con los agentes de seguridad que los detuvieron, con el fin de privarlos de la vida, o en su caso lesionarlos en su integridad. Orienta en se sentido, lo dispuesto en la Jurisprudencia 1ª./J. 21/2007, emitida por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal de Justicia en el país, publicada en la página 224, del tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, registro 171739, del Semanario Judicial de la Federación del rubro: "INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA." Ahora bien, en cuanto al motivo de inconformidad reseñado en el inciso d), en el sentido de que los quejosos medularmente aducen que en el caso los agentes aprehensores inobservaron el principio de mismidad, pues no se cumplieron los parámetros para la debida conservación y recolección, embalaje, etiquetado y cadena de custodia de los instrumentos, objetos y productos del delito en el momento de la detención. Con relación a lo anterior, el juez responsable resolvió: ".no hacen el embalaje ahí -lugar de la detención-, porque priorizan eso sí me queda claro porque hay un enfrentamiento, hay una persona que hasta falleció en ese enfrentamiento, pues no van a llevar a cabo el embalaje o recolección de indicios, por qué, porque priorizan la seguridad tanto la seguridad de los imputados como la de los elementos policiacos, como la de ellos mismos, el registro nacional de detención también se justifica que no se llevara a cabo si ellos iban con cautela no se van a detener a hacer el registro nacional de detención. Se cumple con el mandato del registro nacional de detención, se cumple, se encuentra, se llevó a cabo, lo que yo sí consideré es que sí efectivamente hay una demora en la puesta a disposición injustificada, porque si bien es cierto ellos tratan de justificar que estuvieron dos horas repeliendo una agresión en ese pueblo, del cual pudieron salir a las diecisiete horas con cincuenta minutos y tenemos que es una hora con cincuenta minutos, ellos fueron detenidos a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y hasta las veinte horas con veintinueve minutos es puesto a disposición del agente del ministerio público, es un plazo excesivo, por qué, porque hace nugatorio a los imputados ejercer sus derechos que establece a su favor el artículo 20 Constitucional, principalmente contar con un abogado al momento de ser detenidos, es un espacio de tiempo muy grande, porque si bien es cierto tratan de justificarlo lo cierto es que a mi juicio se me hace excesivo.", (11:00:34 a 11:02:12 minutos del video que contiene la audiencia de control de detención) Como se anticipó y puede verse de lo determinado por el juez responsable, también es infundado dicho motivo de disenso. Amparo Indirecto 602/2020 Un aspecto que debe garantizarse al imputado en el debido proceso es de que los jueces se conduzcan con imparcialidad y que se procure una defensa adecuada, todo esto en términos de los artículos 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, y 20, apartado A), fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, los principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales relativos a la legalidad, a la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio: El de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales; por tanto, todo lo obtenido en contravención a estos principios debe excluirse del proceso. En el caso, la obtención de los objetos de los delitos no fue ilícita, ya que acorde con la narrativa de los elementos aprehensores, que fue analizada en párrafos precedentes, derivó de un caso de flagrancia delictiva, la que aconteció en el contexto y desarrollo de un enfrentamiento entre los policías aprehensores y agentes del orden de diversas instituciones de seguridad pública que participaron, con los imputados y otra persona del sexo masculino, que incluso ésta fue abatida en lugar de los hechos; por lo que, los medios de prueba obtenidos a partir de esa detención no resultan ilícitos, pues como bien lo apreció el juez, los elementos captores priorizaron la seguridad tanto de los imputados como de los agentes de las corporaciones policiales que intervinieron en dicho evento. Esto, porque tal como ya se dijo, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el dispositivo 147, del Código Nacional de Procedimientos Penales, autorizan a cualquier persona a la interrupción del delito, de lo que se sigue que las armas de fuego y cartuchos que portaban consigo los imputados, así como la hierba y semillas con las características de la marihuana distribuida en una caja de cartón, en una costalilla blanca y en una bolsa de plástico transparente -las semillas- las cuales, se localizaron en una mesa de madera junto con dos cargadores abastecidos cada uno con treinta cartuchos calibre 7.62x39 mm., y dos cartuchos calibre 7.62x39 mm., fueron obtenidas en una situación constitucional y legalmente autorizada, como fue su detención en flagrancia delictiva y, si bien es cierto, que el párrafo primero del numeral citado al inicio de este apartado, como regla general señala que nadie puede ser molestado en su persona y posesiones, entre otros aspectos, sino por virtud de mandamiento escrito, también es verdad que el mismo precepto admite una hipótesis de excepción en su párrafo cuarto, cuando se trata de flagrante delito; por lo que en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos a partir de esa detención, tienen eficacia probatoria. En este sentido, no se actualiza como se alega, la hipótesis de exclusión de la prueba ni sus efectos, porque la incorporación de los objetos de delito al proceso, consistente en las armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como el narcótico relacionados, no fue arbitraria sino que se derivó de una intervención a cargo de los aprehensores, a partir de que se surtió la hipótesis de flagrancia que previenen los artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 147, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, si el origen de incorporación de los artefactos bélicos -armas, cargadores y cartuchos- y el Amparo Indirecto 602/2020 vegetal y semillas con las características de la marihuana no fue en contravención a los parámetros constitucionales y legales aplicables, y, los datos de pruebas que derivan tampoco son ilícitas, por ello no aplica la regla de exclusión de pruebas pretendida. Como apoyo a lo antes considerado se cita, la tesis aislada II.2o.P.41 P (10a.) ubicable en la página 2347, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo IV, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente señala: "CADENA DE CUSTODIA. LA ANULACIÓN DE INDICIOS DERIVADA DE LA POSIBLE OMISIÓN DE ASPECTOS MERAMENTE FORMALES EN LAS FASES INICIALES DEL EMBALAJE Y TRASLADO PARA SU ENTREGA A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, DEPENDE DE LA POTENCIAL RELEVANCIA DE DICHAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS.." En lo conducente y por las razones que en ella se informan se cita la jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.), publicada en la página 723, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2012186, de rubro: "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN.", transcrita en párrafos precedentes. En ese orden de ideas, son infundadas las consecuencias que la parte quejosa pretende derivar de lo anterior; es decir, que el hecho de que la cadena de custodia, la preservación y recolección de indicios no se realizara en el lugar de la detención sino hasta horas después de ocurrida la detención, esto es, en las oficinas de la propia fiscalía, constituyan prueba ilícita, ya que, como de manera correcta lo estimó el juez responsable, las diligencias de los elementos policiacos en que se encontraron los artefactos bélicos y narcótico asegurados no son contrarias a derecho, ni se ven desmerecidas en su valor, dado que su descubrimiento no fue ilegal; por tanto, contrario a lo argumentado por los quejosos, el informe policial homologado, cuenta con el valor y alcance probatorio que atinadamente les concedió el juzgador federal, para esa etapa procesal. De ahí, lo infundado de los motivos de disenso en estudio. II. Auto de vinculación a proceso. Su fundamento está contemplado en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, establecen: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Del dispositivo constitucional, se advierte que en el auto de vinculación a proceso se expresará: a)El delito imputado al encausado. b)El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c)Los datos que establezcan se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito; y d)Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En tanto que, en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen los requisitos que el Juez de Control debe considerar para que el auto de vinculación a proceso esté apegado a derecho: a)Que la representación social formule la imputación. b)La oportunidad de declarar. c)Datos de prueba que establezcan se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. d)La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él. e)No existan causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito. f) El auto debe dictarse por el hecho o hechos imputados y seguirse forzosamente por esos acontecimientos. De tal manera que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez debe atender el hecho ilícito que se plantea y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él, sin ser requisito, al menos en ese momento procesal, acreditar el hecho delictivo ni justificar la responsabilidad de que el indiciado intervino en su comisión, pues el auto de vinculación a proceso constituye una determinación en fase investigadora inconclusa bajo el control de la autoridad judicial; es decir, no es precedida por la acusación, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada. De modo que, al analizar el acto debe atenderse únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que se transcribe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360) Es decir, al analizar el acto debe evitarse una anticipación de la etapa de juicio sobre el estudio de los elementos del delito y atender únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Además de los requisitos señalados, el artículo 16 Constitucional exige a las autoridades fundar y motivar sus resoluciones; numeral que al respecto señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." La fundamentación implica la expresión precisa del precepto aplicable al caso concreto; mientras la motivación consiste en señalar, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; siendo necesario la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso en concreto; esto es, la autoridad debe expresar las razones y consideraciones que justifiquen su actuar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", visible en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo VI, Común, página ciento sesenta y seis. Por otra parte, la responsable cumplió con los requisitos formales previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcritos, pues respetó las formalidades esenciales del procedimiento, como se advierte de la audiencia inicial. Así es, en la citada audiencia el Juez de Control individualizó a las partes, concurrieron los imputados, sus defensores particulares, el Ministerio Público, y cuestionó a los ahora quejosos si les habían hecho de su conocimiento sus derechos constitucionales y legales (10:35:00 hrs). Además, los quejosos en la audiencia estuvieron asistidos por defensores particulares Baldomero Mendoza Lopez y Edivaldo Toledo Santiago, quienes cuentan con las cédulas profesionales 4355070 y 087049192 , en la misma el Ministerio Público formuló imputación a los aquí impetrantes, por los hechos que la ley señala como delitos, para César Chávez Cabrera, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido d), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y para y Pedro Celis Juárez el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y b) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la misma ley especial federal, y para ambos: a) posesión de cartuchos 2 Datos precisados en la audiencia celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante el Juez de control responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y b) contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico denominado Cannabis Sativa L. conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio en su hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal; y precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión y su forma de intervención (11:04:50 a 11:11:25 hrs). De igual manera, durante el desarrollo de la audiencia, se permitió a la defensa solicitar las aclaraciones o precisiones que consideró necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público; lo cual no solicitó la defensa, pese a haber sido cuestionados por el juez responsable para ello (11:13:53 hrs). También, se les otorgó a los quejosos la oportunidad de declarar, haciéndoles saber su derecho a declarar o a guardar silencio, indicándoles que su declaración podía ser utilizada en contra, no así su silencio (11:15:43 hrs), quienes manifestaron que no era su deseo declarar, manifestación realizada, previo receso otorgado para su consulta con su defensa particular (11:26:35 a 11:26:43 hrs). Además, se les cuestionó si deseaban que se resolviera sobre su situación jurídica en esa audiencia, o bien, dentro del plazo constitucional de setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas (11:37:25 hrs), quienes previa consulta con su defensa decidieron que se resolviera su situación en ese momento (11:37:39 a 11:37:42 hrs). En las condiciones anotadas, el Ministerio Público solicitó y motivó la solicitud de vinculación a proceso de los ahora quejosos, exponiendo los datos de prueba con los que consideró se establece el hecho que la ley señala como delito, para César Chávez Cabrera, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido d), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y para y Pedro Celis Juárez el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el artículo 11, incido c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y b) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la misma ley especial federal, y para ambos: a) posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y b) contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico denominado Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio en su hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal; y precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión y su forma de intervención, de autores y coautores, respectivamente por los hechos con apariencia de delito antes precisados, y la probabilidad de que los imputados los cometieron; además, se brindó la oportunidad a la defensa para que contestara esa solicitud y se permitió la réplica y contrarréplica, para finalmente resolver la situación jurídica del ahora promovente del amparo, en términos de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (12:03:45 hrs). Con base en lo anterior, resulta infundado el concepto de violación precisado con el inciso e), en el que refieren los quejosos, que en el auto de vinculación a proceso no existen suficientes datos de prueba para decretarlo, pues los datos de prueba aportados no fueron valorados en su totalidad por el juzgador responsable, debido a que dejó de aplicar el test de racionalidad que debe aplicar para el estudio de los datos de prueba para determinar la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Lo infundado de lo anterior, resulta en razón de que, la autoridad judicial responsable, adecuadamente consideró cumplidos los requisitos de fondo relativos a que: a) existan datos de prueba que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y b) que los imputados pudieron haberlo cometido. En efecto, de la audiencia inicial surge que en términos de lo establecido en el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control consideró que con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se establece que se cometió el hecho que la ley señala como delito, para César Chávez Cabrera, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11 inciso d), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Pedro Celis Juárez, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11 inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c), de la ley especial en cita. Asimismo, para ambos César Chávez Cabrera y Pedro Celis Juárez, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico denominado cannabis sativa l. conocida comúnmente como marihuana con fines de comercio en su hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, además que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió, pues hay indicios razonables que así permitieron a la autoridad responsable suponerlo. El hecho materia de la vinculación se hizo consistir en que el diecinueve de abril de dos mil veinte, aproximadamente a las catorce horas con cincuenta, en una vivienda de adobe con techo de lámina sin puerta, ubicada en la comunidad Los Naranjos, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con coordenadas geográficas 17°.701258-99°.748817, los imputados ahora quejosos portaron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además poseyeron cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país y, narcótico denominado Cannabis Sativa L. Hecho que, opuesto a lo aducido por los quejosos, y este órgano de amparo puede constatar de la audiencia inicial, la autoridad responsable adecuadamente resolvió el auto de vinculación a proceso de manera congruente con los Amparo Indirecto 602/2020 datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en dicha audiencia, pudo advertir lo siguiente: -Informe policial homologado de los agentes de la Policía Estatal Josué Martínez Martínez, Édgar Parra Fernández y Jonicef Tonatiuh Campos García, quienes refirieron que el diecinueve de abril de dos mil veinte, cuando se encontraban en el interior de una vivienda ubicada en el poblado El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, cuando los imputados César Chávez Cabrera y Pedro Celis Juárez, portaban cada uno, un arma de fuego calibre .223mm., y en el interior de la vivienda, sobre una mesa de madera, encontraron narcótico denominado marihuana, cartuchos y cargadores. - Entrevista realizada el veinte de abril de dos mil veinte, por el licenciado Eduardo Camacho Fraga, agente del Ministerio Público de la Federación, al elemento aprehensor Josué Martínez Martínez, en la cual narró su participación en la detención de los imputados, y señala que, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narrados en el informe policial, él iba al mando de la unidad vehicular de esa institución policial, que detuvo a Pedro Celis Juárez, a quien le aseguró el arma, así como el cargador y cartuchos localizados en la bolsa que tenía amarrada al pantalón. - Entrevista realizada el veinte de abril de dos mil veinte, por el licenciado Eduardo Camacho Fraga, agente del Ministerio Público de la Federación, al elemento aprehensor Jonicef Tonatiuh Campos García, en la cual narró su participación en la detención de los imputados, y señala que, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narrados en el informe policial, detuvo a César Chávez Cabrera, a quien le aseguró el arma de fuego y en ese momento le refirió que era menor de edad. - Entrevista realizada el veinte de abril de dos mil veinte, por el licenciado Eduardo Camacho Fraga, agente del Ministerio Público de la Federación, al elemento aprehensor Édgar Parra Fernández, en la cual narró su participación en la detención de los imputados, y señala que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narrados en el informe policial, él realizó la inspección en el interior de la vivienda donde fueron detenidos los imputados y que a la postre localizó la marihuana, cargadores y cartuchos descritos en la mesa de madera, y verificó el estado físico de la persona abatida. - Inspección del lugar de los hechos realizada el veintiuno de abril de dos mil veinte, por el suboficial Jesús Alejandro Corona Martínez, en la que da cuenta que se constituyó en la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, y tuvo a la vista una casa de abobe con techo de lámina, adjuntando dos fotografías del lugar, así como una del croquis de éste. - Inspección de objetos realizada el veinte de abril de dos mil veinte, por el suboficial Jesús Alejandro Corona Martínez, en la que da cuenta que tuvo a la vista nueve indicios, consistentes en las armas y narcótico asegurados a los imputados; a la cual adjuntó fotografías de cada uno de los indicios. - Dictamen en balística forense de veinte de abril de dos mil veinte, elaborado por el perito Luis Antonio Gómez Cortez, en el que concluyó que el arma de fuego que le fue asegurada a Pedro Celis Juárez, marcada como el indicio uno, es un arma de fuego tipo carabina, calibre .223/5.56mm., modelo SA15, matrícula JT21616, con sistema de disparo semiautomático, con un cargador semiautomático, abastecido con quince cartuchos; que el cargador de arma fuego localizada en la bolsa que tenía amarrada en el Amparo Indirecto 602/2020 pantalón dicho imputado, y treinta y ocho cartuchos .223/5.56 mm.; indicio cinco, es el arma asegurada al imputado César Chávez Cabrera, con matrícula y modelo no a la vista, con un sistema de disparo semiautomático, las cuales clasificó la que fue asegurada a Pedro Celis Juárez, en el artículo 11, inciso c), y a César Chávez, en el inciso d) del mismo numeral, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que son un arma de disparo semiautomático y automático, respectivamente, en tanto que de los cartuchos y cargadores dijo que son para armas de fuego de las fuerzas armadas. - Dictamen en materia de química forense realizado el veinte de abril de dos mil veinte, por la perito Olivia Becerra Rodríguez, en el que concluyó que el vegetal verde y seco en hierba y semilla, localizadas en la caja de cartón, en una bolsa de plástico transparente y en una costalilla blanca, respectivamente, con un total de 9,093.0 gramos, corresponden a cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, la cual es considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud. - Dictamen en materia de fotografía forense de veinte de abril de dos mil veinte, elaborado por Jacqueline Aguilar Rendón, en el que realiza la fijación fotográfica, en veintiocho tomas, de los indicios asegurados a los imputados, mas no a éstos, debido a su oposición manifestada para ese efecto. - También expuso la representación social que hasta ese momento los imputados no habían presentado documento alguno que les permitiera la legal portación de las armas de fuego, tampoco el permiso de la Secretaría de Salud, con el cual se les permitiera la posesión del narcótico asegurado, solicitando se tuviera por rendido en sentido negativo. - En relación con la finalidad del narcótico, expuso la representación social que la cantidad total de éste rebasaba lo establecido en la tabla de la Ley General de Salud. Datos de prueba respecto de los cuales el Juez de Distrito Especializado responsable, adecuadamente señaló que se acreditaban los hechos que la ley señala como delitos a los que se ha hecho referencia en párrafos atrás, así como que probablemente participaron en su comisión. Ello, en virtud de que como bien lo precisó el fiscal federal y validó el Juez de Control, con base en el Informe policial homologado de diecinueve de abril de dos mil veinte, elaborado por Josué Martínez Martínez, Édgar Parra Fernández y Jonicef Tonatiuh Campos García, en el que asentaron que cuando estaban en el cuartel les informaron a través del reporte 911, que hubo un enfrentamiento en la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, que se trasladaron a ese lugar acompañados de elementos de otras instituciones como lo es, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que se dirigieron a las doce horas con treinta minutos y llegaron a dicha comunidad a las catorce horas cuarenta minutos, que bajan de sus unidades e hicieron el operativo a pie tierra, que avanzaron en dicho poblado hasta llegar a una vivienda de adobe con techo de lámina, sin puertas, de la cual les empezaron a disparar, que ellos repelieron la agresión y se generó un enfrentamiento entre los elementos de seguridad con las personas que estaban en el interior de la vivienda, que esto duró quince minutos, que ingresaron a ese domicilio y detuvieron a los imputados, a Pedro Celis Juárez, a quien le aseguraron un arma de fuego .223mm, matrícula JT21616 abastecida con un cargador y quince cartuchos útiles calibre Amparo Indirecto 602/2020 .223mm., y en una bolsa de tela verde que traía sujeta en una tranvía del pantalón del lado derecho, un cargador desabastecido, calibre.223mm., y treinta y ocho cartuchos calibre .223 mm.; y a César Chávez Cabrera, le aseguraron un arma de fuego tipo fusil calibre .223mm., sin modelo ni matrícula con un cargador abastecido con doce cartuchos al calibre. Además, en el interior del domicilio, en una mesa de madera, dos cargadores abastecidos cada uno de ellos con treinta cartuchos calibre 7.62x39 mm., junto a éstos dos cartuchos calibre 7.62x39mm., una caja de cartón con cannabis sativa L., conocida comúnmente como marihuana, con un peso neto de cuatro mil ochocientos noventa y uno punto dos gramos (4,891.2 gramos), en una bolsa de plástico transparente poseyeron dos mil seiscientos veinticinco punto dos gramos (2,625.2 gramos) de semillas de cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana y en una costalilla blanca mil quinientos setenta y seis punto seis gramos (1,576.6 gramos) de cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, con un peso total de nueve mil noventa y tres gramos (9,093.0 gramos). Conclusión a la que llegó, teniendo en consideración, como ya se destacó en párrafos precedentes, el material probatorio antes descrito, además que para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se han cometido hechos determinados que la ley señale como delitos y que exista la probabilidad de que el o los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto la fiscalía investigadora al Juez de Control, los cuales no tiene éste en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Por lo expuesto, se estima que en el caso a estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 16 y 19, de la Constitución Federal, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de vinculación a proceso realizada el veintidós de abril de dos mil veinte, se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia de los hechos con apariencia de los delitos ya señalados. Luego entonces, como se adelantó, hasta este momento procesal, el examen conjunto de los datos de prueba que existen; resultan suficientes y jurídicamente eficaces para establecer que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos y que existe probabilidad de que los quejosos intervinieron en su comisión; que justifica la emisión de un auto de vinculación a proceso, lo anterior, con motivo de que los agentes aprehensores los señalan como las personas que aproximadamente a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil veinte, en el interior de una vivienda de adobe con techo de lámina y sin puertas, en la comunidad Los Naranjos, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, los imputados César Chávez Cabrera y Pedro Celis Juárez, portaban en las manos, el primero un arma de fuego tipo fusil calibre .223mm., sin modelo, ni matrícula, con un cargador abastecido con doce cartuchos, y el segundo, un arma de fuego calibre .223mm, matrícula JT21616, abastecida con un cargador y quince cartuchos calibre .223mm., y poseía en una bolsa de tela color verde que traía sujetada en una tranvía del pantalón del lado derecho, un cargador desabastecido calibre .223mm., y treinta y ocho cartuchos calibre .223mm. y en una mesa de madera que se encontraba en el interior de dicha vivienda, poseían dos cargadores abastecidos, cada uno con treinta cartuchos calibre 7.62x39mm., junto a estos dos cartuchos del mismo calibre (7.62x39mm.), una caja de cartón con cannabis sativa L., conocida comúnmente como marihuana, con un peso neto de cuatro mil ochocientos noventa y uno punto dos gramos (4,891.2 gramos), en una bolsa de plástico transparente poseyeron dos mil seiscientos veinticinco punto dos gramos (2,625.2 gramos) de semillas de cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, y en una costalilla blanca mil quinientos setenta y seis punto seis gramos (1,576.6 gramos) de cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, con un peso total de nueve mil noventa y tres gramos (9,093.0 gramos), catalogados de la siguiente manera. Respecto de César Chávez Cabrera, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11 inciso d), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De****, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11 inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c), de la ley especial en cita. Asimismo, para ambos ********, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico denominado cannabis sativa l. conocida comúnmente como marihuana con fines de comercio en su hipótesis de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal. También destacó el juez responsable que en cuanto a Pedro Celis Juárez, por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo, sólo se trata de una conducta y no de dos diversas. De lo anterior, puede advertirse que adecuadamente el juez responsable con base en los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual tuvieron a su disposición tanto el agente Ministerio Público de la Federación, como la defensa particular de éstos, es que el juez de control, pudo constatar la existencia de los hechos considerados por la ley como delitos, en la especie, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y, el diverso contra la salud en la modalidad de posesión del narcótico denominado cannabis sativa l. conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio en su hipótesis de venta, probablemente cometidos por los imputados, como autores y coautores, respectivamente. Lo que se estima es acertado, porque el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la base de que se está en la etapa de investigación judicializada, en la que sólo requiere que se haya hecho referencia al contenido de determinados datos Amparo Indirecto 602/2020 de prueba (aún no desahogados en el juicio oral), que se adviertan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado, ya que es innecesario, en esta etapa procesal, cumplir con las exigencias y rigorismos establecidos para emitir una sentencia. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). ." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.), Página 360.) De manera que es infundado el concepto de violación en estudio, en el que en esencia refieren los quejosos inadecuada valoración de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público. Lo infundado de lo anterior resulta de lo ya expuesto, pero además porque la autoridad responsable extrajo de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, indicios que, contrario a lo que aducen los recurrentes, le permitieron resolver de manera congruente el Amparo Indirecto 602/2020 auto de vinculación a proceso de los quejosos. En el mismo sentido, debe decirse que también fue correcto que el Juez de Control, al considerar que, hasta ese momento, no existieron causas de exclusión, en términos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni causa de extinción de la acción penal de las previstas en el numeral 485 del citado código nacional. Además, el Juez responsable señaló de manera correcta que la participación de los imputados en el hecho delictivo fue como autores y coautores materiales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción II y III, del Código Penal Federal, ya que por sí mismos perpetraron los hechos contemplados por la ley como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de manera conjunta, perpetraron los contemplados en la ley, como delito, el de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y el diverso contra la salud, esto es, portaron, cada uno, en sus manos, César Chávez Cabrera un arma de fuego tipo fusil calibre .223mm., y Pedro Celis Juárez, un arma de fuego tipo carabina .223/5.56mm, modelo SA15, matrícula JT21616, y poseyó treinta y ocho cartuchos del mismo calibre en una bolsa de tela color verde; y de manera conjunta tuvieron dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata de manera consciente y voluntaria en una mesa de madera, dos cargadores abastecidos con treinta cartuchos cada uno calibre 7.62x39mm., y en una caja de cartón el narcótico denominado marihuana, con un peso neto de cuatro mil ochocientos noventa y uno punto dos gramos (4,891.2 gramos), en una bolsa de plástico transparente dos mil seiscientos veinticinco punto dos gramos (2,625.2 gramos) de semillas de cannabis sativa, y en una costalilla blanca mil quinientos setenta y seis punto seis gramos (1,576.6 gramos), del mismo narcótico, que suman un total de nueve mil noventa y tres gramos (9,093.0 gramos); por lo que actuaron como autores materiales y coautores. Luego, tocante al grado de ejecución de los delitos la autoridad responsable lo estimó como instantáneo con efectos permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracciones I y II, del Código Penal Federal; lo que se considera correcto, ya que los datos de prueba antes anunciados evidencian que los hechos contemplados como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, posesión cartuchos para dichas armas de fuego, y el diverso contra la salud se consumaron aproximadamente a las catorce horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veinte. También, la responsable acertadamente estimó que los delitos encuadran con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del citado ordenamiento legal, esto es, que se trata de delitos de naturaleza dolosa; pues con relación a los hechos que se le atribuyen a los aquí quejosos se pone de manifiesto que obraron conociendo la prohibición de su actuar, aceptando la realización de los hechos descritos por la ley, siendo éste el objetivo final de su conducta, por lo que su actuar se clasifica como doloso, en términos del precepto legal indicado. Por tanto, contra lo aseverado por los quejosos, los datos de prueba referidos por el Ministerio Público en la audiencia inicial fueron analizados por la autoridad judicial responsable atendiendo a las reglas de la sana crítica, en términos del numeral 265 del Código Nacional de Amparo Indirecto 602/2020 Procedimientos Penales , pues, la autoridad responsable resolvió legalmente al concluir que, aunque no existe dato de prueba directo que señalara al ahora quejoso, lo cierto es que los indicios que surgieron de los datos derivados de la investigación ministerial y proporcionados al juez responsable en la audiencia inicial, apreciados bajo las reglas de la sana crítica establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contrario a lo que aseveran los justiciables, son suficientes para demostrar tanto los hechos que la ley señala como delito como la probabilidad de que los quejoso lo cometieron en la forma narrada. Ante tal panorama, cabe destacar que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige un estándar probatorio pleno, pues el Ministerio Público no presenta pruebas que puedan acreditar el delito y menos la plena responsabilidad del imputado, sino que, sólo hace una referencia del contenido de datos probatorios que establezcan, a grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y la posible intervención de aquél en el mismo. Lo anterior no implica transgresión a los principios pro persona y presunción de inocencia, como alude el quejoso, pues el juzgador, al analizar los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, parte de la base de que el quejoso es inocente y que corresponde a la fiscalía la carga de ofrecer datos de prueba razonables, idóneos y suficientes para "establecer" un hecho que la ley señala como delito y que es probable la participación del imputado en su comisión, con lo que se atendió a lo previsto en el artículo 1° Constitucional, pues en la etapa en la que se le vincula a proceso no se le consideró culpable con los datos aportados por la representación social. En este sentido, si los datos de prueba que refirió el Ministerio Público, como se sostiene en la resolución reclamada, son razonables, idóneos y suficientes para establecer, al menos en grado de probabilidad, que los imputados portaron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además poseyeron cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país y, narcótico denominado Cannabis Sativa L, en las circunstancias de tiempo modo y lugar precisadas en párrafos precedentes, entonces, se ajusta a derecho que estime apegado a la legalidad el auto de vinculación a proceso reclamado. Ahora bien, atinente a lo alegado por los quejosos en el sentido de que el juez responsable inobservó lo dispuesto en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que los elementos de seguridad pública ingresaron a un domicilio en una hipótesis de flagrancia, sin orden judicial; sin embargo, no levantaron el acta detallada de inspección que exige en su último párrafo el citado precepto legal, pues de su informe policial homologado y entrevista si bien sostienen un hecho, éste no se encuentra soportado con el acta respectiva -inciso f). Es infundado dicho motivo de disenso, ello dado que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, este órgano de control constitucional estima legal la consideración expuesta por la autoridad responsable. Es así, pues el Juez responsable al momento emitir la resolución reclamada ?vinculación a proceso?, específicamente en cuanto al principal argumento expuesto por el defensor particular, señaló: ".su principal argumento lo basó en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando los elementos de autoridad irrumpen un domicilio sin mediar orden de cateo, pues se debe levantar a su juicio una inspección donde se den las razones fundadas y motivadas del por qué. aquí no señalamos que tiene que haber propiamente una acta aparte del informe policial homologado, una resolución, sino que principalmente de la pieza informativa tiene que haber los motivos del por qué o darse de la lectura que se desprendan las circunstancias especiales por los cuales un agente de autoridad irrumpan un domicilio, si aquí hubiera sido de que los elementos de autoridad señala vimos a unas personas que estaban en un domicilio y antes de llegar estaban disparando con otras personas ingresamos en ese domicilio, ahí sí yo creo que ingresamos los detuvimos ahí no habrían los motivos por los que ingresaron, atendiendo al 290, pero aquí yo creo que sí es lógico atender que si en el informe policial homologado se establece que ellos sufren una agresión por parte de las personas que estaban dentro de esa vivienda, tan es así que hubo una persona que perdió la vida en esa vivienda, se están dando los motivos detallados del por qué ingresaron a ese domicilio, por la comisión flagrante de un delito ese día, y que era necesario para repeler una agresión real, actual e inminente y sin derecho a que ponga en riesgo la vida e integridad como lo señala la fracción I del artículo 290, pero a mi juicio no podría ser tan extremista que si no está un acta aparte del informe policial homologado en donde se determine de manera fundada y motivada el por qué consideran los elementos policiacos entrar a ese domicilio yo deba en dado momento de señalar que a falta de esta acta pues las razones y motivos por los cuales los elementos de autoridad entraron a ese domicilio pues serían falta de claridad y cuestiones de certidumbre jurídica y a mi juicio considero que si se dan los motivos y razones por las cuales entran a ese domicilio irrumpen sin mediar autorización judicial por lo que sí se cumple lo que establece el artículo 290 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales.", (11:51:29 a 11:54:18 minutos del video que contiene la audiencia de vinculación) Como puede verse, el juez responsable se ocupó del planteamiento que en ese sentido hizo el defensor particular de los imputados, expuso las razones por las que considera que el informe policial cumple con el último párrafo del artículo 290 del Código Nacional citado, las cuales este órgano de control constitucional considera ajustada a derecho, porque del informe policial homologado se aprecian los circunstancias por las que, los elementos aprehensores irrumpieron en el interior de la vivienda donde fueron asegurados los ahora imputados y que han quedado precisadas a lo largo de esta resolución. Ello es así, sobre todo cuando, como en el caso, se trata de detención en flagrancia, el informe tiene una particular trascendencia porque es el documento sobre el que es posible constituir la base para la formulación de la imputación jurídico penal. Dado que, en dicho informe los policías describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó la detención de los imputados y la descripción a detalle, de las circunstancias que motivaron la detención y de las evidencias que se encontraron, erigiéndose como un elemento de particular importancia para el acusador. De ahí que, si en el informe policial homologado los agentes aprehensores expusieron de manera detallada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los motivos que los llevaron a irrumpir en el domicilio donde a la postre fueron asegurados los imputados es claro que, como bien lo señaló el juez responsable, se cumple con el requisito que establece el último párrafo del numeral que nos ocupa. Por lo tanto, analizado en su totalidad el acto reclamado, subdividido en la calificación de la detención y auto de vinculación a proceso, al concluirse que no resultó violatorio de los derechos humanos del quejoso, se obtiene que no vulnera los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los numerales 9, 1 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni los diversos 1, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por los motivos expresados en el presente fallo, no existe inobservancia de las jurisprudencias invocadas por la parte quejosa en el escrito constitucional de demanda. En tales condiciones, al no advertir este juzgador materia para suplir la queja deficiente, de acuerdo a lo establecido por la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217, de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, indicado en el considerando segundo, respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Juan Manuel Acevedo Mejía, hasta el día de hoy catorce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en su artículo 2, fracción III, asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de pruebas del mismo, así como el testimonio certificado de la ejecutoria de once de junio del presente año, dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, derivado del recurso en revisión penal 494/2019. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada resolvió en los siguientes términos: "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********************************************, en contra del acto reclamado y las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria. [.]". Realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar.....

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