César Castro Montero
Expediente 975/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- César Castro Montero
Actuaciones
- Principal
...Del estado de autos, se advierte que, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, contra el proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido...
- Principal
.....el escrito signado por José Juan Bernal Melgarejo, en su carácter de autorizado del quejoso, mediante el cual desahoga la vista otorgada por este órgano jurisdiccional en auto de diecisiete de septiembre de la presente anualidad; por lo que, ténganse por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, solicita se proceda en contra de los integrantes del cabildo como autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, se de vista al Fiscal adscrito a este juzgado a efecto de que de estimarlo procedente, solicite a su homólogo investigador el inicio de la carpeta de investigación en contra de los integrantes del cabildo, y se vincule al ejecutivo, al Congreso y al Secretario de Finanzas y Planeación, todos del Estado de Veracruz, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, por cuanto hace a la solicitud del quejoso de que se proceda en contra de los integrantes del cabildo como autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, y se de vista al Fiscal adscrito a este juzgado a efecto de que de estimarlo procedente, solicite a su homólogo investigador el inicio de la carpeta de investigación en contra de los integrantes del cabildo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo que déjense expeditos sus derechos para que los haga valer a través de la vía correspondiente. Por otra parte, tal como lo solicita la parte quejosa, y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la sentencia al Gobernador del Estado de Veracruz, al Congreso del Estado de Veracruz y al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que dentro del término de diez días contados a partir de que queden notificados del presente acuerdo, informen y acrediten en su caso, que realizan las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia de amparo que recaigan en el ámbito de sus facultades legales, y deberán comunicar las gestiones que lleven a cabo para lograrlo, informando las medidas que decreten para tal efecto. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá a cada una, la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, misma que equivale a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la Unidad de Medida, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Resulta aplicable al caso, la tesis 1ª I/2004, publicada en la página ochenta y tres, Tomo XIX, Febrero de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se requirió al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que dentro del término de cinco días, realizara las acciones citadas a continuación: a) El cabildo de dicho ayuntamiento deberá reunirse y sesionar de manera ordinaria o extraordinaria y aprobar la declaratoria de deuda pública de la cantidad de $6,662,378.71 (seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos 71/100 moneda nacional), con la finalidad de considerarla dentro de su sistema contable como pasivo y así poderla liquidar a través de los recursos que obtiene el municipio por concepto de aportaciones federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). b) Realizar a través de su comisión edilicia encargada de Hacienda Municipal, el ajuste correspondiente al Programa General de Inversión del citado fondo federal, ejercicio dos mil dieciocho. c) Poner del conocimiento al Congreso del Estado sobre el ajuste realizado al Programa General de Inversión. Sin que a la fecha haya remitido a este órgano jurisdiccional constancia alguna que acredite que ha llevado a cabo dichas acciones. Por tanto, de conformidad con la manifestación del quejoso y las evasivas por parte del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Ayuntamiento Constitucional de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por conducto del cabildo, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo realice las acciones citadas en líneas precedentes. Asimismo, deberá comunicar a este Juzgado de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento del fallo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada se le impondrá a cada uno de los integrantes del cabildo del citado ayuntamiento, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, misma que equivale a $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la Unidad de Medida, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, no pasa inadvertido que el autorizado de la parte quejosa en reiteradas ocasiones ha señalado a este órgano jurisdiccional como "condescendiente" para con la autoridad encargada del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo cual no resulta correcto toda vez que como se advierte del estado que guardan los autos, este juzgado ha realizado las acciones pertinentes para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, e incluso se ha impuesto multa a cada uno de los miembros del cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, y se ha mandado el presente asunto a incidente de inejecución ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A OTIFICARSE DEL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por César Castro Montero, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 975/2018/IV-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, cabe hacer mención que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que con el número 575/2018, del libro de registro correspondiente a los juicios de amparo de este Juzgado, se encuentra registrada una diversa demanda promovida por César Castro Montero, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el auto de veinticinco de mayo del presente año, donde se desechó el recurso de revocación, dictado en los autos del cuadernillo administrativo 460/2018/-X; juicio que se tiene a la vista en este momento y que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. En ese mismo orden de ideas, por sentencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo 575/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo solicitado por César Castro Montero, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para el efecto de que por falta de fundamentación y motivación de la citada resolución impugnada se cumpla con lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, emitida en los autos del cuadernillo 460/2018/X, respecto a la interposición del recurso de revocación; y 2. Deberá dictar con plenitud de jurisdicción una nueva determinación, en la que decrete si es procedente o no el recurso de revocación promovido en contra del auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, precisando el o los motivos concretos que lo justifiquen, con base en las consideraciones expuestas en el presente fallo; por lo que podrá concluirse o no en el mismo sentido, pero de manera fundada y motivada. Precisado lo anterior, es evidente que la demanda con la que se formó el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del artículo y fracción reproducidos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en otro juicio o en ejecución de alguna sentencia de amparo, atento al principio de seguridad jurídica, porque si un amparo procediera en contra de otro amparo, se prolongaría la procedencia de los mismos en contravención con la finalidad del juicio de garantías, el cual debe proteger los derechos del hombre y mantener inviolable la Constitución, y no negar la administración de justicia y hacer imposible cumplir con una ejecutoria que resuelva las cuestiones constitucionales; hipótesis que se aplica aún en los casos en que se promueva por personas extrañas a ese juicio constitucional, además, como la ley no distingue a qué resoluciones se refiere, debe entenderse que las comprende a todas, ya sean definitivas o de simple trámite. Es decir, su objeto jurídico es evitar que la misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una cadena ininterrumpida de impugnaciones sobre un mismo punto, en detrimento de la seguridad jurídica. En el caso se estima que el proveído reclamado, se emitió en cumplimiento del fallo amparador dictado en el juicio de amparo 575/2018 promovido por el aquí quejoso César Castro Montero, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Asimismo, es de precisarse que el citado auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, a la fecha aún no queda firme, ya que por diverso acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 575/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, se concluyó que la misma no se tenía por cumplida al adolecer de los mismos vicios de fundamentación y motivación por los que se concedió la protección constitucional, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. De lo que se desprende la autoridad responsable debe dictar un nuevo acuerdo en el cual subsane las violaciones citadas y resuelva si es procedente o no el recurso de revocación promovido, precisando el o los motivos concretos que lo justifiquen de manera fundada y motivada. Por lo tanto, dicha resolución, en caso de declararse cumplida la ejecutoria, será la que podría impugnar la parte quejosa en la vía constitucional. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado en la demanda de amparo origen del presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda y como autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Solano Alba y José Castro Sánchez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Fermín Hernández Libreros, por así haberlo solicitado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos del artículo 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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