CESAR CASTILLO MONTIEL y Otros.
Expediente 1099/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- CESAR CASTILLO MONTIEL y Otros.
- Gerardo Tolentino Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda signado por César Castillo Montiel y Gerardo Tolentino Torres, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Quinto Circuito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1099/2020-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: El auto en el cual citan al quejoso para las diez horas del ocho de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia inicial. Sobre el particular, debe decirse que la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el Juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende de tres etapas: La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a la cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulara imputación. El análisis de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Al respecto, el numeral 141, fracción I, del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consiste en la citación a la audiencia inicial, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues el trámite, como el auto que ordena su citación, no ha ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado -quejoso- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no dictar auto de vinculación a proceso, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues ésta sólo se concretará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra en caso de que no comparezca a la audiencia, porque incluso, su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama, no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial determine librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, en otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión. Por lo cual, considerar que la comparecencia transitoria del imputado a la audiencia inicial, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 107, fracción I Constitucional y 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria en comento, estos últimos en sentido contrario, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]" De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de "instancia de parte agraviada", éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la norma o acto reclamado. Ello, en virtud de que, como ya se dijo, el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En estas condiciones, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia en mención, ya que en el caso, la parte disconforme no tiene incorporada a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la causa penal, determine si resulta procedente o no librar la orden de citación correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. Máxime que por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las diligencias llevadas a cabo por la institución ministerial en la integración de una carpeta de investigación, pues no se trata de un acto que por sí mismo afecte la libertad del quejoso. En este sentido, la citación para ser notificado de los hechos que se investigan, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia y no se advierte que implique la privación de la libertad. No es obstáculo a lo anterior, que dicha citación contenga el apercibimiento de que, a decir del quejoso, sería la orden de aprehensión en caso de que no comparezca; ello es así, dicho apercibimiento constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionada a que el promovente del amparo no asista, sin justificación y que el representante social solicite dicha orden de captura, por lo que, se insiste, la comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del quejoso. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 78/2018, visible en la página doscientos treinta y nueve, Tomo I, Materias Común, Penal, Libro 61, correspondiente al mes de diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito; y, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Felipe Trejo Gallegos y Julio César Hernández Gómez, por contar con el registro de su cédula profesional en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se invita a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, conforme a los requisitos contemplados en el diverso numeral 29 del citado Acuerdo, a fin de se encuentren en posibilidad promover y consultar el expediente electrónico, así como para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de practicar notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistida del Secretario Néstor Edgar Magos Mera, que autoriza y da fe. Doy fe."
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