César Carrillo Villa

Expediente 1161/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1161/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • César Carrillo Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito informa la resolución pronunciada en la revisión principal; cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma el acuerdo recurrido.- - - SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César Carrillo Villa, contra el acto atribuido al Agente del Ministerio Público Investigador, titular de la mesa quinta, en el Estado de Colima, consistente en la negativa a ejercer acción penal en la averiguación previa 05/2015.". Por tanto, se ordena el archivo del expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica la recepción de los autos originales del juicio de amparo 1161/2016, así como el escrito original de agravios y una copia simple del mismo, y que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso César Carrillo Villa, en contra del auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el cual registró con el número de amparo en revisión 366/2016.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y dado que las partes se encuentran debidamente notificadas del auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, así como del proveído de veintiséis siguiente en el que la parte quejosa interpuso recurso de revisión; por tanto, remítanse los autos originales del presente expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para su sustanciación, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LSITA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE 11 DE JULIO DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 339/2015, en la que con las precisiones efectuadas determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos indicados en la resolución impugnada y con la precisión realizada en ese fallo, siendo los efectos de la concesión federal los siguientes: Tomando en consideración la denuncia y los demás datos que arrojara la averiguación previa, se precisaran las circunstancias de tiempo, lugar y modo, sobre todo tener especial cuidado al especificar la fecha en que aconteció el hecho ilícito atribuido a los quejosos. Una vez establecida la fecha en que aconteció el injusto que se les reprocha a los quejosos, analizara si pudiera actualizarse la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, en términos de los artículos 11, fracción II, 84, 85, 87, 95 y 96 del Código Penal vigente en el Estado de Colima. Además el juez responsable con base en el material probatorio que analizó tanto el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, como el juez de instancia en la orden de aprehensión y los autos de formal prisión, se pronuncie en relación a las circunstancias de lugar, modo y sobre todo la temporalidad en la ejecución del ilícito de despojo atribuido de manera probable a los quejosos, hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se pronunciara conforme a derecho procediera. Mediante oficio número 295, recibido el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable informó que dejó insubsistentes las resoluciones de veintidós de agosto y veinticuatro de septiembre ambas emitidas en el año dos mil nueve, que constituyeron el acto reclamado y remitió copia certificada de la emitida el veinte de junio de dos mil dieciséis, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Antonio Sánchez Herrera e Ignacio Sánchez Vergara, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 235 fracción III del Código Penal cometido en agravio de Francisco Javier Preciado Chávez. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico las resoluciones reclamadas dictadas en proceso penal número 33/2014, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar los autos de formal prisión reclamados y emitir uno nuevo en el que atendió los lineamientos de la ejecutoria, pues la responsable tomando en consideración la denuncia y los datos que arrojó la averiguación previa, precisó que la fecha en que debe tomarse como la de ejecución del ilícito de despojo es el veintitrés de marzo de dos mil siete, en base a eso, al realizar el estudio correspondiente a la prescripción, determinó que la misma no opera en ese delito en tanto tal conducta no cese, pues adujo que el ilícito de despojo es de consumación instantánea de efectos permanentes, que se prolongan durante el tiempo en que el agente activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto en tato que están referidos a una conducta omisiva. Además, en torno a la figura de la prescripción, concluyó que la misma no se actualiza, lo anterior tomando en consideración lo establecido en los artículos 11, fracción II, 84, 85, 86, 87, 95 y 96 del Código Penal para el Estado, pues con fecha dieciséis de agosto y diecinueve de septiembre de dos mil nueve, se cumplimentaron las ordenes de aprehensión en contra de Antonio Sánchez Herrera e Ignacio Sánchez Vergara, respectivamente, y tomando en consideración la fecha de presentación de la denuncia (veintitrés de mayo de dos mil siete) no transcurrió el término medio aritmético, que para el ilícito de despojo se requiere, mismo que es de cuatro años, según lo establece el numeral 235, fracción III del Código Penal. Aunado a lo ya mencionado, la responsable se pronunció en torno a las circunstancias de lugar, modo y temporalidad en la ejecución del ilícito atribuido a los quejosos; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No representa obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por los quejosos a través del escrito presentado el treinta de junio de dos mil dieciséis, pues contrario a lo que afirman, el juez responsable realizó el estudio relativo a la prescripción, determinó que el delito de despojo atribuido a los quejosos es de consumación instantánea con efectos permanentes, aunado a lo anterior, la sentencia que concedió la protección constitucional solicitada no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente a que dejara sin efecto jurídico las resoluciones reclamadas y emitiera una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, de ahí que deban considerarse inatendibles esos argumentos. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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