César Carrillo Soto
Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- César Carrillo Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de uno de los cursantes; en consecuencia, de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el mismo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo 21 del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra las autoridades y acto siguientes: Autoridades responsables: Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. Acto reclamado: El auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal ***, mediante el cual, ante la imposibilidad de notificar a los testigos ***, para el desarrollo de los careos procesales (tal como fue ordenado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito), se acordó en sentido no favorable la petición hecha por el aquí quejoso mediante escrito de cinco de los cursantes. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. En ese contexto, vista la demanda de amparo que nos ocupa, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, que disponen lo siguiente: De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia. Ahora bien, en el caso particular, el acto reclamado consiste en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal ***, mediante el cual, ante la imposibilidad de notificar a los testigos ***, para el desarrollo de los careos procesales (tal como fue ordenado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo *** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito), se acordó en sentido no favorable la petición hecha por el aquí quejoso mediante escrito de cinco de los cursantes, en el sentido de practicarse careo supletorio. Así, amén de una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes del acto reclamado, en los términos destacados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo ***, lo que constituye un hecho notorio. 1. ***, mediante escrito presentado y ratificado el dieciséis de agosto de dos mil trece, ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, formuló querella por hechos que consideró constitutivos del delito de abuso de confianza cometidos en su agravio, entre otros, contra ***. 2. En su comparecencia ante el Representante Social, *** presentó, entre otros documentos, original de una factura número ***, expedida por la persona moral ***, respecto del vehículo tracto camión, marca ***, que aparece celebrada el catorce de noviembre de dos mil doce. 3. El treinta de septiembre de dos mil trece, el Agente del Ministerio Público, ejerció acción penal sin detenido, únicamente contra ***, por el ilícito de abuso de confianza. 4. El entonces Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con sede en Apizaco, Tlaxcala, por auto de dos de octubre siguiente, radicó el asunto bajo el número de proceso penal ***, y libró orden de busca, aprehensión y detención, contra dicho inculpado, por el antisocial mencionado. 5. Luego de ejecutarse el mandato de captura y de rendir su declaración preparatoria, el diecinueve de noviembre de dos mil trece, el juez de la causa dictó auto de formal prisión contra el inculpado de que se trata, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de confianza, en agravio del pasivo ya mencionado. 6. Por auto de doce de enero de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción, y el quince de mayo siguiente, el juez del conocimiento dictó sentencia absolutoria al acusado, al estimar inacreditado el ilícito por el que se le procesó y acusó. 7. Inconforme con dicho fallo *** interpuso en su contra recurso de apelación, del cual cual conoció la entonces Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el número de toca penal ***, y mediante sentencia dictada el once de septiembre de dos mil quince, terminada de engrosar el quince de diciembre siguiente, se confirmó la de primer grado. 8. El encargado del despacho del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, informó al citado Tribunal Colegiado, que ese órgano asumió el conocimiento de la causa penal ***, asignándole el número ***, ante la extinción del Juzgado Segundo de lo Penal del mismo Distrito Judicial, que la tenía a su cargo. Ahora bien, en la ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo ***, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, para los siguientes efectos "(.) Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que el tribunal responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia, y ordene al juez de la causa: a) Reponga el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción; y, (.) c) Provea lo necesario para desahogar los siguientes careos procesales: - Entre el querellante ***, los testigos de descargo ***, con el inculpado ***, y los testigos ***. - Los que resulten procedentes en caso de surgir nuevas contradicciones sustanciales. En el entendido, que exclusivamente el desahogo de los careos procesales en que habrá de participar el inculpado *** como uno de los careados, estará sujeto a que éste acepte voluntariamente intervenir en la diligencia, a fin de respetar su derecho fundamental a no declarar, reconocido en el artículo ***, en su texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que el resto de los careos, deberán ser recabados aun cuando alguna de las partes se desista de ellos, ya que se trata de pruebas cuyo desahogo resulta oficioso. Asimismo, solamente en caso de que no pudiera obtenerse la comparecencia de alguna de las personas que habrá de intervenir en los careos, deberá practicarse careo supletorio. Además, que es posible que tales careos puedan ser recabados entre las personas que acudan a la cita y diferir la audiencia solamente respecto de quienes no comparezcan, y que las audiencias pueden llevarse a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público que no podrá dejar de asistir a ellas. (.)". De lo anterior, se advierte que, en virtud de lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado, se repuso el procedimiento en la ahora causa penal ***, para el efecto de que, entre otras cosas, se previera lo necesario para desahogar diversas pruebas, entre ellas, los careos procesales señalados por el aquí quejoso. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que el proveído reclamado no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales; esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción al haberse acordado en sentido no favorable la petición hecha por el aquí quejoso mediante escrito de cinco de los cursantes, en el sentido de practicarse careo supletorio, constituiría violaciones al procedimiento, susceptible de ser reparadas en la sentencia definitiva, que se dicte en el juicio de origen. Y en su caso, dicha violación solo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Consecuentemente, el acto reclamado no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el juez de distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, el acto reclamado no produce al quejoso de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que el quejoso obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta infracción que señala y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que obtenga una sentencia favorable a sus intereses en la causa judicial de origen; circunstancia que, demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En las relacionadas condiciones, se concluye que la actuación que por esta vía constitucional se reclama, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene el carácter de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, respecto del acto reclamado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa y como autorizado para tales efectos a la persona que señala, en virtud de no contar con el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y por así solicitarlo expresamente el quejoso. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio. Finalmente, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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