César Carranco Hernández
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- César Carranco Hernández y Otros.
- César Carranco Hernández
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
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- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el incidente de reposición de autos, derivado del juicio laboral 01/1094/09 (14/12/19-III), de su índice. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite de ser procedente, si ya dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/1094/09 (14/12/19-III), tal como se señaló en la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de junio de dos mil veintidós Vista la demanda de garantías promovida por Anabel Morales Rodríguez y César Carranco Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número que le corresponda. Ahora bien, sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral, este juzgado de distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo al análisis de la improcedencia de la demanda de garantías, este Tribunal Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado: "LO CONSTITUYE EL AUTO DE FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2022 DICTADO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 01/70/2020. TODA VEZ QUE LA RESPONSABLE DESECHO PROBANZAS DE INFORMES DE AUTORIDAD Y TESTIMONIAL DEBIDAMENTE OFRECIDAS Y RELACIONADAS CON LA LITIS Y ADMITIÓ ESPECIALMENTE, LA PRUEBA DE INSPECCIÓN." De lo anterior, así como del contenido del escrito de demanda, se advierte con claridad que la misma deviene notoria e indudablemente improcedente, en virtud de que conforme a lo antes mencionado, se desprende que el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, consistente en el acuerdo de fecha trece de abril de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 01/70/2020, mismo que desecho las pruebas de informe de autoridad y la testimonial ofrecidos por los quejosos, y admite la diversa prueba de inspección a su contraparte, en el juicio de origen; auto el cual, en esencia, se traduce en una posible violación cometida durante el citado procedimiento, que pudiera afectar las defensas de la parte peticionaria de amparo y trascender al resultado del fallo en el citado procedimiento; por tal virtud, es inconcuso que la admisión y desechamiento de las pruebas ordenada por la autoridad señalada como responsable, se traduce en posibles violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas de la parte quejosa, contempladas concretamente en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;.". Violación de procedimiento la anterior, propia por tanto de impugnarse en amparo directo al promoverse la demanda contra el laudo que llegara a poner fin al juicio laboral respectivo, para el caso de que tal determinación le resultara adversa, según lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías. Orienta el anterior razonamiento, por identidad de razones, el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 539, visible en el Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Octava Época, bajo el tenor siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. PROCEDE RECLAMAR LA VIOLACIÓN RESPECTIVA EN AMPARO DIRECTO.-Si la Junta recibe las pruebas de la contraparte del quejoso violando en perjuicio de este, las normas del procedimiento, el quejoso puede reclamar esas violaciones en amparo directo, de conformidad con la fracción III, del artículo 159 de la Ley de Amparo, la cual establece que en los juicios seguidos ante Tribunales Civiles, Administrativos o del Trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la Ley. Como se ve, la fracción III prevé dos supuestos en los que puede alegarse en amparo directo las violaciones relacionadas con el ofrecimiento de pruebas; el primero, cuando el juicio o elementos de convicción son ofrecidos por el quejoso y no se le recibe legalmente; el segundo, cuando las ofrecen otras partes distintas del quejoso, y, en perjuicio de este, no se reciben conforme a la Ley; tal distinción es válida si se tiene en cuenta que la primera hipótesis de dicha fracción utiliza el pronombre 'le', con el cual obviamente se refiere al quejoso, mientras que la segunda no lo utiliza, por lo que debe entenderse que se refiere a las demás partes distintas del peticionario de garantías. En consecuencia, como la disposición legal de que se trata, expresamente prevé el caso en que debe alegarse la referida violación en cita en amparo directo, esta Cuarta sala, con fundamento en los artículos 192, parte final y 194, último párrafo de la Ley de Amparo, modifica su criterio anterior contenido en la tesis jurisprudencial 341 (compilación 1985, quinta parte) para adoptar el expuesto." (Semanario Judicial de la Federación.- Octava Época.- Tomo IV.- Primera Parte.- Tesis J/4a. 14.- Pág. 337). Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 330, del Tomo XI-Abril, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL AUTO QUE ADMITE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.- De conformidad con la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, el que no se reciban las pruebas que el quejoso haya ofrecido legalmente o que no se reciban conforme a la ley. Por otra parte, la diversa fracción XI del precepto aludido permite como violaciones procesales reclamarlas en amparo directo, aquéllas que guardan analogía con las primeras diez fracciones del mismo artículo. Consecuentemente, cuando el acto reclamado consistente en que se admitieron pruebas a la contraparte del quejoso en forma distinta de la prevista por la ley; la analogía es evidente, por lo que en tal caso la violación al procedimiento es impugnable en amparo directo". De igual forma, es pertinente citar la jurisprudencia Tesis: VI. 1o. J/36, visible en la página 394, Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto dicta: "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: 'En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley'. Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." Así como el criterio que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tesis: IV.3o.111 K, consultable en la página 489, del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto precisa: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." A mayor abundamiento, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, hipótesis en la cual no se está en la especie, en cuanto a que debe entenderse que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio, sólo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución, no así en aquellos casos en que tales actos afecten derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, en que por lo consiguiente, no se está ante un acto que sea de imposible reparación; criterio el anterior que es sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia P.J.24/92, al resolver la contradicción de tesis 41/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/93, respectivamente, bajo el tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito, contra actos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, Agosto de 1992, página 11). Por tanto, no estando en el caso ante actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, para que el procedimiento de amparo en la vía que se propone sea procedente, y sí, por el contrario, se trata de un acto cuyas violaciones son propias de repararse en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra el laudo que llegara a poner fin al juicio laboral 01/70/2020; ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, 170 y 172, fracción III, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Anabel Morales Rodríguez y César Carranco Hernández. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y para esos mismos efectos a Agustín Díaz López, por no contar con su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Y por autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de amparo a los profesionistas que cita. Asimismo, y tomando en consideración la excesiva carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional; se faculta a los actuarios adscritos, para que realicen la presente notificación, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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