César Camilo Quintana Grado
Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Camilo Quintana Grado
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Abraham Smeke García, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.); lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión, en contra de la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año en curso dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia en la que no se ampara ni protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. GUADALUPE ACOSTA GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d2.83 06/10/22 23:33:31 ??A????????????????????? En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección constitucional; es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado licenciada Guadalupe Acosta García, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 5672021-VII, promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto que reclamó al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el catorce de julio de dos mil veintiuno y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, que hizo consistir, en concreto, en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos de la carpeta de ejecución 934/2013, en el cual, el operador de justicia responsable desechó por improcedente la solicitud de libertad preparatoria al aquí quejoso. SEGUNDO. Por auto de quince de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 567/2021-VII; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; emplazó a juicio al agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de ejecución de origen; dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien no formuló pedimento; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia penal con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos de la carpeta de ejecución 934/2013, en el cual, el juez de ejecución responsable desechó por improcedente la solicitud de libertad preparatoria del sentenciado, al aquí quejoso. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que el operador de justicia responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo reclamado, en atención a que la documental de referencia, al tratarse de un documento certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, le corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Al respecto, en atención a que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en la demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El quejoso en sus conceptos de violación indica que el juez de ejecución responsable en el acuerdo reclamado vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que soslayó los requisitos que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el quejoso refiere que el juez responsable incorrectamente en el acuerdo reclamado, invocó una ley distinta, pues en la fecha en la cual fue sentenciado se encontraba vigente Ley de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, por lo que no se le debió de aplicar la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir. Se afirma lo anterior, en atención a que de la revisión del informe justificado rendido por la autoridad responsable y del acuerdo recamado se advierte que al ahora quejoso se le dictó sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado, imponiéndole una pena de veinte años de prisión, la cual compurgaría tentativamente el nueve de julio de dos mil treinta y dos. También se advierte que cuando fue sentenciado el impetrante del amparo se encontraba vigente la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, donde en su artículo 19 contempla que las personas condenadas por el delito de secuestro no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Sobre este aspecto, importa destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prohibición de otorgar beneficios de libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de secuestro prevista en el artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que lo prevé, no transgrede los derechos de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Ello, en atención a que la negativa de otorgar beneficios preliberacionales no implica una violación a las medidas previstas en el artículo 18 de la Carta Magna para lograr la reinserción social del sentenciado, pues su otorgamiento no es una obligación constitucional, por el contrario, se trata de una facultad para el legislador ordinario quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. El máximo Tribunal del País también sostuvo que tampoco se vulnera el principio de igualdad, ya que esa negativa no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por el legislador que se justifica razonablemente en la mayor relevancia penal, así como en el impacto más grave que tiene el delito de secuestro en la afectación a la seguridad y a la salud pública como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Por último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la prohibición de otorgar los beneficios aludidos no vulnera el principio de dignidad humana, en virtud de que no puede sostenerse que de la aplicación o inaplicación de aquéllos dependa la debida salvaguarda de ese principio, por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de un proceso criminal debidamente concluido, que ha llevado a la autoridad judicial a imponer una sentencia condenatoria contra una persona que debe compurgar una pena de prisión determinada de acuerdo con las leyes aplicables y las circunstancias que singularizaron el caso concreto. De ahí que no le asista la razón al quejoso, habida cuenta que como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, donde en su artículo 19 contempla que las personas condenadas por el delito de secuestro no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena no transgrede los derechos de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Por tal razón, como correctamente lo estimó el juez de ejecución de penas responsable en el acuerdo reclamado en la carpeta de ejecución de origen, desechó por improcedente el incidente de marras. Sobre el particular, es oportuno citar la Tesis 1a. XII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 2022908, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, marzo de 2021, Tomo II, página 1230, del tenor literal siguiente: "PROHIBICIÓN DE OTORGAR BENEFICIOS DE LIBERTAD PREPARATORIA A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO. EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL QUE LO PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE IGUALDAD, REINSERCIÓN SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA. Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro agravado; seguido el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral dictó sentencia condenatoria negándole todo beneficio de ley, la resolución fue recurrida en casación modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no transgrede los derechos de igualdad, reinserción social y dignidad humana. Justificación: La negativa de otorgar beneficios preliberacionales no implica una violación a las medidas previstas en el artículo 18 de la Constitución General para lograr la reinserción social del sentenciado, pues su otorgamiento no es una obligación constitucional, por el contrario, se trata de una facultad para el legislador ordinario quien, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. Tampoco se vulnera el principio de igualdad, ya que esa negativa no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por el legislador que se justifica razonablemente en la mayor relevancia penal, así como en el impacto más grave que tiene el delito de secuestro en la afectación a la seguridad y a la salud públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Por último, la prohibición de otorgar los beneficios aludidos no vulnera el principio de dignidad humana, en virtud de que no puede sostenerse que de la aplicación o inaplicación de aquéllos dependa la debida salvaguarda de ese principio, por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de un proceso criminal debidamente concluido, que ha llevado a la autoridad judicial a imponer una sentencia condenatoria en contra de una persona que debe compurgar una pena de prisión determinada de acuerdo con las leyes aplicables y las circunstancias que singularizaron el caso concreto." En otro contexto, también es infundado el concepto de violación hecho valer por el inconforme, en el cual refiere que la autoridad responsable incorrectamente en el acuerdo reclamado, invocó una ley distinta, pues en la fecha en la cual fue sentenciado se encontraba vigente Ley de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, por lo que no se le debió de aplicar la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Lo anterior es así, en atención a que como puntualmente lo consideró el juez responsable los beneficios preliberacionales previstos en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua (abrogada); a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis resultan inaplicables en el nuevo sistema de ejecución penal para aquellos sentenciados que no los solicitaron previamente. Lo anterior es así, toda vez que el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que dicha legislación entrará en vigor al día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, salvo los artículos contenidos en el primero y segundo párrafos del artículo segundo transitorio, acorde con las reglas ahí especificadas. Por su parte, el artículo tercero transitorio indica que a partir de su entrada en vigor (diecisiete de junio de dos mil dieciséis), quedarían abrogadas las leyes que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, siempre que no existiese procedimiento preliberacional en trámite. Por tanto, a partir de esa fecha quedó abrogada la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, respecto de aquellos sentenciados que no hubiesen solicitado previamente algún beneficio contenido en esta última legislación, ya que su aplicación opera a partir de que se haya solicitado el beneficio correspondiente; de ahí lo infundado del concepto de violación que hace valer el impetrante del amparo. Al respecto, se invoca la tesis XVII.2o.P.A.42 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada con el registro digital 2022769, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, marzo de 2021, Tomo IV, página 2752, que dice: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES PREVISTOS EN LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ABROGADA). A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016 RESULTAN INAPLICABLES EN EL NUEVO SISTEMA DE EJECUCIÓN PENAL PARA AQUELLOS SENTENCIADOS QUE NO LOS SOLICITARON PREVIAMENTE. Hechos: La sentenciada solicitó el beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena, aduciendo aplicable la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, toda vez que los hechos ilícitos acontecieron durante la vigencia de dicha ley; el Juez de Ejecución determinó que la que resultaba aplicable era la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque a la fecha en que se solicitó el beneficio (12 de julio de 2019), ésta ya se encontraba vigente; inconforme con esa resolución aquélla promovió juicio de amparo y, posteriormente, recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que a partir del 17 de junio de 2016, los beneficios preliberacionales previstos en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua (abrogada), resultan inaplicables en el nuevo sistema de ejecución penal para aquellos sentenciados que no solicitaron previamente algún beneficio contenido en ésta. Justificación: Lo anterior es así, toda vez que el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que dicha legislación entrará en vigor al día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, salvo los artículos contenidos en el primero y segundo párrafos del artículo segundo transitorio, acorde con las reglas ahí especificadas. Por su parte, el artículo tercero transitorio indica que a partir de su entrada en vigor (17 de junio de 2016), quedarían abrogadas las leyes que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, siempre que no existiese procedimiento preliberacional en trámite. Por tanto, a partir de esa fecha quedó abrogada la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, respecto de aquellos sentenciados que no hubiesen solicitado previamente algún beneficio contenido en esta última legislación, ya que su aplicación opera a partir de que se haya solicitado el beneficio correspondiente." En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del sentenciado, aquí quejoso, en relación al acuerdo reclamado dictado dentro de la carpeta de ejecución de origen, ni advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa, y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesada.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fecha en la que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
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