Cesar Bolaños de Jesús y Otros.

Expediente 345/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
345/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2016

Partes del expediente

  • J. Guadalupe de Jesús Hernández
  • Cesar Bolaños de Jesús y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por xxx, representante común de los quejosos, a través del cual solicita la devolución de documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda, en original y copia certificada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena la devolución de los documentos solicitados, no así de originales, toda vez que como consta en el sello de recibo de este Juzgado, únicamente se ofertaron documentales certificadas. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo signado por la quejosa ****, por derecho propio, contra actos del: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Dos de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 345/2016-IV-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: Omisión de las autoridades responsables de culminar con el procedimiento respectivo de acomodo de campesinos de acuerdo con la resolución presidencial de ****, relativa al acomodo de campesinos procedentes del poblado ****. Omisión. de emitir el documento idóneo con el que se acredite la propiedad de las tierras del predio conocido como La Providencia. a favor de los 19 campesinos beneficiados originalmente. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, la Ley Agraria dispone: Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; De los enunciados normativo trascritos, se advierte que en contra de los actos reclamados, relativos a la omisión de emitir el documento idóneo con el que se acredite la propiedad de las tierras, procede el juicio agrario, medio de defensa ordinario establecido en el artículo de la legislación precitada. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 55/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, pagina 177 de rubro y texto: JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo recoge un aspecto del principio de definitividad del proceso constitucional, en virtud del cual, los actos que se combaten por este medio deben ser inatacables de conformidad con las disposiciones legales ordinarias. Lo anterior obliga, en el caso en el que se combatan actos de autoridades agrarias dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, a agotar el juicio agrario antes de acudir al amparo, dado que por la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que afecten, modifiquen o extingan derechos y de los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, dentro de los cuales pueden comprenderse las actuaciones realizadas dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, aun de las efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la última ley citada anteriormente, siempre que la impugnación se realice con posterioridad a su instauración, en virtud de que ahora corresponde a dichos órganos jurisdiccionales conocer, a través del juicio agrario, de dichas cuestiones. Lo anterior es así, toda vez que el acto que se reclama deriva del incumplimiento un Decreto Promulgatorio del Ejecutivo Federal, es decir, una omisión por parte de tal autoridad de ejecutar el acto reclamado, lo que obliga a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, los medios de defensa -juicio agrario- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que están previstos en las normas referidas, en sus numerales transcritos; es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte afectada o la comparecencia de ésta (articulo 170 de la Ley Agraria), incluso el numeral en cita dispone que de hacerlo conforme al segundo de los supuestos, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene en su caso como fin revocar o anular los actos impugnados, ya que se tramita, con un escrito de expresión de demanda, ante el Tribunal Agrario, la cual se dictara sentencia a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia (artículo 191 fracción I de la Ley Agraria). Asimismo, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las excepciones que prevé la fracción en estudio del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues contempla la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, la cual se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo, es decir, no estipula mayores requisitos, para la concesión de la suspensión y además tiene los mismos alcances de las que contempla de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que, dado la naturaleza omisiva del acto reclamado, no proceda su suspensión. En este orden de ideas, resulta obligatorio para la aquí quejosa, agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo. En tal situación, se desecha la demanda presentada por *****, por derecho propio. REPRESENTANTE COMÚN En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida ****; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo signado por la quejosa ****, por derecho propio, contra actos del: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y, Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Dos de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 345/2016-IV-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: Omisión de las autoridades responsables de culminar con el procedimiento respectivo de acomodo de campesinos de acuerdo con la resolución presidencial de ****, relativa al acomodo de campesinos procedentes del poblado ****. Omisión. de emitir el documento idóneo con el que se acredite la propiedad de las tierras del predio conocido como La Providencia. a favor de los 19 campesinos beneficiados originalmente. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, la Ley Agraria dispone: Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; De los enunciados normativo trascritos, se advierte que en contra de los actos reclamados, relativos a la omisión de emitir el documento idóneo con el que se acredite la propiedad de las tierras, procede el juicio agrario, medio de defensa ordinario establecido en el artículo de la legislación precitada. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 55/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, pagina 177 de rubro y texto: JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo recoge un aspecto del principio de definitividad del proceso constitucional, en virtud del cual, los actos que se combaten por este medio deben ser inatacables de conformidad con las disposiciones legales ordinarias. Lo anterior obliga, en el caso en el que se combatan actos de autoridades agrarias dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, a agotar el juicio agrario antes de acudir al amparo, dado que por la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que afecten, modifiquen o extingan derechos y de los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, dentro de los cuales pueden comprenderse las actuaciones realizadas dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, aun de las efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la última ley citada anteriormente, siempre que la impugnación se realice con posterioridad a su instauración, en virtud de que ahora corresponde a dichos órganos jurisdiccionales conocer, a través del juicio agrario, de dichas cuestiones. Lo anterior es así, toda vez que el acto que se reclama deriva del incumplimiento un Decreto Promulgatorio del Ejecutivo Federal, es decir, una omisión por parte de tal autoridad de ejecutar el acto reclamado, lo que obliga a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, los medios de defensa -juicio agrario- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que están previstos en las normas referidas, en sus numerales transcritos; es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte afectada o la comparecencia de ésta (articulo 170 de la Ley Agraria), incluso el numeral en cita dispone que de hacerlo conforme al segundo de los supuestos, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene en su caso como fin revocar o anular los actos impugnados, ya que se tramita, con un escrito de expresión de demanda, ante el Tribunal Agrario, la cual se dictara sentencia a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia (artículo 191 fracción I de la Ley Agraria). Asimismo, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las excepciones que prevé la fracción en estudio del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues contempla la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, la cual se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo, es decir, no estipula mayores requisitos, para la concesión de la suspensión y además tiene los mismos alcances de las que contempla de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que, dado la naturaleza omisiva del acto reclamado, no proceda su suspensión. En este orden de ideas, resulta obligatorio para la aquí quejosa, agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo. En tal situación, se desecha la demanda presentada por *****, por derecho propio. REPRESENTANTE COMÚN En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida ****; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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