César Bautista Cárdenas

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • César Bautista Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el primero de octubre de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese este proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Incidental

    Cúmplase.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, y 144, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por César Bautista Cárdenas, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en el considerando primero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por César Bautista Cárdenas, contra los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, para los efectos expuestos en él.

  4. Principal

    Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos, por una parte, el primero de los oficios de cuenta proveniente de la Penitenciaría de esta ciudad, mediante el cual se informa que en el organigrama de dicho centro de reclusión no existe la autoridad señalada en la demanda como Personal de Seguridad y Custodia del de la Penitenciaria del D.F.; y por otra, la razón actuarial de la que se advierte la imposibilidad de notificar el oficio 3505/2019, dirigido a la autoridad ahí descrita, toda vez que tampoco existe específicamente con tal denominación. Luego, intégrense los restantes comunicados de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con lo anterior, en virtud del sentido de la determinación que más adelante se pronuncia. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad signante que así lo indica y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Acorde con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas en este juicio, las documentales que se acompañan a los comunicados respectivos, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza. En otro aspecto, resulta imprescindible destacar que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad el primero de marzo de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XIV, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para sustentar lo anterior, se considera necesario precisar que los dispositivos 17 y 18 de la ley reglamentaria, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, en el presente asunto el quejoso señaló como actos reclamados la orden de traslado, y su ejecución, que como se advierte de las documentales mencionadas, en principio, dicha orden fue autorizada por el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México mediante oficio SG/SSP/1507/2018 de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, respecto de la cual, previa solicitud de tal autoridad, el juez Cuadragésimo Octavo Penal de esta ciudad emitió acuerdo de veintitrés del citado mes, en que se pronunció en el sentido de calificar de legal dicha determinación -por ser quien tenía a disposición al quejoso-. En el entendido que el justiciable y su defensa fueron notificados de la determinación judicial el dos de abril siguiente. Establecido lo anterior, como quedó precisado anteriormente, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad el primero de marzo del año en curso, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la ley reglamentaria, lo que motiva la causal de improcedencia advertida, y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de traslado impugnada; máxime que la naturaleza de la misma impide encuadrarla en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley que rige el acto en el caso concreto es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su dispositivo 8, establece: "Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables". Luego, el diverso 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente dispone: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: . c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o . Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. .". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para solicitar la protección constitucional, inició el cuatro de abril de dos mil dieciocho, atendiendo a lo previsto en el precepto 82 citado, y transcurrió de la fecha indicada al veinticuatro de dicho mes, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el primero de marzo de dos mil diecinueve; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días. De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el traslado reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se aprecia de la fracción IV, del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dado que si la autoridad judicial que en su momento tenía a disposición al quejoso intervino al emitir pronunciamiento en el sentido de calificar de legal la autorización del traslado del justiciable de la Penitenciaría al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de esta ciudad, es válido concluir que el acto que afecta indirectamente su libertad es la decisión del referido juez y, por ende, es aplicable la regla genérica de la temporalidad para la promoción del amparo, esto es, la de quince días. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 247 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2015, del rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". De esta forma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley en cita, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sobreseimiento que igualmente se decreta en relación con las autoridades que negaron la existencia de los actos, así como respecto de aquella que aún no remite su informe de ley, ya que en el contexto de este auto queda evidenciado que no existe materia para el análisis del fondo del asunto. En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el diecisiete de abril del año en curso, a las diez horas con veinte minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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