CÉSAR BARAJAS GARCÍA y Otros.
Expediente 279/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- César Barajas García
- CÉSAR BARAJAS GARCÍA y Otros.
- YARELY GONZÁLEZ BUTRÓN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 279/2019. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, César Barajas García y Yarely González Butrón, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO " 1. Del Congreso del Estado de Guerrero, se reclama: 1.1. La discusión, aprobación y expedición de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos, por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente en lo que hace a los artículos 1, 2 y 4. 1.2. La expedición de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente por lo que hace a los articulas 15 y 18, de dicho ordenamiento, que establecen la base y la tasa del impuesto predial. 2. Del Gobernador del Estado de Guerrero, se reclama: 2.1. La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos, por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente en lo que hace a los artículos 1, 2 y 4. 2.2. La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 492, de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente por lo que hace a los artículos 15 y 18, de dicho ordenamiento, que establecen la base y la tasa del impuesto predial. 3. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se reclama: La OMISIÓN DE REFRENDAR el decreto que contiene la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, publicada en el Periódico Oficial el 3 de enero de 1984. 4. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, se reclama: La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la emisión de los recibos por la recepción del pago. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se desechó respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Guerrero, consistente en la orden de publicación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente los artículos 1, 2 y 4, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, en esencia los artículos 15 y 18, y se admitió a trámite por los restantes actos y autoridades, se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 279/2019, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman leyes locales con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente los artículos 1, 2 y 4, , así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente por lo que hace a los artículos 15 y 18. II. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprobación, sanción y promulgación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente los artículos 1, 2 y 4, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente por lo que hace a los artículos 15 y 18. III. Del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la omisión de refrendar el decreto que contiene la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676. IV. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, la aplicación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente los artículos 1, 2 y 4, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente por lo que hace a los artículos 15 y 18. Lo anterior, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación a través del entero de dicho tributo contenido en los recibos de pago con números de folios G 352699, G 352700 y G 352701, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (data en que afirma, le fueron aplicados los numerales que tilda de inconstitucionales con motivo del pago del impuesto predial contenido en los recibos números G 352699, G 352700 y G 352701), sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del uno al veinticinco de marzo del año en curso (descontados los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintitrés y veinticuatro de marzo por haber sido inhábiles, así como el veintiuno de marzo por no haber corrido términos de ley); de ahí que, al haberse presentado la demanda el quince de marzo pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, pues así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan; máxime que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que el quejoso les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales impugnados. Por otro lado, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la existencia del acto que se le reclama; afirmación que se desvirtúa y se tiene por cierto, ya que consta como hecho notorio en la publicación oficial de cada uno de los decretos que aparecieron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, que dicho funcionario público no refrendó la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, sino únicamente fue refrendada por el Secretario General de Gobierno de la propia administración pública estatal guerrerense. Por su parte, el Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero al rendir su informe justificado, reconoció parcialmente el acto que se le atribuyó, reflejado en los recibos de pago G 352699, G 352700 y G 352701, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Sin embargo, lo procedente es tener por cierto el acto de aplicación que se atribuye a la citada autoridad; lo que además se corrobora con el original que corresponden a los aludidos recibos de pago exhibidos por los quejosos, la cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que son suficientes para acreditar el pago realizado por conceptos de impuesto predial (PREDIOS URBANOS EDIFICADOS) e impuestos adicionales. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. A manera de preámbulo se cita lo siguiente: La parte quejosa, acude a esta instancia a reclamar la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 y la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, con motivo de su primer acto de aplicación, bajo el argumento que la regulación del impuesto predial por aquéllas constituye un sistema normativo; en razón a eso, afirma que la falta de refrendo de la legislación citada en primer término hace inconstitucional su causación. Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que se pagó la referida contribución; para acreditarlo, exhibió los originales de los recibos antes anotados, de los cuales se advierte el siguiente fundamento: "De acuerdo a los datos del Registro Catastral especificados en el presente y que además obran a su nombre en el padrón de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal, así como a su cumplimiento al pago del Impuesto Predial con las facultades que otorga lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 36, fracción I y 115 fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 9, 10, 15, 18, 21, 23,24, 26, 27, 61, fracción I, 62, fracción I y 63, fracción I de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20 inciso a), 21 inciso a), 200 fracción V, de la Ley Número 172 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero." De lo anterior se obtiene que fue aplicada la Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin que este juzgador previniera para que el peticionario de la parte quejosa la integrara a la Litis constitucional; esto encuentra su justificación, porque del análisis integral del escrito de demanda no se aprecia motivo de queja alguno que hiciera patente su intención de reclamarla; contrario a ello, de lo narrado en los apartados identificados con los números V y VII de aquel ocurso, se advierte con certeza datos objetivos que permiten concluir que tuvo conocimiento pleno y completo de las legislaciones en las que se funda el pago del impuesto predial desde el momento en que le fueron expedidos los recibos con motivo de tal erogación. Máxime, que en el apartado SEGUNDO del capítulo de conceptos de violación, señaló que puede acudirse al amparo impugnado la ley de hacienda municipal, sin necesidad de combatir la ley de ingresos municipal anual; con lo que hace patente su intención de reclamar en esta instancia constitucional sólo las legislaciones precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Para sustentar su pretensión invoca las Tesis Aisladas de rubro: "LEYES DE INGRESOS, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN IMPUESTO NO ES NECESARIO RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; "INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY DE. AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL CONTRIBUYENTE, AUNQUE SE REGULE EL IMPUESTO AL USO DE AGUA DE POZOS ARTESIANOS EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESE ESTADO". Bajo ese contexto, se estima que en caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 77, ambos de la legislación de la materia, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." La fracción XXIII transcrita, se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 77, de la ley de la materia, que establece que la finalidad de una sentencia en la que se conceda la protección de la justicia de la Unión consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Dicha restitución debe atender en todo caso a la naturaleza del acto reclamado, pues si se trata de un acto de naturaleza positiva, el cual implica un hacer de las responsables que afecta la esfera jurídica del gobernado, el efecto de la protección federal será para que las autoridades dejen insubsistentes sus actos, de forma tal que coloquen al quejoso en el mismo estado en el que se encontraba antes de que aconteciera esa afectación. Por su parte, cuando la violación consiste en un acto negativo, ya sea porque la autoridad se niegue a hacer algo o se abstenga de hacerlo, la protección federal se otorgara con la finalidad de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio especulativo, por lo cual, para determinar la procedencia del mismo, es necesario verificar que la sentencia protectora pueda producir la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, y sólo en el hipotético caso de que no se pudieran concretar los efectos de la posible concesión del amparo, dada la referida finalidad práctica, ningún caso tendría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo cual se actualizaría la hipótesis de improcedencia invocada. Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la aludida causal de improcedencia, se tiene presente que la parte quejosa sostiene entre sus motivos de disenso, una irregularidad formal del Decreto por el que se publica en el Alcance al Número I del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, de tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, consistente en que no fue refrendada por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, asegurándose que con ello se transgrede el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y, por consiguiente, los derechos fundamentales de legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en su redacción anterior a su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por haberse emitido dichas leyes en contravención al proceso legislativo aplicable, en tanto que sólo fueron refrendadas por el Secretario General de Gobierno, no obstante que el referido numeral 76 expresamente obligaba el refrendo de todas las leyes y decretos también del funcionario del ramo que corresponda como requisito de validez. De ese modo, los efectos de una eventual sentencia protectora traerían como consecuencia la desincorporación de dichos ordinales de la esfera jurídica de la solicitante del amparo; ordinales que enseguida se transcriben conforme a los decretos por los que se expidió la Ley de Catastro número 676 y sus posteriores reformas y adiciones. "Artículo 1. Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: I. Registrar, controlar y mantener actualizadas las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz comprendida en la jurisdicción territorial de los municipios del Estado, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos, y para dar el apoyo fundamental en la formulación y adecuación de planes municipales de desarrollo urbano, y planes de ordenación de zonas conurbadas. II. Delimitar las zonas y regiones catastrales de los predios urbanos, suburbanos y rústicos. III. Establecer las normas técnicas para la formación, mejoramiento y conservación de los registros catastrales para el control de la propiedad raíz. IV. Determinar los sistemas de valuación masiva que contemplen, terminología cualitativa, parámetros determinantes de valores unitarios de terreno y construcción, deméritos e incrementos, precisiones y rangos así como mecanismos de adecuación del mismo sistema y reglamentación para su aplicación, que aprobada por la autoridad competente sirva de base para valuar la propiedad raíz. V. Realizar en general, todas las actividades que relacionadas directa o indirectamente con las anteriores, sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley." "Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por: (.) XVIII. Valuación: el proceso de obtención del valor catastral. XIX. Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno y construcción, a las partes correspondientes e integrantes del inmueble. (.)." "Artículo 4. El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta ley, en el Reglamento de Catastro Municipal y en el Manual de Valuación Catastral de los Municipios, el cual a su vez servirá de base para la fijación del impuesto predial." "Artículo 10. El catastro del municipio se basará en la planificación, medición y avalúo de cada uno de los predios que lo integran auxiliándose en tanto éstos trabajos se ejecutan, con las manifestaciones que conforme a esta ley presenten los contribuyentes." "Artículo 20. La valuación catastral tiene por objeto determinar el valor catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio de conformidad con la presente Ley, del Reglamento de Catastro Municipal aprobado para tal efecto y del Manual de Valuación Catastral de los Municipios." "Artículo 22. Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitario para el terreno y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección o Área de Catastro Municipal mismos que previamente estarán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado." "Artículo 23. El valor catastral de los predios determinado técnicamente, se convertirá en valor fiscal de los mismos y deberá considerar invariablemente el valor del terreno, el de las construcciones y obras de mejoramiento ó adicionales que constituyan parte integrante del inmueble; dicho valor podrá ser modificado por las autoridades competentes cuando ocurran las siguientes causas: I. Cuando el Avalúo tenga más de un año de antigüedad, para predios urbanos y rústicos. II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, o ampliaciones de las construcciones ya existentes. III. Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de traslado de dominio u otra causa que modifique el régimen de propiedad del predio. IV. Cuando teniendo un avaluó provisional fijado de conformidad con el artículo 24 de esta ley, se le fije el valor catastral técnicamente determinado, aunque no haya transcurrido el período que alude la Fracción I de este artículo. V. Cuando los predios se fusionen o se subdividan, o sea motivo de fraccionamiento ya sea urbano o campestre. VI. Cuando se cambie el régimen de propiedad individual por el de condominio, tiempo compartido y multipropiedad. VII. Cuando se haya cancelado una exención fiscal concedida en los términos de ley. VIII. Cuando por cualquier motivo se modifiquen las características físicas, jurídicas y económicas que afecten su valor. IX. Cuando se cambie de predio rústico a suburbano y de suburbano a urbano. X. Cuando se dividan terrenos por la apertura de calles o la realización de otras obras públicas." "Artículo 32. La valuación y revaluación catastral de predios se llevará a cabo por el personal autorizado de la Dirección o Área de Catastro Municipales con base en los lineamientos normativos y procedimientos técnicos establecidos en esta Ley, en el Reglamento de Catastro Municipal y en el Manual de Valuación Catastral de los Municipios." "Artículo 33. La valuación y revaluación catastral en particular de los predios rústicos y urbanos se hará con aplicación específica de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, en la forma en que determine esta Ley, el Reglamento de Catastro Municipal y el Manual de Valuación Catastral de los Municipios." Empero el impuesto predial se encuentra regulado en una legislación diversa, tan es así que del análisis de los recibos oficiales de pago G 352699, G 352700 y G 352701, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que su expedición se realizó de conformidad con los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigentes en la época de su aplicación, los cuales disponen, en su orden, lo siguiente: "ARTÍCULO 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera I. Para aquellos predios que hayan sido valuados en los términos de lo dispuesto por la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esta Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, vigentes; se causará y pagará de conformidad con la base y tasa siguiente: a) En predios urbanos y suburbanos baldíos; se pagará el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado. b) En predios rústicos baldíos; se pagará el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado. c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado. d) En predios rústicos edificados; se pagará el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado. e) En los predios ejidales y comunales que hayan sido sujetos al cambio de régimen social; se pagará el 12 al millar anual sobre el valor catastral de las construcciones. f) Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub-urbanas, rústicos, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal; se pagará el 12 al millar anual sobre el 50% del valor catastral determinado, únicamente en el ejercicio fiscal en que queden regularizados a excepción de aquellos que estén al corriente del pago del impuesto. g) Los predios edificados propiedad de discapacitados, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación, hasta por el valor catastral de 7,479 veces la unidad de medida y actualización; pagarán impuesto predial con base a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dando un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, conforme a los lineamientos siguientes: 1. En los casos en que el inmueble sea dedicado totalmente a casa habitación, liquidarán el Impuesto Predial sobre el 50% del valor catastral determinado; excepto si la conversión aplicada da como resultado una cantidad a liquidar menor a la estipulada en la fracción II de este mismo artículo. 2. En los casos en que el inmueble esté parcialmente destinado a casa habitación, se liquidará el Impuesto Predial sobre el 50% del valor catastral determinado para la parte exclusivamente dedicada a casa habitación. El impuesto correspondiente a las áreas no dedicadas a casa habitación, se pagará aplicando la tasa que le corresponde sobre el 100% del valor catastral determinado. 3. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá únicamente para pagos anticipados de todo el año. Este beneficio no es aplicable para años anteriores al vigente. 4. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá siempre y cuando el inmueble sea de su propiedad y así aparezca debidamente registrado en la base de datos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial. 5. Si el valor catastral de la parte del inmueble dedicada a casa habitación excediera las 7,479 veces la unidad de medida y actualización vigente; por el excedente, se pagará sobre el 100% del valor catastral determinado. 6. El beneficio a que se refiere el presente inciso, se concederá para una sola vivienda cuya ubicación corresponderá con el domicilio manifestado en la tarjeta emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en la credencial de elector o el que sea manifestado en las constancias de padres y madres solteros, o de personas con capacidades diferentes emitidas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 7. Para los pensionados o jubilados, además de presentar el documento que los acredite como tal, deberán demostrar su credencial de elector vigente y que el domicilio manifestado en ella coincida con el del inmueble donde se pretenda aplicar el descuento. 8. Será obligatoria la acreditación de los beneficiarios del presente inciso, su supervivencia de forma anual ante las oficinas de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco. II. En ningún caso el impuesto a pagar será menor a la cantidad de 3 unidades de medida y actualización vigente. ARTÍCULO 10. Es objeto de este Impuesto: I. La propiedad de predios urbanos y suburbanos baldíos. II. La propiedad de predios rústicos baldíos. III. La propiedad de predios urbanos y sub-urbanos edificados. IV. La propiedad de predios rústicos edificados. V. Los predios ejidales y comunales, sobre el valor catastral de las construcciones, que hayan sido sujetos al cambio de régimen social. VI. Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub-urbanas, rústicas, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal. VII. Los predios edificados propiedad de discapacitados, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación. ARTÍCULO 11. Son Sujetos de este Impuesto. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. ARTÍCULO 12. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas; así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. El valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esta Ley. Para el ejercicio fiscal 2019 se aplicará a todas las bases grabables un factor de actualización por inflación del .04 adicional a la base gravable del ejercicio fiscal inmediato anterior. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario. ARTÍCULO 13. Los contribuyentes de este Impuesto deberán pagar, ante las oficinas recaudadoras municipales legalmente autorizadas, por bimestres adelantados dentro de los primeros quince días de los meses de: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; cuyas bases de tributación sean superiores a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente. ARTÍCULO 14. Los contribuyentes cuyos predios tengan asignado un valor catastrado o no catastrado hasta 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente; pagarán el impuesto anual en una sola exhibición durante los dos primeros meses de cada año. El hecho de ser aceptado el pago anual anticipado no impide el cobro de diferencias que proceda hacerse por cambio en las bases de tributación ." Como se advierte de los artículos transcritos que fundan el acto de aplicación, también se encuentran los elementos esenciales del impuesto predial, tan es así que conforme a las disposiciones transitorias insertas en la Ley de Ingresos, se deriva la pretensión del legislador, pues su definición y la mecánica de su cálculo se encuentran previstas en esa legislación, sin hacer remisión expresa a alguna otra. Ello, porque en la ley de ingresos se estableció que el impuesto predial causará y se pagará de conformidad con objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, épocas de pago, cuando se trate de predios que hayan sido valuados en términos de lo dispuesto por la Sección Segunda, Capitulo Único del Título Octavo de la Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitario de Terreno y Construcción; de ese apartado se obtiene que, las determinaciones de bases gravables para el cobro de esa contribución se realizará en los términos de la referida ley de ingresos basándose en los valores unitarios de terreno y construcción, asimismo, a través de la aplicación de dichos valores se obtendrá el valor catastral y el valor unitario, es el obtenido mediante los procedimientos establecidos en esa legislación; finalmente, en relación con el proceso de valuación y revaluación catastral de predios urbanos se tomará en consideración lo previsto por la citada ley de ingresos. Lo anterior, hace evidente que la obligación tributaria quedaría incólume, pues como se expuso, la regulación en la causación del impuesto predial está prevista en la referida Ley de Ingresos, la cual no presenta el vicio formal alegado por el quejoso, y que además, éste no lo controvirtió; pues aun cuando se considerara inconstitucional la leyes reclamadas impugnada, como se adelantó no podría reintegrarse a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales que se estimaran transgredidas, en concreto la de legalidad tributaria, mediante la desincorporación de su esfera jurídica de la obligación tributaria relativa, puesto que la constitucionalidad de esta última contenida en el acto de aplicación continuaría vigente por estar prevista en una legislación que no fue reclamada. Por ende, es inconcuso que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa en contra de las citadas legislaciones cuyo efecto sería su inaplicación, en razón de que subsistiría la obligación tributaria al encontrarse prevista la regulación de su causación por una legislación diversa a las reclamadas que no presenta el vicio formal en el que funda el solicitante del amparo la afectación a sus derechos fundamentales. Consecuentemente, los criterios citados por la parte quejosa no resultan aplicables al presente caso, al hacer referencia a una mecánica de causación diversa a la estructurada por el legislador al emitir la referida Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, ya que en ésta trasladó cada uno de elementos de la contribución y de manera expresa dispuso que quedaba sin efecto alguno lo previsto en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676 y para los efectos de la base gravable del impuesto predial, se estará a lo dispuesto en la Sección Única, Predial, del Capitulo Segundo del Título Segundo de la Ley de Ingresos, y para cualquier valuación y revaluación se estará a lo previsto en la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esa Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción; y, en el último de los transitorios, abrogó cualquier disposición o norma legal vigente que se contrapusiera con lo establecido en la referida Ley de Ingresos. Situación diversa a la que se alude en las citadas tesis, pues mientras una ellas, sustenta que la fuente generadora del impuesto lo es la Ley de Hacienda y clasifican a la Ley de Ingresos como un catálogo de ingresos a cobrar en un ejercicio fiscal, concluyendo que su constitucionalidad depende de la referida en primer término; en la otra, se hace referencia a la estrecha vinculación entre ambas al ser la de Ingresos no sólo un catálogo de tributos sino de la forma en que aquellos deben cubrirse, por lo que éstas actualizaban la afectación al interés jurídico del contribuyente. Criterios que eran acorde a la intención del legislador al emitir las leyes de ingresos de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, al establecer que el impuesto predial causará y se pagará de conformidad con objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, épocas de pago, cuando se trate de predios que hayan sido valuados en términos de la Ley de Catastro; así, respecto al tercero de los elementos del impuesto predial, "el valor catastral del predio" se hará conforme con las disposiciones establecidas en la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento; lo cual conforme con lo reseñado la afectación de una impacta en la legalidad de la causación del tributo en análisis. En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende lo procedente es con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que contienen las jurisprudencias 7/97 y 32/97 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 281 y 79, Tomo V, Febrero de 1997 y Tomo VI, Agosto de 1997, respectivamente, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió." "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió." Finalmente, no pasa desapercibido que en los recibos exhibidos por la parte quejosa se advierta el pago de impuestos adicionales; sin embargo, por lo que ello refiere, no es materia de estudio al no existir existe la instancia de la parte agraviada que motive un pronunciamiento al respecto, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción I, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 279/2019. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director General de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Para dar margen a lo anterior y que el contenido del citado informe sea conocido por las partes, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Procurador Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en representación del Secretario del Ramo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones que menciona el oficiante, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucionalNotifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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