César Augusto Sánchez Olmedo

Expediente 400/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
400/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • César Augusto Sánchez Olmedo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a ****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 400/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado... ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, quien esto resuelve estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, el cual se encuentra previsto en la fracción V, a contrario sentido, del artículo 107 en relación con la fracción XXIII del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no produce efecto jurídico ni material que incida en la afectación directa e inmediata de un derecho fundamental o sustantivo en perjuicio de la solicitante de amparo... Sobre la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, pues limitarían los derechos fundamentales de libertad personal y tránsito, propiedad, posesión, etcétera, mismas cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a favor del justiciable agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Amparo. En el caso particular, la parte quejosa aduce reclamar, la omisión de la Junta responsable de pronunciarse respecto de los medios de prueba ofertados en el juicio de origen, toda vez que en auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, se reservó proveer respecto su admisión. Pues bien, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la causa de improcedencia explicada con antelación se surte en la medida de que -según se adelantó- el acto reclamado en modo alguno irroga perjuicio jurídico y material de carácter irreparable en alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Lo anterior es así, en la medida en que las consecuencias derivadas del acto reclamado no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, toda vez que, al momento en que se dicte sentencia, ésta podría ser favorable a sus intereses y en caso contrario tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. Además que no se advierte del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, para que en caso resultara procedente la presente demanda. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la parte quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio natural del que deriva el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente al promovente.

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