Cesar Augusto Ramos Arévalo
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Cesar Augusto Ramos Arévalo
- Comandante Regional o jefe de grupo, de la Policia Especializada, dependiente de la Fiscalia de de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas; once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hicieran manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Coordinador Penal Zona Costa adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que designó al licenciado ****, Defensor Público del Estado adscrito al Juzgado de Ejecución de Tapachula, quien estará a cargo de la asesoría jurídica del quejoso ****; lo anterior, en virtud que en auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso ratificando el escrito de desistimiento de demanda de amparo, y en consecuencia se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad oficiante, a fin de que deje sin efecto la designación realizada. Notifíquese
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. SE AGREGA RAZÓN ACTUARIAL. Vista la cédula de notificación de quince de diciembre de dos mil veintiuno, realizada por la Actuaria de la adscripción, de la que se desprende que el quejoso **** manifestó que ratifica el desistimiento de la demanda de derechos fundamentales. Atento a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de voluntad. En ese orden, y debido a que del contenido de la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso ****, se desistió de la demanda de amparo que generó el juicio en que se actúa, se concluye que la voluntad expresada con antelación por la parte agraviada de promover esa contienda, ha cesado; por tanto, ante esa manifestación ya no existe esa instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta, tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." Debe decirse que el criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En consecuencia, se deja de celebrar la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del cinco de enero de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
MESA 1-A.- CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA ***, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. SE AGREGA RAZÓN ACTUARIAL. Vista la cédula de notificación de quince de diciembre de dos mil veintiuno, realizada por la Actuaria de la adscripción, de la que se desprende que el quejoso **** manifestó que ratifica el desistimiento de la demanda de derechos fundamentales. Atento a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de voluntad. En ese orden, y debido a que del contenido de la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso ****, se desistió de la demanda de amparo que generó el juicio en que se actúa, se concluye que la voluntad expresada con antelación por la parte agraviada de promover esa contienda, ha cesado; por tanto, ante esa manifestación ya no existe esa instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta, tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." Debe decirse que el criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En consecuencia, se deja de celebrar la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del cinco de enero de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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