Cesar Augusto Murrieta Corcolis

Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
29/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Cesar Augusto Murrieta Corcolis
  • Cesar Augusto Murrieta Corcolis y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de ********************, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido. ...De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación que antecede.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional En Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con veinte minutos del siete de abril de dos mil veintidós, estando en audiencia pública María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Armando Barak Borboa, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional prevista por los artículos 115 y 124 de la Ley de Amparo, señalada para esta hora y fecha en el presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Quedando los autos para dictar la resolución correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio remitido por la Coordinadora Jurídico del Centro del Reinserción Social de Mexicali, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de catorce de marzo y remite copia certificada de la hoja de solicitud de visita familiar por parte de ***** y ******, padres del aquí quejoso, así como parte del reporte de control de visitantes; constancias que serán valoradas en la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que la autoridad responsable Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Mexicali (CERESO), con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su correspondiente informe justificado, solicitado en proveído de trece de enero del año que cursa, no obstante de haber sido debidamente notificada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, según se aprecia de la constancia de notificación que obra agregada en autos. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Mexicali (CERESO), a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de las cuales derive el acto que a ella se reclama, toda vez que se consideran necesarias para la resolución del presente asunto. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo requerido en el presente acuerdo, dentro del término concedido, se le impondrá una multa de multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del siete de abril de dos mil veintidós, para su desahogo.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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