César Augusto Guillen Álvarez
Expediente 721/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- César Augusto Guillen Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2, se declara que la sentencia que, por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, negó la protección solicitada, ha causado ejecutoria; hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de depuración.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ......, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos establecidos en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ......., contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero y por las razones y fundamentos contenidos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa. Toda vez que de los mismos autos se aprecia que de las constancias que anexó la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, únicamente remitió las documentales que datan hasta el once de julio del presente año, sin que obren las constancias de las posteriores actuaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias a partir del dictado del auto de once de julio de dos mil diecisiete, a la fecha de que tenga conocimiento de esta proveído dentro del expediente laboral 1213/2012; toda vez que resulta indispensable para el estudio del fondo del asunto; apercibido de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se aprecia que la audiencia constitucional del presente juicio se encontraba señalada para las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre del año en curso, para que tuviera verificativo; sin embargo, toda vez que en términos del acta número 1/2017, levantada a las nueve horas del día veinte de septiembre del año en curso, por el Coordinador de Magistrados, así como los magistrados presidentes del Primer y Segundo Tribunal Colegiado, el Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado, Secretario Encargado del Despacho, Titulares del Primer Tribunal Unitario, de los Juzgados Primero, Séptimo y Décimo de Distrito, en la que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, numeral 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 9, fracciones XIII y XIV y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia administrativa de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con sede en Chilpancingo, Guerrero, se acordó declarar inhábil el día veinte septiembre de la anualidad que transcurre, con motivo del sismo registrado el día diecinueve del mes y año en curso, a efecto de evaluar los daños visibles de los edificios que albergan los órganos jurisdiccionales y en aras de evitar tragedias lamentables en caso de réplicas. Por tanto, la audiencia constitucional se difiere y se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.
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