Cesar Augusto Castro Cuello

Expediente 1231/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1231/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Cesar Augusto Castro Cuello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja Q.A. 257/2021 de su índice. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Órgano Colegiado, resolvió: "UNICO: Es FUNDADO el presente recurso de queja". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en atención a lo ordenado por la superioridad, visto el estado procesal de autos y de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto, pues los actos reclamados deben considerarse de naturaleza laboral. Resulta oportuno citar que el acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en: La negativa de pensión por vejez 21/831266 con folio 1634914996214618283304, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social 7 del Valle. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de esta demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: La competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. En esa medida, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un Juzgado especializado en cierta rama del derecho únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En esa tesitura, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado consistente en la omisión en otorgar la pensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192,097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo anterior se infiere que la litis en este asunto se constriñe a verificar la procedencia de la pensión a favor de la parte quejosa; por tanto, la pretensión de la promovente se encuentra relacionada con cuestiones de índole laboral. En ese contexto, dado que lo reclamado en este juicio está relacionado con una prestación que afecta aspectos de la seguridad social inmersos en materia de trabajo, pues las pensiones son prestaciones que derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se suscita entre la autoridad responsable y la parte quejosa en su calidad de trabajadora, mismas que tienen su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la dependencia o entidad de la administración pública; de ahí que, para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y legal que regula la relación jurídica. Por tanto, si los actos reclamados por la quejosa inciden o están relacionados con una prestación derivada del vínculo de trabajo, tales reclamos deben considerarse eminentemente laboral; por consiguiente, debe conocer de este asunto el Juez Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. No se opone a esta conclusión, el hecho de que el acto se reclama a un organismo que en diversos supuestos se constituye como autoridad administrativa, toda vez que como se precisó en el caso que se estudia, dicha autoridad afecta aspectos inmersos en el derecho de trabajo y, por tanto, debe privilegiarse el contenido material de dicho acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque de esa manera se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de amparo y en esa medida se procura proteger, en su caso, la garantía social aparentemente violada. Se afirma lo anterior porque si el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga, calcula, cancela, niega, suspende o reduce la pensión que defiende la quejosa al estimar, sin prejuzgar, que no se reúnen los requisitos legales para mantenerla, es claro que ese acto incide en el derecho a gozar de una pensión; de ahí su naturaleza laboral; por ende, debe conocer de este asunto el Juez Distrito en Materia de Trabajo en el Ciudad de México, en turno, pues se insiste, el acto reclamado es materialmente laboral. Por los motivos señalados, el conocimiento de este asunto no corresponde a este órgano de control constitucional; por lo que, con apoyo en los artículos 49 de la Ley de Amparo, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla por las razones expuestas. Fórmese cuaderno de antecedentes. Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente a la garantía de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Cabe destacar que la determinación alcanzada no prejuzga sobre la procedencia de la vía de amparo para combatir los actos que se reclaman en este asunto, pues dada la incompetencia de este órgano jurisdiccional no podría realizarse tal pronunciamiento, porque eso, en dado caso, corresponde al Juez competente. Solicítese atentamente al Juez declinado que acuse el recibo correspondiente y precise si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción), así como el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito ni que medie acuerdo alguno autorizando tal petición. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguense sin mayor proveído las razones de la auxiliar de actuario, adscrito a la Unidad de Notificadores Común a Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la autoridad responsable denominada: "Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México", los oficios número 38610/2022 y 38920/2022 de dos y cuatro de agosto de dos mil veintidós, en los cuales se le notifica la suspensión de plano y un requerimiento dictados en autos, por los argumentos expuestos en ella. Lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio registrado con el folio 20520, del 1. Comisionado; 2. Director General de Regulación y Archivo Migratorio; 3. Director General de Control y Verificación Migratoria; 4. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación; y 5. Director General de Protección al Migrante y Vinculación, todos del Instituto Nacional de Migración, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente administrativo del quejoso entre las que destacan: Pase de abordaje de dos de agosto del año en curso, en la línea AEROMEXICO, Ciudad de México, México a Bogotá Colombia, a favor de Cesar Augusto Castro Cuello, boleto 1399001519379, vuelo 0708. Confirmación de Pre-Registro migratorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Puesto de control: Aeropuerto el Dorado, tipo de movimiento: entrada; vuelo: 708, de dos de agosto de dos mil veintidós, a favor de Cesar Augusto Castro Cuello. Resolución definitiva de dos de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente E.A./1S.9/DGCVM/DRM/070/2022 y notificación correspondiente. Por lo que, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, y vista la razón de dos de agosto de dos mil veintidós, de la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional en la que asentó la imposibilidad de notificar la suspensión de plano concedida en autos al quejoso, ya que fue informada por el personal adscrito al Centro de Alta Operatividad 1 (o denominada la Burbuja) en el Aeropuerto de la Ciudad de México que las diecinueve horas de la misma fecha, el quejoso abordó un avión de la aerolínea Aeroméxico para ser deportado a su país de origen. En mérito de lo anterior, ante la imposibilidad de que el quejoso de cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos agosto de dos mil veintidós, ratifique la presente demanda de amparo que carece de firma autógrafa o electrónica, en cumplimiento a lo establecida en los artículos 15 y 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto referido y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Cesar Augusto Castro Cuello, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las responsables que quedan sin efectos las providencias dictadas en el acuerdo de mérito. Finalmente, glósense a los autos los oficios registrados con los folios 20511 y 20566 del 1. Titular de la Oficina de Representación; 2. Comisionado; 3. Director General de Regulación y Archivo Migratorio; 4. Director General de Control y Verificación Migratoria; 5. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación; y 6. Director General de Protección al Migrante y Vinculación, todos del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Atento a su contenido dígase que deberá estarse a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta de la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de seis de julio de dos mil veintidós y al efecto manifiesta la inexistencia del expediente clínico del hoy quejoso. En atención a lo anterior y dada la contumacia de la autoridad responsable de no dar cumplimiento a un mandato judicial, retardando con ello la importación de justicia en el presente juicio de amparo, en preparación a la multa a el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con diverso 259, ambos de la Ley de Amparo gírese oficio al Coordinador de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que remita los datos correspondientes de dicha autoridad a fin de hacer efectiva la multa correspondiente. Sin obstáculo a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase nuevamente a la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Sur y al Director de la Clínica Familiar, Milpa Alta (UNIDAD 093217400), Delegación Zona sur, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado previo a la imposición de una multa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copia debidamente certificada del expediente clínico actualizado del hoy quejoso; sin que pase desapercibido que señale que no se tiene conocimiento del motivo, razón o circunstancia de la ausencia de dicho expediente, toda vez que deben tener un registro o archivo con dichas documentales. Notifíquese.

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