César Augusto Alarcón Navarrete

Expediente 1202/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1202/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
01/02/2017

Partes del expediente

  • César Augusto Alarcón Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...

  2. Principal

    En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas con veinte minutos del trece de enero de dos mil diecisiete, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Eduardo Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional decretada en este asunto sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, auto admisorio de quince de diciembre de dos mil dieciséis, informe justificado de las autoridades responsables, y demás constancias que obran en el sumario. PERIODO PROBATORIO A continuación, se abre el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas y el Secretario hace constar: que la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despecho por vacaciones del titular, ofreció como medios de prueba copias certificadas de diversas documentales relativas a la causa penal 115/2016-I y, que las demás partes no ofrecieron prueba alguna. El Juez acuerda: En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales antes relacionadas; por lo que se cierra el periodo probatorio. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida se apertura la etapa de alegatos y el Secretario hace constar: las partes no ejercieron el derecho de formularlos, ni el agente del Ministerio Público adscrito presentó pedimento. Se cierra la etapa relativa. Con lo anterior se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias, para dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1202/2016, promovido por César Augusto Alarcón Navarrete, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, César Augusto Alarcón Navarrete, por propio derecho, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos a continuación precisados: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: CC. JUEZ PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA, Y LOS CC. JUEZ PRIMERO Y SEGUNDO DE PAZ DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES (señala domicilio). EJECUTORAS: a).- C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO ADSCRITA AL SECTOR CENTRAL (señala domicilio). b).- C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO ADSCRITA AL SECTOR MOZIMBA (señala domicilio). IV.- ACTO RECLAMADO. De las Autoridades Responsables Ordenadoras reclamo la Inconstitucional ORDEN DE APREHENSIÓN, girada en mi contra; y de las Autoridades Señaladas como Responsables Ejecutoras, reclamo la ejecución de dicha orden, por conducto de los Agentes de la Autoridad a su mando..." SEGUNDO. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo como autoridad inexistente al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Central, por lo que en la presente sentencia no se hará pronunciamiento alguno respecto a dicha autoridad; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 36/2016, del aludido Pleno, porque el acto que se reclama a la autoridad, tiene su residencia dentro del domicilio en el cual este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son: - La orden de aprehensión emitida el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 115/2016-I, instruida en contra de César Augusto Alarcón Navarrete, por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones en agravio de Renata Monserrat Salinas Gómez, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda y ampliación de la misma, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, así como los Juzgados Primero y Segundo, ambos de Paz del Ramo Penal, todos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dichas negativas correspondía desvirtuarlas al quejoso en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, del Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Y la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a dichas autoridades responsables. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. La anterior circunstancia se corrobora con las constancias exhibidas por dicha autoridad responsable, consistente en copias certificadas de la causa penal 115/2016-I, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, por tanto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado a dicha autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la autoridad responsable Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al sector Mozimba, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que le reclama el quejoso, sin embargo, al haber aceptado el acto la autoridad responsable ordenadora, es evidente que en cualquier momento pueden ejecutarlo, por ende, lo procedente es desvirtuar su negativa y tener por ciertos el acto que se le reclamó. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por los quejosos, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. De oficio, este resolutor advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del texto de la fracción transcrita, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página 219 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Y la tesis publicada en la página 4981 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIX, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la anterior integración de nuestro Alto Tribunal, de literalidad: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: 1.- El uno de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, giró orden de aprehensión en contra el aquí quejoso César Augusto Alarcón Navarrete, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones en agravio de Renata Monserrat Salinas Gómez, dentro de la causa penal 115/2016-I. 2.- Seguido el procedimiento respectivo, mediante comparecencia efectuada el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, por parte de la citada agraviada e inculpado, la primera mencionada otorgó el más amplio perdón al inculpado, aquí quejoso, por lo que la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por vacaciones del titular, declaró extinguida la acción penal por perdón de la ofendida, ordenando su libertad inmediata. Por tanto, es evidente que al haberse declarado la extinción de la acción penal, ha cambiado la situación jurídica de la parte quejosa, respecto a la citada orden de aprehensión, actualizándose así, la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada ley, toda vez que se actualiza en la especie una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XXI. 1o. 48 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1024 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad ejecutora Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Mozimba, con residencia en esta ciudad, ya que no se le reclama por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace derivar del de la ordenadora. Sirve de sustento a esto último expuesto, la jurisprudencia VI. 2o. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 690 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, que a la letra dispone: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por tanto, atendiendo a que se actualizó la causal de improcedencia antes aludida, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para entrar al estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, el criterio de jurisprudencia 1028, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 708, registro 394984, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por César Augusto Alarcón Navarrete, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisados aquéllos y éstas, en el resultando primero de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese un oficio de la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la comparecencia de veintisiete de diciembre del año en curso, emitida en la causa penal 115/2016-I; dése vista al quejoso por el término de tres días, previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para su conocimiento.

  4. Principal

    Agréguese un oficio de la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el que rinde informe justificado y remite copias certificadas deducidas de la causa penal 115/2016-I; con su contenido y las constancias que adjunta, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo.

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