César Arturo Leyva

Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
926/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • César Arturo Leyva
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, Veracruz, en alcance a su informe justificado acordado en auto de trece de octubre pasado. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba las documentales exhibidas por la autoridad responsable. De las constancias enviadas por la autoridad responsable se advierte en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Por haber desaparecido lo que originó el juicio constitucional. Con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso. Según sea el caso. Puede ocurrir cuando la propia responsable, u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada o cuando abandone el estado de inacción o abstención que se atribuye. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución. La misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar opera cabalmente, es indispensable puntualizar no basta que la autoridad abandone su estado de abstención. Sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto u omisión reclamados. Ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional. Como si hubiera otorgado el amparo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - Septiembre 2011, Novena Época, con número de registro 1002264, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o abandona su estado pasivo. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto u omisión que se ataca. También cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto u omisión reclamados significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o realización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos. Ni los surtirá. No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, es claro los efectos del acto omisivo combatido, han cesado. La litis de este expediente constitucional se centró en la paralización del procedimiento y dilación para dar continuidad y recibir las pruebas ofrecidas por las partes desde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós [fecha de audiencia de ofrecimiento y admisión de las mismas] dentro de los autos del juicio laboral 1978/2019 del índice de la responsable. De las copias certificadas exhibidas por la Junta responsable -a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo-, se observa: 1. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, actuando dentro de los autos del expediente laboral 1978/2019, celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Comparecieron las partes que forman el juicio, ofrecieron y objetaron probanzas. Se cerró la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y en relación con la calificación de pruebas se reservó emitir acuerdo de admisión de pruebas. 2. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de la presente anualidad, se proveyó lo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; y, comisionó al personal actuante de su adscripción notificara el referido proveído a los oferentes de las pruebas en el domicilio que para el efecto señalaron. Lo cual ocurrió el veintiuno de noviembre pasado, como se desprende de las constancias de notificación que agrega. 3. Escrito de ofrecimiento de pruebas de aquí quejoso de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Actuación -acuerdo de calificación de pruebas- [dieciséis de octubre de dos mil veintitrés] posterior a la presentación de la demanda de amparo [doce de septiembre de dos mil veintitrés]. Por tanto, es evidente ha concluido el estado de inactividad (paralización del procedimiento y dilación para dar continuidad y recibir las pruebas ofrecidas por las partes desde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós) del juicio de origen (cesaron sus efectos). Ello se afirma puesto que se desprende la Junta responsable ya se pronunció. En lo que interesa, en relación con el quejoso acordó respecto de las ofrecidas en su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. De ahí que al hacerlo cesó la paralización del procedimiento. Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal... Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, Veracruz, en alcance a su informe justificado acordado en auto de trece de octubre pasado. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba las documentales exhibidas por la autoridad responsable. De las constancias enviadas por la autoridad responsable se advierte en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Por haber desaparecido lo que originó el juicio constitucional. Con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso. Según sea el caso. Puede ocurrir cuando la propia responsable, u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada o cuando abandone el estado de inacción o abstención que se atribuye. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución. La misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar opera cabalmente, es indispensable puntualizar no basta que la autoridad abandone su estado de abstención. Sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto u omisión reclamados. Ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional. Como si hubiera otorgado el amparo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - Septiembre 2011, Novena Época, con número de registro 1002264, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o abandona su estado pasivo. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto u omisión que se ataca. También cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto u omisión reclamados significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o realización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos. Ni los surtirá. No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, es claro los efectos del acto omisivo combatido, han cesado. La litis de este expediente constitucional se centró en la paralización del procedimiento y dilación para dar continuidad y recibir las pruebas ofrecidas por las partes desde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós [fecha de audiencia de ofrecimiento y admisión de las mismas] dentro de los autos del juicio laboral 1978/2019 del índice de la responsable. De las copias certificadas exhibidas por la Junta responsable -a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo-, se observa: 1. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, actuando dentro de los autos del expediente laboral 1978/2019, celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Comparecieron las partes que forman el juicio, ofrecieron y objetaron probanzas. Se cerró la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y en relación con la calificación de pruebas se reservó emitir acuerdo de admisión de pruebas. 2. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de la presente anualidad, se proveyó lo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; y, comisionó al personal actuante de su adscripción notificara el referido proveído a los oferentes de las pruebas en el domicilio que para el efecto señalaron. Lo cual ocurrió el veintiuno de noviembre pasado, como se desprende de las constancias de notificación que agrega. 3. Escrito de ofrecimiento de pruebas de aquí quejoso de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Actuación -acuerdo de calificación de pruebas- [dieciséis de octubre de dos mil veintitrés] posterior a la presentación de la demanda de amparo [doce de septiembre de dos mil veintitrés]. Por tanto, es evidente ha concluido el estado de inactividad (paralización del procedimiento y dilación para dar continuidad y recibir las pruebas ofrecidas por las partes desde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós) del juicio de origen (cesaron sus efectos). Ello se afirma puesto que se desprende la Junta responsable ya se pronunció. En lo que interesa, en relación con el quejoso acordó respecto de las ofrecidas en su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. De ahí que al hacerlo cesó la paralización del procedimiento. Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal... Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de la 1. Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 926/2023-VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Refiere, bajo protesta de decir verdad, la Junta responsable dentro de los autos del juicio laboral ********** señaló el día veinticinco de octubre de dos mil veintidós para que se llevara a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. La cual se celebró, ofreciendo cada parte su material probatorio. Reservándose la responsable acordar lo relativo al recibimiento de las mismas. Manifiesta a la fecha la autoridad responsable ha sido omisa en dar continuidad al juicio natural. De ahí que precisa la litis de este expediente constitucional se centra en la paralización del procedimiento y dilación para dar continuidad y recibir las pruebas ofrecidas por las partes desde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. ADMISIÓN. Al cumplirse los requisitos que para su presentación establece el precepto 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión por no surtirse el requisito previsto en la fracción I del arábigo 128 de la ley de la materia, así como tampoco se configura alguno de los supuestos establecidos por los diversos 126 y 127 del mismo ordenamiento, para que deba ser decretada de oficio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las diez horas diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Se fija atendiendo la carga de trabajo en la agenda de audiencias de este Juzgado de Distrito. El plazo de quince días otorgado para rendir informe justificado en términos del dispositivo 117 de la ley reglamentaria. La vista que debe mediar entre su recepción y el desahogo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo quinto, 63, fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo, debiendo remitir a este juzgado: 1) Copia certificada, legible y en orden de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su respectivo informe, ello de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del precepto de referencia. 2) Asimismo, exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se le apercibe, de no rendir el informe en los términos indicados, sin existir causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se pide a las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la ley en comento, lo informen de inmediato a este juzgado. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá -en forma individual- multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 251 de la ley citada. TERCERO INTERESADO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como parte tercera interesada a: **********. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como tales la presuncional [legal y humana] y la instrumental de actuaciones. Sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Para tal efecto se tiene el correo electrónico y números telefónicos proporcionados en la parte superior de la primera foja de la demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, **********, ********** ********** y ********** ********** **********. Al tratarse de materia de trabajo y acudir la parte trabajadora. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita. Dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5, fracción IV de la ley de la materia. Lo cual en el caso particular, se ordena realizar mediante oficio que al efecto se libre. Acompáñesele copia de la demanda de amparo y anexos. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio de su oficina principal, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I del cuerpo de leyes invocado. TERCERO INTERESADO. Se ordena su llamamiento a juicio mediante oficio que al efecto se libre. Al que se adjunte copia del escrito constitucional y el presente acuerdo. Ello, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso b) y 26, fracción II, inciso b), ambos de la ley de la materia. Notifíquese; y por oficio a la parte tercera interesada..."

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