César Arturo Galindo Pérez

Expediente 511/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
511/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • César Arturo Galindo Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se glosa escrito para efectos de control. Agréguese a los autos únicamente para efectos de control, el escrito signado por el quejoso Cesar Arturo Galindo Pérez, a través del cual realiza diversas manifestaciones, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el cinco de julio pasado, causó estado la determinación en la que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de quince de junio de dos mil veintidós. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    León, Guanajuato, a quince de junio de dos mil veintidós. I. Se levanta reserva. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido al defensor público federal Moisés Páez Altamirano, a efecto de que manifestara lo que a su representación legal convenga, sin que lo haya hecho; por otro lado, del estado de autos se advierte que en proveído de dieciséis de mayo pasado, se reservó proveer respecto al cumplimiento de la prevención formulada al quejoso, hasta en tanto contara con defensor público y/o asesor jurídico que lo represente, lo que en el caso ya aconteció; en consecuencia, se levanta dicha resera y se provee: II. Fijación de la litis constitucional. Vista la demanda de amparo y constancia de notificación personal de once de mayo de dos mil veintidós, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución dictada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, en el incidente no especificado de traslado, promovido dentro del proceso penal 85/2011 y su acumulado, en el sentido de declararlo improcedente. III. Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso reclama ante la presente instancia constitucional la resolución dictada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, en el incidente no especificado de traslado, promovido dentro del proceso penal 85/2011 y su acumulado, en el sentido de declararlo improcedente; de igual forma, de los antecedentes que narra, bajo protesta de decir verdad, se advierte que no interpuso recurso contra dicha resolución, por lo que se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Por tanto, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no interpuso el medio ordinario de defensa (recurso de apelación), en contra de la determinación reclamada, previo a promover el juicio de amparo. El precepto legal invocado, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo a acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, derivado del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y la notificación personal de once de mayo pasado, se advierte que el quejoso tiene el carácter de procesado, así como que la resolución que constituye el acto reclamado, se emitió dentro del incidente no especificado de traslado, de lo que se obtiene que dicho incidente se promovió con fundamento en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual es factible de combatirse a través del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 367, fracción V, de dicha legislación, el cual establece: "Artículo 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: (..) V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado;." Lo resaltado es propio. Del contenido de dicho numeral se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual puede conseguir modificar la determinación de la que se duele en esta instancia constitucional. Por su parte, en caso de que la resolución reclamada se haya emitido en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, de igual forma se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que de conformidad con los artículos 131 y 132 de dicha legislación, la determinación reclamada es factible de combatirse a través del recurso de apelación, como se verá a continuación. Las disposiciones normativas referidas en líneas que anteceden literalmente disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Lo resaltado es propio. De los numerales transcritos con antelación se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual puede conseguir modificar la determinación de la que se duele en esta instancia constitucional. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la resolución dictada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, en el incidente no especificado de traslado, promovido dentro del proceso penal 85/2011 y su acumulado, en el sentido de declararlo improcedente, es incuestionable que previo a acudir al presente juicio de amparo debió interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 367, fracción V del Código Federal de Procedimientos Penales, o bien, de ser el caso, el recurso de apelación establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Por tanto, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Aunado a que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, ni tampoco es extraño por equiparación, puesto que es parte dentro del expediente natural; y IV. No se trata del auto de vinculación a proceso. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -recurso de apelación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Además, cobra relevancia destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 11/2018 (10a.), estableció el criterio de que tratándose de actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra publicado en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente al quejoso y al defensor público federal Moisés Páez Altamirano. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Defensor público acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito presentado por Moisés Páez Altamirano, defensor público federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del quejoso César Arturo Galindo Pérez, dentro del juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Luego, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (MOISESPAEZ), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, al referido defensor público federal. Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos que indica, con la finalidad de entablar comunicaciones no procesales, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Notificación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue asignado como defensor público federal y/o asesor jurídico al licenciado Moisés Páez Altamirano, para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como al defensor y/o asesor antes citado, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora, la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO)." Se ordena notificación personal a defensor público federal y se le da vista con constancia de notificación personal. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se ordena notificar personalmente al defensor público federal, Moisés Páez Altamirano, el auto de tres de mayo del año en curso, en el que se previno al peticionario del amparo; asimismo, désele vista con la constancia de notificación personal practicada al quejoso el once de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le haga de dicho acuerdo, manifieste lo que a su representación legal convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, en su oportunidad, este juzgado acordará lo que en derecho corresponda.

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