César Arnulfo Ramos Méndez

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • César Arnulfo Ramos Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el tres de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo y en el segundo se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a CÉSAR ARNULFO RAMOS MÉNDEZ; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para la devolución de las documentales deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de los documentos, por lo que deberá agendar nueva cita. Hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con la circular SECNO/15/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las diecisiete horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las catorce horas con treinta minutos Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1279/2022-4, promovido por **********, contra los actos que reclama de la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General de Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el cuatro siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el cinco posterior, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1).- La ilegal retención del vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2018, color blanco, con placas de circulación HDH558C, del Servicio Particular del Estado de Guerrero, con número de serie 3N1AB7AD1JL615947 y número de motor MRA8301491J (.) 2) El ilegal cobro e indebido por parte de la autoridad responsable grúas hermanas Rodríguez; pues el suscrito no tiene responsabilidad alguna dentro de la carpeta de investigación, por tanto, resulto ser víctima, máxime que el monto que pretende cobrar la autoridad responsable (.) 3). El auto de fecha 10 de Junio, el cual me fue notificado con fecha 14 de Junio del año dos mil veintidós, en el cual determina AL RESPECTO ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL NO ACUERDA FAVORABLE SU PETICIÓN, en cuanto a la liberación de su vehículo, en virtud de que con fecha dieciséis de Junio de 2022 con oficio UAIFHT-7658/2022 se le hizo entrega de su vehículo, de conformidad con el artículo 239 del código Nacional de Procedimientos Penales. (.). 4).- A todas las autoridades responsables; los actos de ejecución derivados de cada uno de dichos actos. (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía General de Estado de Tabasco. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. Grúas Hermanas Rodríguez. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de agosto de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1279/2022-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La retención del vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2018, color blanco, con placas de circulación HDH558C, del Servicio Particular del Estado de Guerrero, con número de serie 3N1AB7AD1JL615947 y número de motor MRA8301491J. El cobro por el arrastre de la citada unidad vehicular. Auto de diez de julio de dos mil veintidós, emitido por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía en Hechos de Transito de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA. No es cierto el acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando precedente, en lo concerniente a la autoridad responsable Grúas Hermanas Rodríguez, quien por medio de su apoderado legal negó la imputación al rendir informe justificado [Foja 91], sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado tal negativa, no obstante la vista que se le otorgó con el contenido del respectivo informe justificado, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 227634, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Aunado a que, cuando las autoridades responsables niegan los actos que se les reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa la impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Además, tal negativa se construye con base en las propias manifestaciones del quejoso, donde señala que el cobro el monto que pretende cobrar, lo cual implica que no le ha sido fijada cantidad alguna, afirmación que resulta concordante con la manifestación de la autoridad responsable, lo cual junto al hecho de que no obre constancia alguna que clarifique tal cobro, convierte al reclamo en acto futuro de realización incierta, lo cual no puede ser analizado en la vía constitucional. El aplicable al caso, el razonamiento que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Tercera Parte, página 55, séptima época, materia administrativa, registro digital 238544, de rubro y texto: MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo. En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis I.7o.A.24 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1780, décima época, materia común, registro digital 2014131, de rubro y texto: PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo. Idéntica calificativa de inexistencia merece el reclamo señalado como inciso a. en el considerando segundo, relativo a la retención del vehículo que defiende el quejoso, dada la negativa del fiscal responsable y de la representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir sus informes con justificación. [Fojas 44 y 79] Lo anterior es así, ya que, del análisis de la copia certificada de la carpeta de investigación CI-FHT-896/2022 y del informe policial homologado con número de referencia 27PE02004100620221100 de diez de junio de dos mil veintidós, se advierte que efectivamente el vehículo propiedad del impetrante se puso a disposición de la autoridad ministerial responsable, acto con el cual se dio inicio a la carpeta de investigación citada. No obstante mediante acuerdo de devolución de vehículo de dieciséis de junio de dos mil veintidós [Foja 67], la autoridad ministerial responsable estimó que se habían realizado todas las diligencias relacionadas con el vehículo, por lo que ordenó la devolución de mismo a ********** -aquí quejoso-, para lo cual giro oficio a la Policía Estatal para que a su vez ordene la entrega material de la unidad, lo cual se hizo de conocimiento del impetrante, mediante el oficio UAIFHT-7662/2022 de dieciséis de junio. [Foja 69] Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo; esto es, el tres de agosto del presente año, el acto reclamado en estudio era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Con base en lo anterior, queda plenamente acreditada la inexistencia de las conductas incoadas a las autoridades responsables. En consecuencia, ante la inexistencia del acto mencionado se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace a las autoridades responsables y respecto de los actos analizados en el presente considerando. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el reclamado señalado como inciso c. en el considerando segundo, aun cuando lo haya negado la fiscal responsable, al rendir el informe justificado. [Foja 44] Lo anterior es así, ya que, de la copia certificada de las constancias relativas a la carpeta de investigación CI-FHT-896/2022, se advierte que el diez de junio de dos mil veintidós efectivamente dictó acuerdo en el que proveyó la petición del ********** -aquí quejoso-; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, materia común, registro digital 164618, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Acotado lo anterior, se procede al examen del disenso expresado por el peticionario de amparo, que en esencia, que la fiscal responsable no dictó mandamiento escrito para poder ejecutar alguna medida en contra del quejoso, ni mucho menos cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, sino que por el contrario, estos últimos se ven matizados de inconstitucionalidad. Invocó como soporte a su argumento la tesis de rubro: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION., con registro digital 238212. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que los argumentos sintetizados devienen inoperantes, sin que en el caso concreto opere en favor de la parte quejosa suplencia de la queja en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, con el objeto de clarificar lo anterior, deviene relevante puntualizar que el acto materia de análisis constitucional comprende el acuerdo de diez de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta CI-FHT-896/2022 [Foja 70], por medio del cual la fiscal responsable acuerda el escrito de diez de junio anterior, por el cual el quejoso solicita la liberación sin pago alguna de su vehículo. No obstante, la autoridad ministerial le indica que, mediante diverso oficio UAIFHT-7658/2022 de dieciséis de junio de dos mil veintidós, le hizo entrega formal de vehículo, de conformidad el artículo 239 de Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no acuerda favorable la devolución sin cobro, ya que al no interponer querella alguna, el propio quejoso no tiene carácter de víctima en términos de los artículos 4, 26, 27 y 28 de la Ley General de Víctimas. Proveído que se reproduce digitalmente a continuación. Esto es así, ya que los argumentos que componen el concepto de violación no controvierten de modo alguno los aspectos torales en los que la fiscal responsable soportó el acuerdo materia del reclamo. Esto es así, ya que si bien, el quejoso sostiene que la fiscal responsable no dictó mandamiento escrito para ejercer acción alguna en su contra, dado que incumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, tal consideración resulta inoperante por genérica dado que tal postulado implica una mera expresión imprecisa y vaga, dado que no expresar directamente que acto adolece de los citados requisitos, además, tampoco esgrime como es que el auto impugnado genera una vulneración en su esfera jurídica, lo cual imposibilita a este órgano de amparo el estudio, dado que de hacerlo implicaría suplir la deficiencia de la queja, que en el presente caso no resulta procedente. Ilustra lo anterior, por analogía la jurisprudencia I.11o.C. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1600, novena época, materia común, registro digital 176045, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes. Asimismo, es aplicable el razonamiento que soporta la jurisprudencia I.4o.A. J/48, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2121, novena época, materia común, registro digital 173593, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo tal consideración en el criterio 1a. CVIII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo de 2007, novena época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Ahora, respecto de las tesis invocadas en la demanda y relacionadas con los argumentos que resultaron inoperantes, no procede realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las mismas. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia VIII.1o. J/3 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 5, página 3552, décima época, materia común, registro 160604, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO., se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo. En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los motivos de disenso planteados, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por los motivos y fundamentos invocadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por Armando García García, apoderado legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIO DE ARRASTRE HERMANAS RODRIGUEZ, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido transcurre del trece al veintisiete de septiembre actual, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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