Cesar Armenta Salado

Expediente 450/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
450/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Cesar Armenta Salado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S los autos del expediente número 450/2020-I, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por ****, contra actos del César Armenta Salgado, que estima violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, ****, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali ACTO RECLAMADO: "1.Se reclama de la autoridad responsable, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Que en los actos subsecuentes la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, emita el laudo correspondiente en los plazos señalados en la Ley del Servicio Civil. El promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes del acto que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve, del Tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, previa prevención el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 450/2020-I, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación. III.- Se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, hasta celebrarse la correspondiente audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud que se trata de un juicio de amparo promovido contra actos que no requiere ejecución material y la demanda fue presentada dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. En virtud de que el acto que por esta vía se reclama es de naturaleza omisiva, esta juzgadora considera innecesario que se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que la abstención de actuar por parte de las responsables, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, previa lectura íntegra de la demanda, se tendrá como acto reclamado el siguiente: 1. La omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Que los subsecuentes actos del trámite del juicio, se resuelvan con la celeridad prevista en la ley, debiéndose desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos y que se emita laudo correspondiente en los plazos señalados. Ello en atención a que de la lectura de los antecedentes de la demanda, el quejoso refiere que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo el ofrecimiento de pruebas, sin que hubieran acordado al respecto; aunado a que el único concepto de violación lo hace en relación a dicho acto. CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues no obstante que negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa con lo expuesto en el propio informe justificado, del juicio laboral 941/2019-VI. Documentales, a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, esta Juzgadora advierte que en relación al acto reclamado, que la parte quejosa hace consistir en la omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Ahora, de las constancias que remitió la responsable, se advierte lo siguiente: 1) El nueve de septiembre de dos mil veinte, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en los autos del expediente laboral 941/2019-VI, promovido por César Armenta Salgado, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual señaló las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento de pruebas (fojas 44 y 45). 2) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la cual las partes ofrecieron sus medios probatorios, reservándose la responsable a proveer respecto al desahogo de estas (fojas 46 y 47). 3) Luego, por auto de once de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó respecto de las pruebas aportadas por las partes, en primer lugar a las ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa de la siguiente manera: 1. La prueba marcada como número 2, consistente en inspección de las nóminas o recibos de pago, contratos y nombramientos de trabajo que llevaba la demanda Poder Ejecutivo del Estado, señaló las nueve horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno. 2. Respecto a la prueba marcada como número 3, consistente en inspección de las nóminas o recibos de pago, contratos y nombramientos de trabajo que obraran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, donde apareciera la parte actora (aquí quejosa), señaló las doce horas con treinta minutos del quince de febrero actual. 3. Para el desahogo de la prueba número 4, consistente en informe de autoridad, giró oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para recabar los datos solicitados. De lo antes relacionado se aprecia que, la omisión reclamada cesó, ya que durante la tramitación del presente juicio de amparo se subsano la misma al proveer respecto de las pruebas ofertadas por las partes, en virtud de que el once de enero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el auto por medio del cual se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes (foja 49 a 52). En ese sentido, al haberse restituido en el goce de la garantía violada al quejoso respecto del referido acto reclamado, pues si bien es cierto que pudo existir la omisión por parte de la responsable al momento de presentar su demanda; no menos cierto es que a la fecha ya no existe materia sobre la cual la autoridad responsable pueda dar cumplimiento a una eventual sentencia en la que se le concediera el amparo respecto de este acto reclamado. Luego, es dable concluir que los efectos de la omisión reclamada han cesado, y, por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio respecto de dicho acto reclamado. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en que los subsecuentes actos del trámite del juicio se resuelvan con la celeridad requerida por la ley, debiéndose desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos y que se emita laudo correspondiente en los plazos señalados, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo. Los numerales de referencia, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo procede contra actos de realización cierta, por tanto, los subsecuentes actos del trámite del juicio que pudieran retrasarse, son actos con efectos futuros y de realización incierta. Lo anterior, porque con independencia de que en el primer auto la autoridad se pudo haber retrasado al dictar el auto de citación para señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y exista el temor de que la responsable se pueda retrasar en las siguientes etapas del procedimiento laboral, eso sólo corrobora que dichos actos son futuros y de realización incierta, pues aun en un análisis de probabilidades no se podría afirmar en esta etapa que la responsable efectuaran las siguientes etapas del juicio laboral fuera del plazo establecido para ello. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de esta Juzgadora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que el acto que se combate no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa; como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama.". Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no se trata de actos reales y actuales que afecten en su esfera de derechos. De ahí que, con lo externado al respecto no se demuestra la inminencia del referido acto reclamado, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera la parte quejosa la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 19, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones". Asimismo, la jurisprudencia número 23, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados; es decir, se refiere a actos existentes y no futuros e inciertos. Los actos futuros e inciertos, son aquéllos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del imputado o de la autoridad responsable. En consecuencia, no se vulneran derechos sustantivos de la parte promovente de amparo, en ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que por la naturaleza propia de los actos, los efectos o consecuencias del mismo no son actuales o inminentes, sino futuros y de realización incierta, al depender de la conducta de la autoridad, y por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, lo que impone el sobreseimiento en el presente juicio. En mérito de lo expuesto, la suscrita juez se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 5096, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por César Armenta Salgado, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Notifíquese.R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, César Armenta Salgado, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali ACTO RECLAMADO: "1.Se reclama de la autoridad responsable, la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Que en los actos subsecuentes la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, emita el laudo correspondiente en los plazos señalados en la Ley del Servicio Civil. El promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes del acto que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve, del Tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, previa prevención el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 450/2020-I, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación. III.- Se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, hasta celebrarse la correspondiente audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud que se trata de un juicio de amparo promovido contra actos que no requiere ejecución material y la demanda fue presentada dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. En virtud de que el acto que por esta vía se reclama es de naturaleza omisiva, esta juzgadora considera innecesario que se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que la abstención de actuar por parte de las responsables, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, previa lectura íntegra de la demanda, se tendrá como acto reclamado el siguiente: 1. La omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Que los subsecuentes actos del trámite del juicio, se resuelvan con la celeridad prevista en la ley, debiéndose desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos y que se emita laudo correspondiente en los plazos señalados. Ello en atención a que de la lectura de los antecedentes de la demanda, el quejoso refiere que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se llevó a cabo el ofrecimiento de pruebas, sin que hubieran acordado al respecto; aunado a que el único concepto de violación lo hace en relación a dicho acto. CUARTO. Certeza del acto. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues no obstante que negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa con lo expuesto en el propio informe justificado, del juicio laboral 941/2019-VI. Documentales, a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, esta Juzgadora advierte que en relación al acto reclamado, que la parte quejosa hace consistir en la omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar y desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 941/2019-VI, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Ahora, de las constancias que remitió la responsable, se advierte lo siguiente: 1) El nueve de septiembre de dos mil veinte, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en los autos del expediente laboral 941/2019-VI, promovido por César Armenta Salgado, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual señaló las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento de pruebas (fojas 44 y 45). 2) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la cual las partes ofrecieron sus medios probatorios, reservándose la responsable a proveer respecto al desahogo de estas (fojas 46 y 47). 3) Luego, por auto de once de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó respecto de las pruebas aportadas por las partes, en primer lugar a las ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa de la siguiente manera: 1. La prueba marcada como número 2, consistente en inspección de las nóminas o recibos de pago, contratos y nombramientos de trabajo que llevaba la demanda Poder Ejecutivo del Estado, señaló las nueve horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil veintiuno. 2. Respecto a la prueba marcada como número 3, consistente en inspección de las nóminas o recibos de pago, contratos y nombramientos de trabajo que obraran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, donde apareciera la parte actora (aquí quejosa), señaló las doce horas con treinta minutos del quince de febrero actual. 3. Para el desahogo de la prueba número 4, consistente en informe de autoridad, giró oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para recabar los datos solicitados. De lo antes relacionado se aprecia que, la omisión reclamada cesó, ya que durante la tramitación del presente juicio de amparo se subsano la misma al proveer respecto de las pruebas ofertadas por las partes, en virtud de que el once de enero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó el auto por medio del cual se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes (foja 49 a 52). En ese sentido, al haberse restituido en el goce de la garantía violada al quejoso respecto del referido acto reclamado, pues si bien es cierto que pudo existir la omisión por parte de la responsable al momento de presentar su demanda; no menos cierto es que a la fecha ya no existe materia sobre la cual la autoridad responsable pueda dar cumplimiento a una eventual sentencia en la que se le concediera el amparo respecto de este acto reclamado. Luego, es dable concluir que los efectos de la omisión reclamada han cesado, y, por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio respecto de dicho acto reclamado. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en que los subsecuentes actos del trámite del juicio se resuelvan con la celeridad requerida por la ley, debiéndose desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos y que se emita laudo correspondiente en los plazos señalados, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo. Los numerales de referencia, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo procede contra actos de realización cierta, por tanto, los subsecuentes actos del trámite del juicio que pudieran retrasarse, son actos con efectos futuros y de realización incierta. Lo anterior, porque con independencia de que en el primer auto la autoridad se pudo haber retrasado al dictar el auto de citación para señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y exista el temor de que la responsable se pueda retrasar en las siguientes etapas del procedimiento laboral, eso sólo corrobora que dichos actos son futuros y de realización incierta, pues aun en un análisis de probabilidades no se podría afirmar en esta etapa que la responsable efectuaran las siguientes etapas del juicio laboral fuera del plazo establecido para ello. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de esta Juzgadora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que el acto que se combate no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa; como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama.". Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no se trata de actos reales y actuales que afecten en su esfera de derechos. De ahí que, con lo externado al respecto no se demuestra la inminencia del referido acto reclamado, cuenta habida que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera la parte quejosa la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 19, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones". Asimismo, la jurisprudencia número 23, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados; es decir, se refiere a actos existentes y no futuros e inciertos. Los actos futuros e inciertos, son aquéllos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del imputado o de la autoridad responsable. En consecuencia, no se vulneran derechos sustantivos de la parte promovente de amparo, en ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que por la naturaleza propia de los actos, los efectos o consecuencias del mismo no son actuales o inminentes, sino futuros y de realización incierta, al depender de la conducta de la autoridad, y por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, lo que impone el sobreseimiento en el presente juicio. En mérito de lo expuesto, la suscrita juez se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 5096, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual amplía su informe justificado y envía copia certificadas de los proveídos de nueve de septiembre de dos mil veinte donde se celebró la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones; veinticuatro de febrero de dos mil veinte donde se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas; y auto de once de enero del año en curso donde se proveyó sobre la totalidad de las pruebas ofrecidas entre las partes; además las constancias de notificación del auto de once de enero del presente año, dentro del expediente 941/2019-VI de su índice. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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