Cesar Armando Sánchez Hernández
Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cesar Armando Sánchez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte agraviada en auto de dieciséis de octubre último, para que pronunciara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que dentro de tal temporalidad haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: "(...) Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, es decir, con independencia de que no se encuentre en la zona respectiva, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, debido a que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades responsables deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizadas, relativos a los bimestres uno al seis de dicho ejercicio fiscal, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que los contribuyentes reciban una suma equivalente a la que hubieran tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogaron (...)". Sentencia que causó ejecutoria el ocho de mayo de dos mil veintitrés, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que en esa fecha, a fin de establecer cuáles eran los montos que debía pagar el impetrante de amparo por concepto de impuesto predial, aplicando el monto de menor cuantía atendiendo al uso, tipología y sector del inmueble, citado, se apertura incidente innominado, a fin de que las partes aportaran elementos de prueba fehacientes para determinar la cantidad exacta que debía pagarse al impetrante de amparo y de esa forma estar en posibilidad de hacer cumplir la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el nueve de junio del año actual, se resolvió el citado incidente y se determinó que el monto por concepto de pago del impuesto predial referente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, era la cantidad de $1,737.48 (un mil setecientos treinta y siete pesos 48/100), moneda nacional, respecto del inmueble identificado con el número de cuenta 01-132-112-008-0000. El veinte de junio de la anualidad en curso, se tuvo a la Tesorera y Director de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, interponiendo recurso de queja contra la interlocutoria recaída al incidente innominado citado en el párrafo que antecede, correspondiendo, para su substanciación al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, quien el treinta uno de agosto del año en curso, al resolver la queja administrativa********************/2023, declaró infundado dicho medio de impugnación planteado. Por lo anterior el veinte de septiembre de la anualidad que transcurre, se requirió a la Tesorera del Municipio de Juárez, el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio. En atención a lo anterior y al posterior requerimiento de veintisiete de septiembre siguiente, la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, mediante oficio TM/CJT/********************/2023, recibido en este juzgado el trece de octubre siguiente, adjuntó el copia certificada del cheque ********************, de cinco de octubre de dos mil veintitrés, a favor de ********************, por la cantidad de $6,818.63 (seis mil ochocientos dieciocho pesos con sesenta y tres centavos), moneda nacional y a cargo de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México BANAMEX, con lo cual en auto de dieciséis de octubre de la anualidad que corre, se dio vista al impetrante de amparo, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a este día haya realizado pronunciamiento alguno, no obstante que dicho proveído se le notificó el diecisiete de octubre del año actual. Por tanto, al haberse expedido el cheque indicado, con el cual se dio vista a la parte quejosa como se indicó en el párrafo que antecede, sin que a este día haya realizado pronunciamiento alguno; en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable indicada se declara cumplida la ejecutoria de amparo; asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo. Hágase del conocimiento del quejoso, que contra la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se encuentra disponible el cheque ********************, de cinco de octubre del año actual, por la cantidad de $6,818.63 (seis mil ochocientos dieciocho pesos con sesenta y tres centavos), moneda nacional, a favor del impetrante de amparo ******************** y a cargo de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante de Grupo Financiero Banamex, por concepto de pago de impuesto predial de dos mil veintitrés, documento del cual adjunta copia certificada. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; apercibido que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable indicada. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, con el cual informa el cálculo de la actualización del monto a devolver al quejoso César Armando Sánchez Hernández y comunica las gestiones realizadas a fin de devolver la cantidad determinada $6,818.63 (seis mil ochocientos dieciocho pesos con sesenta y tres centavos), moneda nacional, correspondiente al pago en exceso por concepto de impuesto predial dos mil veintitrés, incluyendo su actualización, correspondiente a la clave catastral 01-132-112-008-0000, lo que acredita con la documentación que para tal efecto exhibe. Por lo que hace a la prórroga que solicita, a efecto de devolver la cantidad citada al impetrante de amparo, se autoriza por única ocasión, dada la complejidad que manifiesta la responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo, un plazo improrrogable de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído y una vez transcurrido éste, deberá cumplir de inmediato la sentencia protectora, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado o de no informar a este órgano judicial el impedimento legal que le asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 258, de la ley en la materia, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Asimismo, requiérase en términos del citado precepto 192, párrafo tercero, de la ley en aplicación, al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, como superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del plazo de diez días, otorgado en el párrafo que antecede, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio dentro del lapso indicado, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1380, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se impondrá la multa a que se refiere el numeral 258 de la ley en aplicación, esto es, cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales colegiados de Circuito; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del numeral 192 de la de la ley de la materia, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Finalmente, incorpórese al expediente en que se actúa, la diversa comunicación de cuenta, signada por el Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, con el que informa que en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de los actuales, giró oficio a la contadora pública Dayira Raquel Fernández Martínez, Tesorera Municipal, a fin de que informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos y plazo ahí estipulados; lo que acredita con la documental que exhibe. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por Rodrigo Caballero Chávez, Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada por el citado tribunal, el treinta y uno de agosto del actual, en el recurso de queja administrativo 124/2023, promovido por la Tesorera del Municipio de Ciudad Juárez y por el Director de Catastro ambos del Municipio de Juárez, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja". Como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, se ordena reanudar el procedimiento de ejecución de sentencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, dé cumplimiento al fallo protector, consistente en devolver a la peticionaria de amparo la cantidad por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, que pagó en demasía, debidamente actualizada, en los términos establecidos en la resolución de nueve de junio de dos mil veintitrés, relativa al incidente innominado. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado o no informar a este órgano judicial el impedimento legal que le asista para ello, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 258, de la ley de la materia, se le impondrá como medio de apremio multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales colegiados de Circuito. Asimismo, requiérase en términos del citado precepto 192, párrafo tercero, de la ley en aplicación, al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, como superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1380, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se impondrá la multa a que se refiere el numeral 258 de la ley en aplicación, esto es, cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales colegiados de Circuito; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del numeral 192 de la de la ley de la materia, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese.
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