César Armando Gómez Sánchez

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • César Armando Gómez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 1-B "...Visto el estado de autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 66 a 72), se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ****************, ...como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo,...con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."

  2. Principal

    MESA I-B SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, PREVIO CITATORIO: Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 331/2019. Desechamiento En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [...]!""INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. [...] Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que el quejoso acude a este juicio con un interés simple mas no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que refiere en su demanda. Lo anterior es así, pues acude como ciudadano a reclamar la omisión de las responsables de proteger su derecho humano, a un medio ambiente sano y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de la omisión de las autoridades responsables de tomas las medidas necesarias para evitar la contaminación del río mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca. Es así, porque el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de la contaminación, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable para el quejoso, por lo que no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no describe ni se advierte que el quejoso, haya resentido afectación alguna en su salud, puesto que, de su demanda de amparo manifestó que el viernes cinco de abril del año en curso, se encontraba laborando como operador de transporte público (taxi), cuando un pasajero le pidió el servicio a la comunidad de la Agencia Municipal de Santa María Xochixtlapilco, perteneciente al Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. A unos trescientos metros antes de llegar a su lugar de destino, sobre el camino de terracería que divide el Municipio del Río Mixteco, se pudo percatar de un intenso olor a excremento proveniente de lugar donde se ubica la planta tratadora de aguas residuales de la población del rastro municipal. Al detener su marcha, pudo observar que la mitad del río se encontraba con una coloración lodosa de agua, asimismo, que se descargaban aguas residuales y fecales directamente en el Río Mixteco. Ahora, se advierte que el quejoso acude al juicio de amparo alegando un interés legítimo, sin embargo, como se expuso, el quejoso únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano que tiene un interés simple en que no se contaminen los ríos ni el medio ambiente. Sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, el quejoso únicamente acredita su interés en preservar un ambiente sano y conservar limpio el Río Mixteco, sin embargo, el quejoso no demuestra una afectación real y directa, puesto que no demuestra que vive junto a la ribera del río y que como consecuencia de la contaminación del río, se haya causado un problema a su salud. Además, de la copia de su credencial para votar que anexó a su demanda de amparo, se advierte que su domicilio se ubica en la Calle Iztaccihuatl, sin número, Colonia Sinahí, Heroíca Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; domicilio que no se encuentra dentro del perímetro de la ribera del Río Mixteco, como se advierte del mapa de ese municipio, disponible en Google Maps. Por tanto, se deduce que el quejoso comparece al juicio de amaro ostentando únicamente un interés simple, como el de cualquier ciudadano en que no se contaminen los ríos y se conserve un medio ambiente sano; sin que acredite un interés legítimo que demuestre una afectación real y directa en su persona. Además, no se advierte que el impetrante del amparo pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. Luego, se concluye que el aquí quejoso no tiene interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de garantías, pues, se insiste, los actos reclamados no afectan su esfera jurídica, sino únicamente un interés simple; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. [...]Así como la tesis 1a. CCXCI/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 335, con registro digital 2018693, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. [...]En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. ...De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. ...Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado, en los términos y con las facultades plasmadas en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Carlos Adrián Ramírez Rodríguez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, por no tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema citado... Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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