César Anuar Escalante Ojeda
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- César Anuar Escalante Ojeda
- Defensoría Públca Con Sede En Rosarito.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia de dictado en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA. Orden de archivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu archívese este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, toda vez que la resolución no implica ejecución alguna en este asunto; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración de constancias. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que en el juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, relativo al mismo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo. Cuaderno incidental. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se declaró sin materia la medida cautelar definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de tres años. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional, y en su momento remítase al archivo de este Juzgado. Transferencia. En relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 20 del citado Acuerdo General, que establece que el archivo judicial reciente será destruido en el órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, remítase el presente expediente al archivo de este Juzgado Federal para el resguardo, hasta en tanto transcurran los plazos mencionados. Digitalización. De conformidad con el artículo 25 del multicitado Acuerdo, se instruye al Secretario encargado del asunto para que verifique que la versión electrónica coincida en la totalidad con la impresa, previo a la transferencia de la documentación. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal a recoger los documentos originales que exhibió.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos sin mayor proveído los oficios que envía el Director del Centro Penitenciario "El Hongo II", en Tecate, Baja California, toda vez que en fecha veintinueve de agosto del presente año se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Hago constar que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista fijada en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el contenido del proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, al quejoso César Anuar Escalante Ojeda, como esta ordenado en autos. Proveído que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que el quejoso César Anuar Escalante Ojeda, reclamó en la demanda de amparo de la responsable, lo siguiente: "En relación con el juicio de amparo indirecto 97/2023-V, promovido por propio derecho, solicito se me notifique si ya se llevó a cabo la audiencia constitucional de este juicio." De la copia de la razón actuarial relativa al juicio de amparo 97/2023-V, se advierte que en fecha diecisiete de agosto del presente año se notificó a dicho quejoso la sentencia dictada en ese expediente; constancia que se agrega a los autos por ser un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 226, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, página 153, registro 394182; que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En atención a lo anterior en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, el cual señala: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...]." La causal de improcedencia mencionada, establece que el juicio de amparo es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, es decir, que se destruyan sus efectos de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77, circunstancia que acontece en el juicio de amparo en que se actúa. En efecto, lo anterior se sustenta al considerar que de las constancias supraindicadas y valoradas, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado por el solicitante del amparo, ya que como ha quedado apuntado, reclamó que en relación con el juicio de amparo indirecto 97/2023-V, promovido por propio derecho, el quejoso César Anuar Escalante Ojeda solicito se le notifique si ya se llevó a cabo la audiencia constitucional de dicho juicio; luego, de la razón actuarial relativa a dicho expediente, se advierte que en fecha diecisiete de agosto del presente año se notificó a dicho quejoso la sentencia dictada en ese expediente. Tal y como se advierte con las siguientes imágenes insertas: Por lo cual resulta evidente que a la fecha en que se dicta el presente proveído el acto que reclama ya cesó en sus efectos, actualizándose por ello la casual de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés. En apoyo a lo anterior, se citan las siguientes tesis que si bien interpretan los artículos de la abrogada Ley de Amparo, continúan siendo aplicables conforme al artículo sexto transitorio del Decreto por el que se promulgó la actual legislación de Amparo, por no ser contrarias al contenido de los artículos de dicha Ley. Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto que a continuación se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, los oficios que envía el Director del Centro Penitenciario El Hongo II, en Tecate, Baja California, mediante los cuales remite la boleta de libertad del quejoso ********* mismo que quedó libre el cuatro de julio del presente año; lo cual hace de conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija, en su lugar, las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de septiembre del dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
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