César Antonio Vázquez Esquivel
Expediente 716/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- César Antonio Vázquez Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
:: Téngase al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente sumario el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.
- Principal
:: Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, glósese a este expediente una impresión del escrito de expresión de agravios y con fotocopias de la misma distribúyanse entre las partes. Una vez que se cuenten con las notificaciones del recurso, sin ulterior acuerdo, con fundamento en los artículos 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y Único del Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, el i) original del escrito de expresión de agravios, así como los ii) autos originales del presente juicio en que se actúa y iii) un tomo de pruebas, para la sustanciación del referido medio de impugnación.
- Principal
:: Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, que dice: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, glósese a este expediente una impresión del escrito de expresión de agravios y con fotocopias de la misma distribúyanse entre las partes. Una vez que se cuenten con las notificaciones del recurso, sin ulterior acuerdo, con fundamento en los artículos 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y Único del Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, el i) original del escrito de expresión de agravios, así como los ii) autos originales del presente juicio en que se actúa y iii) un tomo de pruebas, para la sustanciación del referido medio de impugnación."
- Principal
:: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 716/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado de la autoridad responsable; en consecuencia; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa (fojas 72, 73 y 123 a 138) y la autoridad responsable (tomo de pruebas) ofrecieron pruebas documentales; de igual forma, la primera de las nombradas ofreció la presuncional y la instrumental de actuaciones, sin que la fiscal federal adscrita ofreciera prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, las cuales se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por concluida la fase probatoria de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la fiscal federal adscrita (fojas 106 a 110) y la parte quejosa (fojas 119 a 122) formularon manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez acuerda: téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la parte quejosa; asimismo, dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto juicio de amparo 716/2022-IV, promovido por ***, por propio de derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma fecha a este juzgado de distrito, ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo; ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: - - - a).- Se reclama el auto de radicación de fecha 28 de junio de 2021, emitido por la Honorable Junta Especial Número 56 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con Residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde admite la competencia para conocer del juicio laboral ***, radicado en la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, toda vez que esta última declinó su competencia a favor de la Junta Especial Número 56 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con Residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, con fecha 19 de mayo del año 2021. - - - (.) - - - b).- Se reclama la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, celebrada en fecha 29 de abril del año 2022, y el acuerdo de la misma fecha que se emitió en la misma audiencia donde se fijó nueva fecha para celebrar la audiencia Conciliación, demanda y excepciones, quedando para el 5 de septiembre del año 2022, a las once horas." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el quince de julio de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, por auto de dieciocho de julio siguiente se radicó con el número 716/2022-IV y se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 664/2022 en el sentido de conceder el amparo solicitado; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se reconoció el carácter de tercero interesada a ***, quien fue emplazada a juicio (fojas 146 y 147); y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia laboral, que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) El auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por medio de la cual aceptó la competencia que le fue declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, para conocer del juicio laboral ***. b) El acuerdo emitido en audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, donde se determinó diferir dicha audiencia y se fijó nueva fecha y hora para su celebración. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidenta, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos que se le reclaman (foja 93). En todo caso, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el contenido de la fotocopia certificada del juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo (tomo de pruebas), que remitió la propia responsable y que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. En efecto, de dichas constancias emerge la existencia del auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral de origen, en que la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo aceptó la competencia que le fue declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, para conocer del juicio laboral ***, así como de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintidós donde se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la misma. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, respecto del acto precisado en considerando tercero, inciso b), de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. De la interpretación armónica de los preceptos normativos invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos dentro de juicio que no tienen una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, con independencia de la definición legal contenida en el segundo de los numerales invocados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que por actos ejecutivos de naturaleza irreparable (actos de imposible reparación), deben entenderse aquéllos que producen dentro del procedimiento judicial una afectación de modo directo e inmediato a los derechos fundamentales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal. Dicho de otro modo, se ha determinado que los actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales, tutelados por el ordenamiento primario positivo, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese sentido, de la demanda promovida se advierte, que el quejoso, acude a esta instancia constitucional a reclamar el acuerdo emitido en audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio laboral de origen, donde se determinó diferir dicha audiencia y se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo. Luego, se estima que el acto reclamado en cita no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del aquí quejoso. Lo anterior, en razón que el pronunciamiento emitido por la junta responsable en dicho acuerdo en el sentido de diferir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución y señalar nueva fecha y hora para que tenga verificativo, no puede considerarse que sea de imposible reparación ya que solo tiene como efecto la continuación del procedimiento laboral de origen; de ahí que el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato en los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que resulte improcedente el juicio de amparo, toda vez que la afectación material debe ser actual, esto es, que con el acto reclamado se produzca una lesión de imposible reparación para la promovente del juicio de amparo; lo cual en el caso que nos ocupa no acontece. Bajo esa premisa, independientemente que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, porque para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Sobre esa base, como los efectos que produce el acto reclamado en la esfera jurídica de la hoy quejosa son de naturaleza eminentemente adjetiva o procesal, conlleva a sostener que no se está en la hipótesis a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de manera que, de llegar a trascender en perjuicio de la parte quejosa, la trasgresión de que se duele podrán hacerla valer a través del juicio de amparo directo, una vez que se emita el laudo correspondiente. En ese orden de ideas, el juicio de amparo respecto del acto reclamado en estudio es improcedente, pues no es de imposible reparación al no vulnerar en forma directa derechos sustantivos establecidos en el bloque de constitucionalidad formado por la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por México, en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la tesis que se cita: Época: Octava Época Registro: 215913 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 207 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En ese orden de ideas, al no concurrir en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado señalado en considerando tercero, inciso b), de esta sentencia, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Luego, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente en relación al restante acto reclamado, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. En consecuencia, procede abordar el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Uno de los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa resulta infundado y el restante es inoperante. En el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia se precisó que la parte quejosa reclama auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por medio de la cual aceptó la competencia que le fue declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, para conocer del juicio laboral ***. Para una mejor comprensión, es necesario citar los siguientes antecedentes de los actos reclamados que se deducen de los archivos de audio y video relativos a la carpeta de juicio oral *** del índice de la responsable: 1. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte en la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, *** demandó en la vía laboral a *** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, al pago de las prestaciones ahí señaladas. 2. El diez de septiembre de dos mil veinte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, admitió a trámite la demanda en comento bajo el número de expediente ***; ordenó emplazar a la parte demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de Ley. 3. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia incidental relativa al incidente de competencia planteado por la parte demandada, el cual fue declarado procedente, por lo que se declinó la competencia legal para continuar conociendo de dicho controvertido a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 4. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, recibió el expediente ***; lo radicó con el nuevo número de juicio *** de su índice y aceptó la competencia planteada, por lo que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de Ley. El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Al respecto, la parte quejosa expresa como concepto de violación -en esencia- el siguiente: 1. Que la determinación de legal incompetencia emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y convalidada por la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, resultan ilegales, pues a decir de la quejosa, la persona moral demandada *** no acreditó tener como objeto social exclusivo, la producción de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. En efecto, a decir de la parte quejosa, para que se actualizara la regla de competencia federal para la resolución de conflictos laborales, prevista en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), numeral 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, fracción I, punto 16, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, el objeto social de la moral demandada debía ser exclusivamente la producción de alimentos, abarcando únicamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. Sin embargo, continúa diciendo la parte quejosa, que la demandada exhibió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, la escritura pública *** de siete de mayo de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Número *** de la Ciudad de México, de la cual refiere la amparista, se aprecia que el objeto social de la moral accionada no solo es la venta de productos de panificación, sino otros rubros como el comercio y la industria en general; arrendamiento, venta, compra de bienes muebles e inmuebles, dar servicios técnicos, administrativos y de supervisión de asesorías, tales como servicios contables, financieros, tesorería, auditoría, mercadotecnia, preparación de balances, presupuestos. Por tanto, aduce la parte impetrante, que el objeto social de *** no es exclusivamente, la producción de productos de panificación, sino que tiene dieciséis objetos sociales más, de ahí que la competencia para conocer del conflicto laboral de origen se surte en favor de la autoridad local que previno en su conocimiento. Argumento que la parte quejosa sostiene toralmente en la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A UNA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO EN QUE ES PARTE UNA EMPRESA RESTAURANTERA CUYA ESCRITURA CONSTITUTIVA SEÑALA, ENTRE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS, FRESCOS, SEMIELABORADOS, CONGELADOS, EMPACADOS, ENLATADOS O CONDIMENTADOS Y PREPARADOS PARA SU CONSUMO HUMANO. , así como las diversas que transcribió en su demanda de amparo y que en obvio de transcripciones innecesarias se tienen por reproducidas. 2. Que es ilegal que la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, le haya prevenido para que en el término de tres días precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar del riesgo de trabajo por el cual se duele, pues no reclama ninguna prestación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como se dijo, el primer concepto de violación resulta infundado y el segundo de ellos es inoperante y serán abordados en el orden propuesto. Respecto a la competencia para conocer de conflictos en materia del trabajo, es conveniente tener en cuenta el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), punto 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece: Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. - - - El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: - - - A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: - - - (...) - - - XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: - - - a) Ramas industriales y servicios: - - - (.) - - - - 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;... Así como en lo que dispone el diverso artículo 527, fracción I, punto 16, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que precisa: Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: - - - I. Ramas industriales y de servicios: - - - - (.) 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello... Como se aprecia, el último precepto transcrito, en su fracción I, punto 16, replica el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), subinciso 16, de la Constitución Federal, y en su conjunto acotan uno de los supuestos en que se materializan la competencia de la autoridad federal en el conocimiento de los conflictos laborales respectivos, específicamente, cuando éstos involucran, como en el caso, la presencia de personas morales dedicadas a la producción de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. Así, para resolver el problema de competencia legal, se estima importante destacar la directriz que deriva de los siguientes criterios de jurisprudencia: Registro digital: 200644 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 4/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Febrero de 1996, página 213 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA LABORAL. AUNQUE EL OBJETO DE LAS SOCIEDADES ENUNCIADO EN SU ESTATUTO, RESULTA INSUFICIENTE, POR SI SOLO, PARA DEMOSTRAR LA ACTIVIDAD QUE REALMENTE REALIZAN, ES DETERMINANTE SI NO HAY ELEMENTO QUE LO DESVIRTUE. El objeto social de las sociedades enunciado en la escritura constitutiva, o sus reformas, resulta insuficiente para demostrar las actividades que realmente realizan y, por sí solo, no es determinante para fincar la competencia en alguna autoridad jurisdiccional; sin embargo, si ese dato es el único que aparece en autos acerca de la actividad que desempeña la empresa demandada en el juicio laboral, el mismo adquiere relevancia para decidir la competencia, cuando no es motivo de controversia entre las partes y no aparece contrariado con ningún otro elemento de prueba. Registro digital: 207661 Instancia: Cuarta Sala Octava Época Materias(s): Laboral Tesis: 4a./J. 49/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 84, Diciembre de 1994, página 25 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA FEDERAL. DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADA. Si no queda demostrado en autos que la empresa demandada pertenezca a una de las industrias que señalan los artículos 123, fracción XXXI, de la Constitución Federal y su relativo 527 de la Ley Federal del Trabajo, o que actúe exclusivamente en virtud de un contrato o concesión federal o se trate de una empresa descentralizada o administrada en forma directa por el Gobierno Federal, ni que el actor preste sus servicios en zona federal, no se surten los requisitos que establecen los preceptos aludidos, para que un asunto sea de la competencia de las autoridades federales del trabajo, ya que estas autoridades sólo tienen competencia en los casos de excepción a que dichos preceptos se refieren. Siguiendo los lineamientos de las jurisprudencias antes descritas, el objeto social de las sociedades enunciado en la escritura constitutiva, o sus reformas, resultaría insuficiente para demostrar las actividades que realmente realizan y, por sí solo, no es determinante para fincar la competencia en alguna autoridad jurisdiccional. Sin embargo, si ese dato es el único que aparece en autos acerca de la actividad que desempeña la empresa demandada en el juicio laboral, el mismo adquiere relevancia para decidir la competencia, cuando no es motivo de controversia entre las partes y no aparece contrariado con ningún otro elemento de prueba. Partiendo de este contexto, se estima que con base al objeto social que se contiene en el instrumento notarial de la persona moral ***, la actividad desarrollada es para la industria alimenticia, en el caso, fabricar, producir, adquirir, vender, transformar, empacar, envolver, distribuir, exhibir, importar, exportar, trasladar, transportar y en general comerciar y negociar con productos de panificación y con toda clase de productos alimenticios en general, incluyendo la materia prima, los productos ya elaborados, sean propios o ajenos y cualquier otra actividad relacionada con las actividades de referencia, como se aprecia de la escritura pública *** de siete de mayo de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Número *** de la Ciudad de México, y en el caso no se advierte prueba en contrario; por tanto, compete a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el conocimiento de los litigios laborales en que se vea involucrada. Por tanto, si de acuerdo al contenido del objeto social de la persona moral que deriva del acta constitutiva, se establecen de manera específica diversas actividades industriales relacionadas con fabricar, producir, adquirir, vender, transformar, empacar, envolver, distribuir, exhibir, importar, exportar, trasladar, transportar y en general comerciar y negociar con productos de panificación y con toda clase de productos alimenticios en general, incluyendo la materia prima, como se dijo, resulta que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es legalmente competente, se destaca, porque el objeto social en los términos señalados, es lo único que pudo haber atendido la autoridad laboral en cuanto a la actividad que desempeña la empresa demandada en el juicio y no se advirtió prueba en contrario, cuando menos hasta esa etapa procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2014932 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: PC.XVII. J/9 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, página 1511 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DE CONFLICTOS LABORALES. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL DEMANDADA SE ADVIERTA QUE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE RELACIONA CON Y PARA LA MINERÍA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), punto 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, fracción I, punto 6, de la Ley Federal del Trabajo, deriva la competencia excepcional federal para el conocimiento de los juicios laborales; de ahí que para establecer si corresponde a la Junta Local o a la Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento del caso, debe analizarse el objeto social de la persona moral demandada contenido en su acta constitutiva, y si de éste se advierte que la rama de la industria está relacionada con y para la minería, al encontrarse vinculada con la exploración, explotación y beneficios, descritos en términos de los artículos 2o. y 3o. de la Ley Minera, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de la demanda laboral, salvo prueba en contrario. Cabe destacar que el criterio en cita derivó de la contradicción de tesis 13/2016 del Pleno del Décimo Séptimo Circuito, que resolvió la denuncia relativa a la diversa tesis invocada por el quejoso de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A UNA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO EN QUE ES PARTE UNA EMPRESA RESTAURANTERA CUYA ESCRITURA CONSTITUTIVA SEÑALA, ENTRE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS, FRESCOS, SEMIELABORADOS, CONGELADOS, EMPACADOS, ENLATADOS O CONDIMENTADOS Y PREPARADOS PARA SU CONSUMO HUMANO. De ahí lo infundado del primer concepto de violación, pues se estima que la competencia para conocer del asunto de origen, efectivamente corresponde a la Junta Especian Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Finalmente, el segundo de los conceptos de violación relativo a que es ilegal que la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, haya prevenido al quejoso para que en el término de tres días precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar del riesgo de trabajo por el cual se duele, pues no reclama ninguna prestación del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta inoperante. Lo anterior es así, pues dicho argumento no combate de manera alguna las consideraciones en que se sustentó la determinación de legal incompetencia que se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 220376 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/18 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, página 77 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado por una parte e inoperante por otra parte, de los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, por propio de derecho, contra el acto reclamado señalado en el inciso a) del considerando tercero, que atribuye a la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por ***, por propio de derecho, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, inciso b), por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por propio de derecho, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, señalado en el considerando tercero, inciso a), por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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