César Antonio Tlachi Muñoz

Expediente 1243/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1243/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • César Antonio Tlachi Muñoz
  • Paola Emily Tlachi Velásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Notifico mediante lista a la parte quejosa César Antonio Tlachi Muñoz, en representación de sus menores hijos L.V.T.V. y P.TE.T.V, el contenido de la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciséis, cuya síntesis dice: Número de expediente: 1243/2016 Acuerdo: Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Notifico mediante lista a la parte quejosa César Antonio Tlachi Muñoz, en representación de sus menores hijos L.V.T.V. y P.TE.T.V, el contenido de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, cuya síntesis dice: Número de expediente: 1243/2016 Acuerdo: Visto el escrito signado por César Antonio Tlachi Muñoz, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención que le fue formulada mediante proveído de veintiocho de octubre del presente año, a efecto de que acreditara su representación, exhibe copias certificadas de las actas de nacimiento de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V. En ese orden, al desprenderse de las documentales precisadas, que al promovente le reviste el carácter de padre de las menores, se le tiene por desahogada la prevención realizada y por acreditada la personalidad con que se ostenta. Por tanto se tiene a César Antonio Tlachi Muñoz, por propio derecho y en representación de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V., promoviendo el juicio de amparo en que se actúa. No obstante, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La fracción señalada, establece la improcedencia del juicio de amparo respecto de aquellos actos que la legislación ordinaria conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto; salvo los casos de excepción relacionados con los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, deportación, destierro, con la libertad de las personas, -siempre que no se trate de sentencias definitivas en proceso penal- y terceros extraños a juicio. Al respecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produzca afectación. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, pues de lo contrario, éste medio de control de regularidad constitucional de los actos de autoridad se convertiría en un recurso ordinario y suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Ahora, previo a analizar lo relativo a dicha causa en el presente asunto, se estima necesario realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, los que se obtienen de las constancias que integran el presente asunto, siendo éstos los siguientes: A través del escrito presentado el veintiuno de mayo del año dos mil catorce, ante el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, el quejoso César Antonio Tlachi Muñoz, por derecho propio y en representación de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V., solicitó se señalara día y hora para el desahogo de una junta familiar a Sara Velázquez Castillo. En atención a lo anterior, el veintiséis de mayo del año en cita, el Juez Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, señaló las doce horas del uno de julio de dos mil catorce, para que tuviera verificativo la junta familiar, para tratar lo relacionado a las cuestiones familiares y alimentos de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V.; asimismo, ordenó citar a la referida Sara Velázquez Castillo. Seguido el trámite correspondiente y previos diferimientos, el diez de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la junta familiar en el expediente de origen, en la cual, se determinó que la custodia de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V.; quedaría a cargo de Sara Velásquez Castillo, y, también se determinó la convivencia del quejoso César Antonio Tlachi Muñoz, con las citadas menores. Posteriormente, el diez de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo una diversa junta familiar, en la cual, se decretó la custodia provisional de las menores L.V.T.V. y P.E.T.V.; a favor de su padre César Antonio Tlachi Muñoz. A través del escrito de trece de septiembre de dos mil dieciséis, Sara Velásquez Castillo, solicitó al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, se citara a una junta familiar, para que se tratara lo relativo a la guarda y custodia de las menores L.V.T.V. y P.E.T.V.. En atención a dicha solicitud, el juez en comento, emitió el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que señaló las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciséis para el desahogo de la junta familiar solicitada; ordenando notificar al quejoso César Antonio Tlachi Muñoz, de manera personal dicho proveído, notificación que se practicó el siete de octubre siguiente (la cual constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). En la fecha señalada para dicha diligencia (diez de octubre de dos mil dieciséis), se dio cuenta con un escrito de César Antonio Tlachi Muñoz, mediante el cual exhibió una receta médica a su nombre, expedida por el doctor adscrito al O. P. D. Salud de Tlaxcala de esa fecha, ordenando dar vista a Sara Velásquez Castillo, para que manifestara lo que a su interés conviniera, por lo que en esa fecha no se llevó a cabo la referida diligencia. Finalmente, el veinte de octubre del año en curso, el Juez Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, señaló nueva fecha para el desahogo de la junta familiar en el expediente de origen. En este caso, como quedó señalado con anterioridad, se tiene que el quejoso reclama la notificación del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 566/2014; relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, practicada el siete de octubre del año en cita, a través del cual se le requirió a efecto de que compareciera y presentara a sus hijos -L.V.T.V. y P.E.T.V.- al desahogo de una junta familiar, que tendría verificativo a las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciséis, apercibiéndolo con la imposición de una multa de diez días de salario, para el caso no comparecen. Entonces, al haberse emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, debe concluirse que contra la notificación reclamada procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala el cual tiene por objeto analizar la legalidad de las notificaciones y, en su caso, declarar su nulidad, dejando sin efectos todo lo actuado a partir de la notificación hecha indebidamente. Esto es así, ya que en la especie, al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, pues él mismo promovió las diligencias sobre cuestiones familiares, ante el juez señalado como responsable; entonces, tiene total y pleno conocimiento de la tramitación del expediente que originó las mismas. En esta tesitura, conforme a las consideraciones expuestas previamente a la interposición del juicio constitucional en que se actúa, el quejoso debió agotar el incidente de actuaciones previsto como medio ordinario de defensa contra las notificaciones mal practicadas en los procedimientos jurisdiccionales civiles y familiares; por lo que al no haber agotado el principio de definitividad y al no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al citado principio -los cuales con de aplicación estricta- el presente juicio de amparo resulta improcedente. En razón de lo anterior, y atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, así como a los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, se estima que la notificación reclamada, no le produce al quejoso una afectación de imposible reparación, pues en todo caso, dicha afectación le sería generada por la resolución que ponga fin a las diligencias sobre cuestiones familiares que se ventilan en el expediente de origen. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, visible en la página 744, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Es ilustrativo al caso el siguiente criterio por analogía de razón, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, visible en la página 259, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." De igual forma, apoya lo considerado, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." También al caso anterior es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Materia Común Décima Época, cuyo y rubro son el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." A mayor abundamiento, en el caso, también se actualizaría la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que en la diligencia señalada para el diez de octubre del año en curso, en el expediente del que emanan los actos reclamados, se recibió el escrito del quejoso César Antonio Tlachi Muñoz, a través del cual acreditó la imposibilidad de asistir a dicha diligencia, acompañando para tal efecto la receta médica expedida por el doctor B. Flores Juárez, adscrito al O.P.D. Salud de Tlaxcala (foja 103). Con ello, se obtiene que el quejoso consintió de alguna forma la notificación practicada, ya que si bien, no compareció a la referida diligencia, dicha circunstancia fue por motivos diversos, pues con la presentación de escrito y receta médica correspondientes, se advierte la intención que tuvo de comparecer a la misma, por lo que de alguna forma convalidó la notificación realizada en la que se le informó que debía presentarse a la referida diligencia, misma que pretende impugnar a través de la presente instancia constitucional. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XIII de la Ley de Amparo, y con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por César Antonio Tlachi Muñoz, por propio derecho y en representación de las menores L.V.T.V. y P.E. T.V., contra el acto precisado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala ante la Secretaria que autoriza, Olga Viviana López González. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo remitido por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en ese mismo auto.

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