César Antonio Ayala de León

Expediente 1411/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1411/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • César Antonio Ayala de León

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de agosto de dos mil veintitrés. Reconocimiento de firma. Se tiene por recibido el escrito al parecer signado por Michel Moreau Romero, en su carácter de apoderado general de la persona jurídica quejosa Urrea Herramientas Profesionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del solicita la devolución del billete de depósito N 908511; sin embargo, a fin de estar en aptitud de acordar sobre su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere al citado promovente, para que comparezca al local que ocupa este Juzgado de Distrito, para que: Con documentación oficial vigente que lo identifique plenamente y, según lo permitan las labores de este juzgado, reconozca como suya la firma que calza en el escrito de cuenta, dado que sin tener conocimientos especiales en las materias de grafoscopía y documentoscopía, es evidente que la firma que aparece al calce del citado ocurso es notoriamente distinta a la diversa contenida en la demanda de amparo, como a continuación se ilustra con las siguientes imágenes: Firma de Demanda. Firma de ocurso de cuenta. Así como las de los escritos registrados con los números 17201 y 17421 acordados respectivamente en este incidente el veintinueve de julio de dos mil veintidós y trece de julio de dos mil veintitrés: Registro 17201 Registro 17421 Por tanto, se estima que ante tales imprecisiones debe pedirse su reconocimiento, para corroborar que dicha firma, efectivamente pertenece al promovente, por ser la manifestación de su voluntad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva" "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACIÓN DE LA. CASO EN EL CUAL EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE MANDAR QUE SE HAGA. En la Ley de Amparo no existe disposición en el sentido de que, cuando en una demanda se impriman huellas digitales en substitución de la firma del promovente, deba requerirse al quejoso para que la ratifique ante la presencia judicial o que en su defecto otras personas firmen a su ruego. Ante tal circunstancia a efecto de llegar a la convicción de que, conforme a los artículos 107, fracción I, Constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, existe instancia del que aparece como promovente, dado que la firma constituye la manifestación de su voluntad, atendiendo a las peculiaridades de cada caso, el Juez del conocimiento puede, si lo considera necesario, mandarla ratificar" Se le apercibe, que en caso de no desahogar el presente proveído, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, en los siguientes términos: " Deje insubsistente el emplazamiento del demandado, hoy quejoso, ****.  Deje insubsistente todo lo actuado, quedando subsistente únicamente lo relativo al auto de admisión del juicio laboral de origen y, en cumplimiento a lo aquí decidido, deberá ordenar emplazar a la moral quejosa ***, subsanando los vicios destacados en la sentencia y cumpliendo con los demás requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que sea oída en el juicio natural." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio signado por el Presidente Auxiliar, Actuario Notificador y Secretario, todos de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitieron copia certificada del proveído dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que se advierte que se dejó insubsistente el emplazamiento relativo al demandado ****, así como todo lo actuado en el juicio laboral de origen, hecha excepción del auto admisorio el cual quedó subsistente; ordenando la responsable emplazar al expediente génesis a la demandada citada en líneas anteriores debiendo subsanar los vicios destacados en la ejecutoria dictada en el presente asunto. Con lo anterior, en acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dejó insubsistente el emplazamiento relativo al demandado *****, así como todo lo actuado en el juicio laboral de origen, hecha excepción del auto admisorio el cual quedó subsistente; ordenando emplazar al expediente génesis a la demandada citada en líneas anteriores. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que deberá conservarse en su integridad el expediente. Incidente de suspensión. Tocante al incidente de suspensión conforme lo dispone el artículo 17, fracción III, inciso b del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, vigente al día siguiente de su publicación, será conservable en el plazo de tres años, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

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