César Alonso Juárez Saquín y Otros.

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • César Alonso Juárez Saquín y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: 1. Titular de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. 2. Titular del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. 4. Actuario adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 315/2022-1-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la falta de emplazamiento al procedimiento paraprocesal ***, y la notificación del cese o baja laboral del quejoso. En el caso, esta Juzgadora estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, preceptos que disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezamiento "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS". De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de encabezado "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar derechos del quejoso, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, le ocasiona un perjuicio o le priva de un beneficio en su esfera jurídica, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de epígrafe "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la falta de emplazamiento al procedimiento paraprocesal ***, y la notificación del cese o baja laboral del quejoso. Ahora, se estima que el quejoso no tiene interés jurídico para reclamar dichos actos a través de la vía constitucional, en virtud de que emanan de un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente. En ese sentido, debe decirse que la existencia de ese procedimiento únicamente implica el conocimiento del ejercicio de un derecho emanado de una relación de coordinación derivada de una relación laboral entre el patrón y sus trabajadores, de ahí que la falta de emplazamiento y la notificación del cese o baja laboral del quejoso no afecta el interés jurídico del quejoso, precisamente porque existe una oportunidad inmediata posterior para analizar el ejercicio del derecho del patrón, que en su caso, en el que causa la afectación a los derechos del aquí peticionario de amparo. Razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos y al haber sido el referido, su único fin, no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación de garantías derivara, en todo caso, del juico laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, donde se analizaran las violaciones procesales cometidas en el procedimiento paraprocesal, así como la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral. Resulta aplicable, la tesis XXI.1o.90 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de encabezado "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL". Asimismo, la tesis XXI.3o.15 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de encabezado "AVISO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL PARA REALIZARLO, POR NO OCASIONAR UN AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO AL TRABAJADOR". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas que refiere, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus respectivas cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus respectivas cédulas profesionales. De conformidad con lo dispuesto por el artículo, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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