Cesar Almaraz Villar

Expediente 817/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
817/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Cesar Almaraz Villar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI.- Visto el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de veintidós de junio de la anualidad que transcurre emitida en el recurso de queja ********************de su índice, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso." En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de transferencia.

  2. Principal

    VI.- Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que comunica el proveído de doce de junio del año en curso dictado en el recurso de queja ******, del que se advierte que admitió dicho recurso, acusa recibo del original y copia del escrito de agravios. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico y estese a la espera de la determinación que se pronuncie en el recurso en cita.

  3. Principal

    VI.- Visto el escrito de cuenta, con el que *****, defensora particular del quejoso **** interpone recurso de queja contra el auto de treinta de mayo anterior por el que se ********************. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR PRESENTADO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE MÉRITO. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud que el auto recurrido es la determinación de **** en la que se desechó la demanda. INFORME MATERIA DE LA QUEJA Como lo establece el ordinal 101 de la Ley de Amparo, SE RINDE INFORME MATERIA DE LA QUEJA, en el sentido que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones REMISIÓN DEL RECURSO REMÍTASE INMEDIATAMENTE a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el original y copia del ocurso de expresión de agravios, sin mayor proveído, para la substanciación del medio de impugnación referido.

  4. Principal

    VI. Se recibe el escrito signado por Ángeles Cindy Reyes González, mediante el cual, en atención al mandamiento de veintiséis de mayo del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la calidad con la que se ostenta (defensor particular de Cesar Almaraz Villar), la tiene reconocida en la causa de control 110/2021, del índice del Juzgado de Control de Lerma de Villada, Estado de México. Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrese al expediente electrónico y físico y se tiene por cumplido el requerimiento formulado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: - La imposición de la medida cautelar relativa a exhibir garantía económica por la cantidad de $80.000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N), para no ser privado de su libertad. DESECHAMIENTO PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBIDO A QUE CONTRA LA DETERMINACIÓN RECLAMADA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN Es necesario destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: Para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Robustece a lo anterior, también aplicado por analogía, el criterio I.4o.C.J/25, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expone: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En cuanto al primer requisito, este se cumple porque el acto reclamado emana de un proceso penal (causa de control 110/2021 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. El segundo de los requisitos también se actualiza en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del dispositivo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de apelación. Así se observa en tal artículo que dice: Bajo esa óptica, el ordinal 467, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)" La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de revocación que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta y última de las hipótesis relacionadas también opera, en virtud de que el acto reclamado puede ser impugnado por medio del recurso de apelación, que se interponga en contra del auto por el cual se impuso la medida cautelar de exhibir una garantía económica el cual puede tener como resultado que quede sin efectos el acto impugnado. Luego, si en el caso la parte quejosa, no interpuso el recurso de apelación, eel juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.3º.P.(10a) con número de registro 2019543, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2694 del Libro 64, Marzo de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley de la materia, previo al ejercicio de la acción constitucional. Máxime, que no se surte ninguna causa de excepción para agotar el principio de definitividad precisado en esta determinación, en razón de que el auto que combate no afecta su libertad personal, ni mucho menos fue emitido fuera de procedimiento. CONCLUSIÓN En esa guisa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 113 del citado ordenamiento, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia.

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