César Alfonso Lozano Arias

Expediente 3620/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3620/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • César Alfonso Lozano Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 36 y 37), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1821/2016. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; Asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. LAPT/ICL/mf

  2. Principal

    RAZÓN DE AVISO PRAL:En Zapopan Jalisco, a las nueve horas, del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c)en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se publica por medio de lista, el auto o resolución de fecha ocho de marzo del dos mil dieciocho, para su conocimiento, mismo que dice: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 36 y 37), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (foja 40), respectivamente, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 26 a 30), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:  "De no existir obstáculo legal, de inmediato acuerde lo conducente respecto de la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 1821/2016 de su índice, lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción". Mediante acuerdo trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 36 y 37), se declaró ejecutoriada la sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copias certificadas del auto seis de febrero de dos mil dieciocho (33 a 35), del que se desprende que proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1821/2016, de su índice. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1821/2016. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; Asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental

  3. Principal

    "De no existir obstáculo legal, de inmediato acuerde lo conducente respecto de la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 1821/2016 de su índice, lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción". Ahora bien, se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copias certificadas del auto seis de febrero de dos mil dieciocho del que se desprende que proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1821/2016, de su índice, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señalan en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este juzgado el hecho de que aún no obren en autos las constancias de notificación relativas a los oficios 1401/2018 y 1402/2018, por medio de los cuales se ordenó la notificación de la sentencia dictada en autos a las responsables; sin embargo, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno a las citadas autoridades. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, a quien se le deberá entregar copia simple del oficio y anexo con lo que la autoridad informa el cumplimiento dado al fallo protector. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/mf

  4. Principal

    Razón de aviso.- De conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso "C" de la Ley de Amparo vigente, y advirtiéndose que el quejoso no atendió el aviso que el Actuario Judicial de este Tribunal dejó en su domicilio; consecuentemente, por medio de lista se notifica la resolución dictada el trece de febrero de dos mil dieciocho, que dice:."Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé la fracción I, inciso e) del artículo 81 del ordenamiento legal invocado, contra la sentencia dictada el doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 26 a 30), en la que en el segundo punto resolutivo se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente:  "De no existir obstáculo legal, de inmediato acuerde lo conducente respecto de la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 1821/2016 de su índice, lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción". Ahora bien, se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copias certificadas del auto seis de febrero de dos mil dieciocho del que se desprende que proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1821/2016, de su índice, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con el oficio y anexo que se señalan en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este juzgado el hecho de que aún no obren en autos las constancias de notificación relativas a los oficios 1401/2018 y 1402/2018, por medio de los cuales se ordenó la notificación de la sentencia dictada en autos a las responsables; sin embargo, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno a las citadas autoridades. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/3, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido."

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