Cesar Alexis Pérez Muñoz

Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Cesar Alexis Pérez Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en citatorio de veintidós de junio de dos mil veintidós y por esta vía se notifica al quejoso César Alexis Pérez Muñoz el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el cual, en lo que interesa, señala: (.) En el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, (.) De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un juicio de controversia familiar el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. (.) En ese sentido, del análisis que antecede, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados son impugnables a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa que puede hacer valer el demandante de la tutela constitucional en el procedimiento de origen. (.) En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *****************************, por propio derecho, con el que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Segundo Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS El auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente 357/2021 del índice del juez responsable, en el que se tuvo por recibido el informe del ********************************, por el que se determinó que el quejoso cuenta con un trastorno del espectro autista y en consecuencia, ordenó regularizar el procedimiento dejando sin efecto todo lo actuado hasta el auto admisorio de demanda, únicamente por lo que se refiere al aquí quejoso. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un juicio de controversia familiar el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, este órgano jurisdiccional considera que, en el presente caso, procede un medio de defensa ordinario por el que el acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado, en específico, el previsto en los artículos 1.362 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (revocación), que establecen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." De los numerales en cita se advierte que los autos que no fueran apelables serán revocables. En el caso en concreto, el código procesal civil aplicable, no indica de forma expresa que proceda ese medio de impugnación (apelación), en contra del auto en el que se tuvo por recibido el informe del Dr. Raúl Guillermo Antiga Tinoco, Psiquiatra y Paidopsiquiatra, por el que se determinó que el quejoso cuenta con un trastorno del espectro autista, y por el que ordenó regularizar el procedimiento, dejando sin efecto todo lo actuado hasta el auto admisorio, únicamente en lo que se refiere al aquí quejoso; por lo que se deduce que contra el acuerdo reclamado procede el recurso de revocación, sin que en el caso concreto, el quejoso haya interpuesto dicho recurso. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que dispone: REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. Ahora bien, del análisis del precepto transcrito, se advierte que los actos reclamados fueron emitidos en el expediente 357/2021, del índice del juzgado civil responsable, donde se tuvo por recibido el informe del Dr. Raúl Guillermo Antiga Tinoco, Psiquiatra y Paidopsiquiatra, por el que se determinó que el quejoso cuenta con trastorno del espectro autista, con lo que se cumple con el primero de los requisitos mencionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado en el párrafo anterior, la procedencia del recurso de revocación, para combatir el auto aludido, resulta inconcuso la procedencia de ese medio de defensa. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que el auto por el cual se regulariza el procedimiento y se deja sin efectos todo lo actuado hasta el auto de admisión, puede ser revocado o modificado, a través del referido medio de impugnación. En ese sentido, del análisis que antecede, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados son impugnables a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa que puede hacer valer el demandante de la tutela constitucional en el procedimiento de origen. Por tanto, toda vez que dicho acto puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en el código mencionado, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Máxime que el quejoso no es extraño al procedimiento de origen, además que de acuerdo a los antecedentes y como él mismo lo expresa, se trata de una persona mayor de edad. Sin que se soslaye, que si bien, el auto que se reclama, no es restituible en el procedimiento, ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Así, como la jurisprudencia P./J. 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, existe la obligación legal de agotar el recurso de revocación que se ha referido en líneas precedentes, previo al ejercicio de la acción constitucional. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que en contra la determinación reclamada procede un medio de defensa ordinario. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO A LAS PARTES DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que la demanda de amparo se presentó de manera física, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, en virtud que el señalado se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional. Sin embargo, dada la naturaleza del presente acuerdo, por única ocasión, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y le haga del conocimiento a la quejosa el presente auto. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda refirió un correo electrónico y número telefónico y las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tienen como medio alternativo de comunicación. AUTORIZADOS En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; si esto no fuera así, únicamente para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

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