César Alexis Morales Montañez
Expediente 1038/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- César Alexis Morales Montañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Vista la cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente. Bajo ese contexto, archívese el cuaderno incidental en el que se actúa como asunto concluido, y toda vez que en autos se negó la suspensión definitiva, con apoyo en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.-
- Principal
...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ********************. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la resolución ha quedado firme para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir del presente auto. En esa medida, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio. Devuélvanse a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, el cuaderno auxiliar de pruebas aportado a este sumario, en virtud de que es innecesario su resguardo en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las manifestaciones realizadas por los trabajadores sindicalizados de los órganos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la circular 28/2023, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso y, de manera retroactiva, los días dieciséis al dieciocho del mismo mes y año. Bajo ese contexto, durante ese lapso de tiempo, se suspendieron las labores ordinarias de este órgano jurisdiccional, así como los términos en los asuntos radicados en este índice. Mientras que revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de agosto pasado, se fijaron las diez horas con veinte minutos del veintitrés de octubre del año en curso, para el desahogo de la audiencia constitucional; lo cual aconteció durante la suspensión de labores aludida. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento en que se actúa, para el efecto de dejar insubsistente la fecha y hora fijadas para el verificativo de la audiencia constitucional y, en su lugar, se reprograman las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.-
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, a fin de que expresara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes. A continuación se hará una síntesis de los antecedentes del presente asunto. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente juicio en la cual se concedió el amparo y la protección constitucional a ********************. Al no ser recurrida la sentencia, por acuerdo de diecisiete de julio del actual se estableció que causó ejecutoria y en ese propio acuerdo se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector, los términos siguientes: ".1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; en el entendido de que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. Se precisa, que la concesión anterior, no tiene el alcance de exentar al solicitante de la tutela Federal del pago del tributo, sino para que se le ubique en las zonas correspondientes a los valores mínimos. 2. Determine el impuesto predial correspondiente a los inmuebles identificados con las cuentas prediales ******************** y ********************calculando las bases gravables y aplicando las tasas conforme a los valores mínimos. 3. Una vez hecho lo anterior y, de ser el caso que el quejoso haya enterado alguna cantidad por concepto de impuesto predial respecto de las cuentas prediales aludidas, deberá realizar la devolución, debidamente actualizada, de las cantidades que se hubiera, en su caso, pagado en exceso por concepto del referido tributo.". En acuerdo de veintisiete de julio del actual se recibió el oficio de la Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual informó que realizó la determinación del impuesto predial aplicando el valor unitario mínimo y ordenó la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa. Asimismo, remitió acta de hechos para la desincorporación de la esfera jurídica de ******************** la obligación tributaria contenida en los artículos 4 y 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en la que se hizo constar que al quejoso no se le aplicarán los artículos que fueron tildados de inconstitucionales y, en consecuencia, se le aplicaría el monto de menor cuantía previsto en el citado precepto legal, esto es, el valor mínimo por metro cuadrado $117.62 (ciento diecisiete pesos 62/100 moneda nacional), que se precisa en el artículo 5, fracción I, inciso a). Asimismo precisó que dichas normas no podrán ser aplicadas, ni en el presente ni en el futuro mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado y se determinó el impuesto predial calculado con base a sus valores unitarios mínimos. Finalmente ordenó la devolución de la parte relativa debidamente actualizada. En este propio acuerdo se requirió al quejoso para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionara un número de cuenta para la transferencia correspondiente. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés se recibió el escrito signado por el quejoso mediante el cual acreditó que presentó escrito ante la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, al que adjuntó copia de la carátula de su cuenta bancaria con clave interbancaria, para el efecto de que se llevara a cabo la transferencia bancaria del impuesto predial. Atento a lo anterior, a fin de que este juzgado estuviera en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia amparadora, se requirió a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Salamanca, Guanajuato, para que una vez que llevara a cabo la transferencia de la devolución de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) a la parte quejosa, remitiera copia certificada de las constancias con que acreditara dicha transacción bancaria. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se recibió oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de agosto del año en curso, remitió copia certificada del comprobante de transferencia de $6,467.83 (seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 moneda nacional), efectuada a favor del quejoso. Bajo ese contexto, se tiene que la Tesorería Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, cumplió con la ejecutoria dictada en este asunto, al haber colmado la totalidad de los aspectos para los que se concedió el amparo y no haber incurrido en exceso o defecto en su acatamiento. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto. Una vez transcurrido ese plazo, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que obran documentos aportados por la parte quejosa en el presente asunto, désele vista para que comparezca a recogerlos, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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