César Alejandro Sánchez Mendoza

Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
253/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • César Alejandro Sánchez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común 01 de Celaya, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que solicita, mediante oficio que se gire para tal efecto.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de abril de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida por *****, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo presentada ****, en contra de actos del juez Segundo de lo Penal de Primera Instancia con residencia en Celaya, Guanajuato y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 253/2021-II. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, dado que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la X, ambas del numeral 61 y 62 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". -Lo resaltado no es de origen-. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". La fracción X del artículo aludido, plantea el caso de litispendencia, y para que se actualice, se requiere que exista otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto; en tanto que, la fracción XI señala el caso en que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En ambos casos, para que se actualicen los supuestos de improcedencia es necesario que exista identidad en los amparos respecto de:  Los quejosos;  Las autoridades responsables; y,  El acto reclamado. En esas condiciones, la causa de improcedencia en estudio, además requiere que el acto haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, esto es, se actualiza cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. La doctrina define la cosa juzgada como el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias. También se dice que en el sentido material, consiste en la verdad legal, es decir, es una decisión definitiva que ya no puede ser rebatida desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad. La cosa juzgada se identifica con la firmeza o definitividad que adquieren determinadas resoluciones, lo que alude al carácter irrebatible o inmodificable de la decisión jurisdiccional a que se ha llegado. Bajo este contexto, para que se actualice la causa de improcedencia, es necesario que el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas y la resolución haya quedado firme. Ahora bien, en el presente sumario *******, señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Juez Segundo de lo Penal de Primera Instancia con residencia en Celaya, Guanajuato (como ordenadora). Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Investigación de la Zona "C", en esta ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Investigación y de grupos aprehensores de la Policía Ministerial de Investigación en esta ciudad. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Investigación de la Zona "C", en esta ciudad. Como ejecutoras. De quienes reclama la orden de aprehensión que se giró en su contra el dieciocho de junio de dos mil catorce, por el juez Único Penal de Partido en Apaseo el Grande, el cual se fusionó al Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia con residencia en Celaya, Guanajuato. Así como la ejecución de la citada orden de aprehensión. Ahora bien, de lo antes señalado y de la certificación de cuenta, donde se advierte la existencia de los amparos **** y *****, los cuales se invocan como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo en términos de su arábigo 2, los cuales se tienen a la vista, se desprenden las siguientes actuaciones: El dieciocho de junio de dos mil catorce, el juez penal de Partido de Apaseo El Grande, Guanajuato, dictó orden de aprehensión, en contra del quejoso, dentro de la causa penal *****. En contra de dicha orden, promovió amparo indirecto radicado en este juzgado con el número ***. El cinco de diciembre de dos mil catorce, se emitió el fallo respectivo, en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo. En cumplimiento a dicho fallo, el juez responsable emitió una nueva orden de aprehensión el veinte de junio de dos mil dieciséis. De tal guisa que, en contra de la nueva orden de aprehensión promovió el aquí quejoso diverso amparo indirecto radicado en este Tribunal con el consecutivo ****. Posteriormente el treinta de septiembre de dos mil veinte, se desechó por extemporánea la aludida demanda de amparo. Inconforme con lo anterior la parte quejosa interpuso recurso de queja, que por razón de turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con registro ****, que a la postre declaró infundado dicho recurso. Finalmente, el quejoso reclama en el presente libelo constitucional la orden de aprehensión emitida el dieciocho de junio de dos mil catorce, por el juez Segundo de lo Penal de Primera Instancia con residencia en Celaya, Guanajuato. De lo anteriormente reseñado se advierte que, con anterioridad a la promoción del presente juicio, el aquí quejoso César Alejandro Sánchez Mendoza, promovió el diverso juicio de amparo 571/2014, en este mismo juzgado, contra la orden de aprehensión de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, dictada en su contra por el juez penal de Partido de Apaseo El Grande, Guanajuato, dentro de la causa penal 80/2014. Acto que también reclama en el presente juicio de amparo; por lo que la orden de aprehensión reclamada ya no puede ser materia de estudio en el presente juicio, puesto que, como ya se dijo, en el diverso juicio de amparo ****, ya se dictó sentencia ejecutoria en la cual se estudió la constitucional de dicha orden de aprehensión. Además, no pasa inadvertido que en el aludido amparo ****, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió la protección constitucional al aquí quejoso, para el efecto de que quedara insubsistente el acto reclamado y se emitiera otra donde se purgaran los vicios de que adolece. Que en cumplimiento al fallo protector, el juez del conocimiento el veinte de junio de dos mil dieciséis emitió nueva orden de aprehensión, en contra del quejoso, donde purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo. Posteriormente, el aquí quejoso promovió amparo indirecto radicado en este juzgado con el número 472/2020, donde reclamó la orden de aprehensión girada en su contra el veinte de junio de dos mil dieciséis y su ejecución, por el Juez Penal de Partido Judicial de Apaseo el Grande en la causa penal ****, donde por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo, al resultar extemporánea, determinación que confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja **** de su estadística. En esas condiciones, aún cuando el quejoso no reclama en esta instancia constitucional la diversa orden de aprehensión, girada en su contra el veinte de junio de dos mil dieciséis, emitida en cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo *****, la cual sustituye la orden de aprehensión aquí reclamada, respecto de esta última orden, también se surte la causal en estudio, dado que fue materia en el diverso juicio de amparo *****, del índice de este juzgado, donde se desechó la demanda por extemporánea. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), libro 61, diciembre de 2018, tomo II, Materia Común, Página 808, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada". (Subrayado añadido). De lo expuesto se concluye, que en este asunto se actualiza la causal invocada, ya que tanto en el juicio de amparo ***** como en este, lo promueve el mismo quejoso en contra de la misma orden de aprehensión. En esas condiciones, al actualizarse en forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***** en esta ciudad y autorizados en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *******, toda vez que de la certificación de cuanta se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas en virtud de que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, se le tiene proporcionando un correo electrónico en el cual se puede entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Habilitación de días y horas para notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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