César Alejandro Rosales Moreno
Expediente 222/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César Alejandro Rosales Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA V A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Finalmente, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Incidental
MESA V A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de cinco de marzo de dos mil quince, se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa (fojas 20 y 21); por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/04.6/15053/2015, de la Coordinadora General de Centros Federales en México, Distrito Federal, por el que en atención al requerimiento de doce de marzo último (foja 29), remite copia certificada relativas al recurso de inconformidad que el aquí quejoso hizo valer contra el acta administrativa de correctivos disciplinarios emitida por las responsables el treinta de enero de dos mil quince, para que surta sus efectos legales y sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que CÉSAR ALEJANDRO ROSALES MORENO, por derecho propio, solicitó el amparo de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL # 13 EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 11 Y 12 2 CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL # 13 EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 11 Y 12 De quienes reclamó, la segregación a los límites de su estancia y la prohibición a participar en todo tipo de actividades que forman la base de su "readaptación social y sus derechos humanos" (deporte, trabajo laboral, talleres, ludoteca, terapia ocupacional, etcétera) -foja 2-. Las responsables al rendir su informe justificado, si bien negaron los actos reclamados, lo cierto es que también reconocieron que el treinta de enero de dos mil quince, el impetrante se hizo acreedor a un correctivo disciplinario, consistente en setenta y seis (76) días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia, por haber infringido el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, motivo por el cual, se suspendieron sus actividades; por lo tanto, su negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados por el quejoso (fojas 11 y 12). Ahora bien, de las constancias que en este proveído se agregaron, se conoce que el recurso de inconformidad que hizo valer el quejoso contra el acta administrativa de correctivos disciplinarios que le levantaron las responsables el treinta de enero de dos mil quince, y de donde emanaron los actos que ahora se duele el quejoso en este juicio, fue resuelto el veinticinco de febrero de dos mil quince, por la Coordinadora General de Centros Federales, residente en México, Distrito Federal, quien conoció del dicho recurso y quien revocó dicha determinación y ordenó al Consejo Técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca", restituir al recurrente ahora quejoso CÉSAR ALEJANDRO ROSALES MORENO, en el pleno goce de sus derechos (fojas 46 a 48). En la especie, contra los actos reclamados, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la Coordinadora General de Centros Federales, residente en México, Distrito Federal, revocó el acta administrativa de correctivos disciplinarios que le levantaron las responsables el treinta de enero de dos mil quince, al aquí quejoso y ordenó restituirlo en el pleno goce de sus derechos; por lo que, hlas cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 41). Notifíquese; personalmente al quejoso, interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán, Oaxaca, conforme al calendario de salidas.
- Principal
MESA V A Vistos los autos, se advierte que a la fecha la Coordinadora General de Centros Federales, con sede en México, Distrito Federal, no ha remitido las copias certificadas que se solicitaron en proveído de doce de marzo del año en curso (foja 29); sin embargo, la comunicación que se le envió para tal fin, por vía mexpost, fue recibido el diecinueve de marzo último, por lo que atendiendo a la distancia que existe entre el lugar de su residencia y la de este juzgado, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, misma que se difiere y se fijan nuevamente las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo.
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