César Alejandro Ostria Altamirano

Expediente 1479/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1479/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • César Alejandro Ostria Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veinticinco de enero del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su destrucción, conforme al artículo 21, fracción c), del citado ordenamiento. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales y no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. En cuanto a los documentos catalogados como no originales, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veinticinco de enero del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su destrucción, conforme al artículo 21, fracción c), del citado ordenamiento. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como originales y no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. En cuanto a los documentos catalogados como no originales, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    se: ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos reclamados del Agente del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados Región Norte y del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, precisado en el resultando primero de esta resolución, precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo.********************SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo.********************TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa exhibición de las constancias impresas, dejando razón de su recibo en autos.********************CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso Cesar Alejandro Ostria Altamirano, por el que promueve ampliación de demanda de amparo respecto de nuevos actos reclamados, los cuales son los siguientes - Las "ilegales" notificaciones practicadas vía telefónica a los números 7717223088 y 7481054392. - Auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se le requirió proporcionara número de carpeta de investigación. DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado consistente en las "ilegales" notificaciones practicadas vía telefónica a los números 7717223088 y 7481054392; se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en tanto que el quejoso no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el incidente de nulidad en contra de la notificaciones reclamadas. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si la quejosa no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecido. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 88, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en dicho Código; y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme al Código mencionado. Con lo anterior, puede establecerse que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio es un medio ordinario de defensa, en tanto tiene por objeto anular las actuaciones que agravian los intereses de la parte que se estime afectada por la irregularidad cometida en la notificación de una determinación, pues se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, conforme a lo anterior, se puede establecer que la notificación aquí reclamada es impugnable a través del medio de impugnación previsto en el artículo 88 del Código mencionado. Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer lugar, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal de la justiciable y aún menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente porque se trata de una actuación jurisdiccional que se dirigió hacia el quejoso y sus efectos solo inciden sobre los derechos que ostenta dentro del procedimiento sucesorio de origen. En segundo término, porque el quejoso es parte del procedimiento penal y no puede considerársele como tercero extraño. Por último, porque la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se vio, el artículo 88, del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite advertir claramente la procedencia del medio de impugnación en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa el aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara las notificaciones practicadas vía telefónica a los números 7717223088 y 7481054392, del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se le requirió proporcionara número de carpeta de investigación; por lo que al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad sobre el que descansa la acción constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 175974 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/259 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, como el quejoso respecto del acto reclamado en cuestión, no agotó el principio de definitividad, lo procedente es desechar la demanda en términos del artículo 61, fracción XVIII y XXIII, en relación con el 111 todos de la Ley de Amparo. Asimismo, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se le requirió proporcionara número de carpeta de investigación para acordar lo procedente; con fundamento en los numerales 17, 18 y 111 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA planteada por el quejoso, respecto de dicho acto reclamado; dado que fue presentada fuera del término que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al respecto, es importante tener presente que el artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que podrá ampliarse la demanda cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. Por su parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, contado a partir, entre otros supuestos, del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame En ese sentido, es dable establecer que la ampliación de demanda deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 183932 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 15/2003 Página: 12 "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se le requirió proporcionara número de carpeta de investigación para acordar lo procedente; sin embargo, dicho acuerdo le fue notificado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa perspectiva, el término de quince días con que contaba la quejosa para presentar su ampliación de demanda de amparo en contra del nuevo acto, se deben computar a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se le practicó. Por lo tanto, como el acto reclamado se le notificó desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; y el presente escrito de ampliación de demanda fue presentado hasta el once de enero de dos mil veintitrés, es indudable que fue presentado de manera extemporánea. Lo anterior es así, ya que el quejoso quedó notificado desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (notificaciones que están firmes al no haberse declarado su nulidad), por lo que el término empezó a correr a partir del veinticinco al quince de diciembre de dos mil veintidós (sin contar los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre del mismo año), y, en esa medida, estuvo en aptitud de controvertir el acto reclamado que hoy pretende ampliar, desde el momento en que surtió efectos la notificación que se le practicó. Por tanto, como la ampliación de la demanda fue presentada hasta el once de enero de dos mil veintitrés, es factible estimar que se formuló fuera del término que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, procede DESECHARLA en los términos antes mencionados respecto del acto reclamado en cuestión. Notifíquese.

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