César Alejandro Morán Alarcón

Expediente 362/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
362/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • César Alejandro Morán Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Causo ejecutoria. archívese el expediente como asunto totalmente concluido

  2. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las nueve horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado César Javier Ortegón Mendoza, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo y el informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales con residencia en esta ciudad. De igual manera se hace constar que la diversa autoridad señalada como responsable Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante existir constancia en autos de que recibió el oficio 3561 donde le fue solicitado dicho informe (Ver foja 24). La Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de antecedentes, y en relación a la diversa autoridad que no rindió su informe justificado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se debe presumir cierto el acto que se le atribuye, salvo prueba en contrario. En este momento el secretario da cuenta a la Juez con la circunstancia de que a la fecha en que se actúa, no se encuentran notificados los terceros interesados de la reanudación del presente juicio, a lo que la Juez acuerda: No es obstáculo para la celebración de la audiencia el hecho de que no se encuentren notificados los terceros interesados de la reanudación del presente juicio de amparo, toda vez que los efectos de la sentencia que se dictará, únicamente se limitarán a sobreseer en relación al acto reclamado, por lo que se considera que no existe un interés contrario al de la parte tercera interesada. Resulta aplicable, de conformidad con el artículo sexto transitorio, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 531, visible en la página trecientos cuarenta y nueve, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Asimismo, es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia por reiteración número VI.T. J/1 (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010).". A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas y se hace constar que la parte quejosa y autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales con residencia en esta ciudad, acompañaron documentales respectivamente a su demanda de amparo (Ver fojas 5 a 8), y a su informe justificado (Ver fojas 28 a 92). Acto seguido, se pasa a la etapa de alegatos en la que se da cuenta a la Juez que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se cierra la fase de alegatos; Con lo anterior, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda: V I S T O, para resolver el juicio de amparo 362/2020-V, promovido por César Alejandro Moran Alarcón y Alejandro Víctor Moran González, por conducto de su apoderado Roberto Montañez Pérez, contra actos de las autoridades Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales licenciada Adriana Rodríguez Lucero, ambas con residencia en esta ciudad; los que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales tutelados en el ordinal 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el catorce de enero de dos mil veinte, y turnada al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, el día siguiente, César Alejandro Moran Alarcón y Alejandro Víctor Moran González, por conducto de su apoderado Roberto Montañez Pérez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades precisadas con antelación y por los actos siguientes: "4. OMISIÓN RECLAMADA: Se reclama de las autoridades responsables la omisión de cumplir con la orden de la primera autoridad señalada, ya que en fecha 24 de Octubre del 2019, se llevó a cabo para resolver el recurso de queja interpuesto por mis representados en contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, en la cual el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos le ordenó realizar las investigaciones pertinentes del inmueble del que fueron despojados mis representados, a efecto de no continuar siendo victimizados , lo que a la fecha no ha ocurrido y es por eso que se violentan las garantías individuales de mis representados, pues las responsables continúan sin dar cumplimiento a dicho, lo que garantiza su omisión en forma indefectible." (Ver foja 2). SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, el Secretario Encargado del Despacho de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 56/2020-I, se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Incompetencia. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictó proveído donde con apoyo en el artículo 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado, adicionado y derogado por su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo de dos mil quince, por conocimiento previo determino remitir los autos del citado juicio de amparo a este órgano jurisdiccional (Ver fojas 95 a 97). CUARTO. Aceptación de competencia. El veintidós de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional proveyó en relación a la incompetencia referida en el considerando inmediato anterior y con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la referida demanda de amparo; ordenó formar el expediente relativo bajo el número 362/2020-V, que le correspondió en el libro de gobierno, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó notificar personalmente a las partes. QUINTO. Reanudación. El catorce de agosto de dos mil veinte se dictó acuerdo con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 en Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia de los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del covid-19, donde se ordenó reanudar el trámite del presente juicio de amparo, y se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional (Ver fojas 114 a 117), misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, tercer párrafo y 114, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto impugnado en la presente vía, lo constituye un acto de naturaleza omisiva atribuido a autoridades con sede en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda y documentales anexadas a esta, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En el presente asunto, la parte quejosa reclama: > La omisión por parte de las responsables de realizar dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474 las investigaciones ordenadas en resolución pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos al resolver la queja 640/2019 planteada por los aquí quejosos por inactividad del Ministerio Público señalado como responsable. Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La diversa autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Morelos fue omisa en rendir su informe justificado no obstante existir constancia en autos de que recibió el oficio 3561 donde le fue solicitado dicho informe (Ver foja 24); en consecuencia, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto, salvo prueba en contrario, el acto que se le atribuye. El agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, al rendir su informe justificado negó la omisión que se le atribuye, sin embargo, dicha negativa se ve desvirtuada con las documentales que acompañó a su informe justificado a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y de las que se desprende, que a la fecha de presentación de la demanda aun no concluían las investigaciones dentro de la carpeta 19-2019-0011474 . Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tomo Parte VIII, Materia Común, página 262, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese contexto, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por el quejoso es inconstitucional o no, es decir, la improcedencia que se invoque causa en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, improcedencia que, como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que se haya aceptado la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, pues la certeza de éste no constituye, por sí misma, la procedencia del juicio, esto es, no impide a la suscrita el análisis oficioso respecto de las causas de improcedencia de la acción constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 139-144, primera parte, página 287, séptima época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En ese tenor, la suscrita juzgadora advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, al rendir su informe justificado previamente valoradas, se advierte lo siguiente: 1). Que el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474, la licenciada Yaletziee Gutiérrez Gutiérrez agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales realizó una solicitud de información al Área de Integración y Evaluación del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal e la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en relación a los imputados José Ramón Loera Amado y Sandra Leticia Treviño Arana, aquí terceros interesados (Ver fojas 29 a 41). 2). El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la mencionada representación social, solicito diversa información al Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en relación al bien inmueble inscrito con el número 51 a folio 58 del libero 2970 de la sección primera de dicha dependencia, para el esclarecimiento de los hechos a investigar dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474 (Ver foja 43). 3). El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la mencionada representación social, solicito diversa documentación a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y a la Dirección de Obras Públicas Municipales en relación a la fusión y posterior subdivisión de los lotes 7 y 9, y unidad topográfica compuesta por los lotes 8 y 10 de la manzana 681 ubicados en calle Valle de San Bartolomé en el Fraccionamiento Granjas del Valle II etapa, para el esclarecimiento de los hechos a investigar dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474 (Ver foja 44). 4). El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, María Wendy Bojórquez García en representación de la Comandancia de Unidad Especializada Delitos Patrimoniales le envió oficio sin número a la licenciada Yaletziee Gutiérrez Gutiérrez agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, remitiéndole las actuaciones de la investigación con relación a los hechos constitutivos del delito de despojo cometido en perjuicio de Alejandro Víctor Moran González donde señala como imputados a José Ramon Loera Amado y Sandra Leticia Trevizo Arana, como resultan ser parte informativo, cinco entrevistas, lecturas de derecho, tres series fotográficas, treinta y siete fotografías, dos contratos de compraventa, un contrato de agua, un contrato de energía eléctrica, dos recibos de luz y agua, tres copias de vales de pipa, dos cartas de copias de planos catastrales de terrenos, una copia de solicitud de pago a imputados y una línea de tiempo Google Maps (Ver fojas 55 a 79). 5). El veinticuatro de enero de dos mil veinte dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474 ante la licenciada Yaletziee Gutiérrez Gutiérrez agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, rindió su declaración el testigo Eloy García Ramírez (Ver fojas 80 a 81). 6). El veintisiete de enero de dos mil veinte la licenciada Yaletziee Gutiérrez Gutiérrez agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, en la carpeta de investigación 19-2019-0011474 emitió determinación de no ejercicio de la acción penal respecto de los hechos por los cuales se formuló la querella, por lo que se abstenía de toda investigación por considerar que no eran constitutivos de delito (Ver fojas 82 a 89). De la relación anterior, se colige que sí se acredita la causal en análisis, ya que en el presente asunto los quejosos, reclaman a las autoridades responsables la omisión de realizar investigaciones dentro de la carpeta de investigación 19-2019-0011474, como se ordenó en la resolución pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve al resolverse la queja 640/2019 planteada por los aquí quejosos por inactividad del Ministerio Público señalado como responsable. Por ende, al haberse realizado las investigaciones en dicha carpeta de investigación que concluyeron con la determinación por parte de la representación social de que no procedía el ejercicio de la acción penal, es inobjetable que la omisión reclamada quedó sin efectos; en tal virtud, la omisión reclamada no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los quejosos que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, una vez decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, la suscrita juzgadora está impedida jurídicamente para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 195741, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Asimismo, se cita la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 409, del Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 204734, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez federal no tiene por qué tomar en consideración las pruebas ofrecidas por el quejoso en el juicio de garantías, relacionadas con los conceptos de violación, si decide sobreseer, pues no existe razón jurídica para examinar y valorar las relativas al fondo del asunto." Finalmente, no resulta óbice a lo anterior, el hecho de que no se encuentren notificados los terceros interesados de la reanudación del presente juicio de amparo, toda vez que los efectos de la sentencia que se dicta, únicamente se limita a sobreseer en relación al acto reclamado, por lo que se considera que no existe un interés contrario al de la parte tercera interesada. Resulta aplicable, de conformidad con el artículo sexto transitorio, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 531, visible en la página trecientos cuarenta y nueve, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Asimismo, es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia por reiteración número VI.T. J/1 (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010).". QUINTO. Notificación de la sentencia. Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución se tendrá por hecha a partir de que se normalicen las actividades de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por César Alejandro Moran Alarcón y Alejandro Víctor Moran González, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, ambas con residencia en esta ciudad, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La notificación de la presente resolución se realizará en los términos precisados en el considerado quinto del presente fallo. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL EN EL PLAZO CONCEDIDO EN EL AVISO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

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