Cesar Alejandro Montoya Martínez

Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
783/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Cesar Alejandro Montoya Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el ocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiocho de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las partes, 783/2020-III.

  2. Principal

    Acta Audiencia Constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, el uno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de albacea de la Sucesión a bienes de ********************, contra actos del Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y Director General de la Policía Municipal ambos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, dictándose sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo el diecisiete de marzo de dos mil veinte.. Ahora, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se determinó que del tres de agosto al treinta y uno de octubre de la anualidad actual, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas que en él se prevén, ordenándose levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con diversas precisiones. En ese sentido, el ordinal 20 del propio Acuerdo General estatuye que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, debiéndose implementar los ajustes previstos para tal efecto. Así, toda vez que a la fecha se ha reanudado la actividad jurisdiccional, procede la reactivación del procedimiento en este asunto. De conformidad con el artículo 2, fracciones I y II, del citado Acuerdo General 21/2020, ante el levantamiento de la suspensión, se reanudan los plazos y términos procesales en el punto que quedaron pausados, mas no su reinicio y, como regla especial, en el supuesto de que esté pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación de los plazos opera hasta que se notifique la nueva fecha señalada para el verificativo de esa diligencia, conforme a las reglas de notificación que se trate. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos o prevenciones que se hayan formulado y de las vistas otorgadas a las partes, deberá tenerse en cuenta la fecha de notificación del requerimiento respectivo, el periodo de suspensión de labores en el que no corrieron plazos ni términos procesales, así como la reanudación de éstos (tres de agosto de dos mil veinte). Por otra parte, visto el estado de autos, advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de sobreseimiento, dictada en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción a), en razón de que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se determinó sobreseer el presente asunto. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del referido ordenamiento legal, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el catorce de abril de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. - Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. - Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, 1353/2019-VI.

  4. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, ocho de octubre de dos mil veinte. Vistos los autos del presente juicio de amparo se advierte que: 1. El siete de octubre del año en curso, se presentó demanda de amparo, promovida por ............, a favor de ............., contra actos del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Estado y otra autoridad, en la que reclamó la detención e incomunicación del directo quejoso. 2. Dicha demanda fue registrada con el número 783/2020-III, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como por afectación de la libertad personal por orden del Director de Seguridad Pública y Vialidad del Estado. 3. En razón actuarial de ocho de octubre de octubre del año en curso, se advierte que el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4), donde fue atendido por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal en turno adscrito a dicho complejo, quien le informó que Cesar Alejandro Montoya Ramírez estuvo detenido preventivamente, pero fue puesto en libertad de la propia fecha, en atención de haber cumplido la sanción administrativa que le fue impuesta, según lo acredita con la boleta de libertad folio M825476, signada por el Juez Municipal Samir Alfredo Díaz Reyes. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera respecto del aludido quejoso -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el directo quejoso está en libertad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. 783/2020-III.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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