César Alejandro Manuel Altamirano
Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- César Alejandro Manuel Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Devuélvanse las constancias constantes de un tomo y tres discos de video digital, a la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
- Principal
ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos mil veintitrés, se otorgó la tutela constitucional a **********. DECLARATORIA. Del contenido de las constancias reseñadas con antelación, de acuerdo con el criterio de este resolutor denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente en líneas precedentes: **********. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Sin prejuzgar sobre lo acertado o no de la determinación emitida por la autoridad responsable, pues tal pronunciamiento, desde luego no formó parte de los parámetros de la tutela constitucional y, por ende, no se puede emitir pronunciamiento sobre el particular. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable y realícense las anotaciones en el libro de gobierno, y toda vez que como quedó precisado en la certificación correspondiente, no obra documento importante alguno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el ocho de junio de dos mil veintitrés, se encuentra dentro de la hipótesis que establece en inciso a), fracción III, del artículo 17; en consecuencia, una vez transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es CONSERVABLE. Ahora bien, dado que se negó la suspensión definitiva, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, del numeral 20 del referido Acuerdo, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años -el cuaderno original-, a partir de la fecha en que se emitió la resolución interlocutoria, procédase a su respectiva destrucción, entre tanto, manténgase ligado a este asunto. Resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento de veintiocho de agosto del año en curso, enviando las constancias con las que acredita el cumplimiento al fallo protector. En tal virtud, de conformidad con el arábigo 196 de la Ley de Amparo, con dichas actuaciones, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la resolución de nueve de agosto del año en curso, dictada en este juicio, transcurrió para el quejoso Cesar Alejandro Manuel Altamirano; para los terceros interesados; para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como para la autoridad responsable, del catorce al veinticinco de agosto del año en curso, sin que se hayan hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA; dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable. Ahora bien, los efectos de la tutela constitucional son para que el Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Ocho del Sistema Procesal Penal Acusatorio en esta ciudad, encargado de la Carpeta Judicial *** (*******) en su carácter de autoridad sustituta, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente lo actuado en la audiencia celebrada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Carpeta Judicial *** (ahora ***), que se sigue, entre otros, en contra del imputado César Alejandro Manuel Altamirano, por el hecho que la ley señala como delito de asociación delictuosa; en donde se le vinculó a proceso. 2. Ordene la reposición del procedimiento a efecto de que ante diverso Juez de Control, el órgano acusador exponga oralmente los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se han cometido hechos que la ley señala como delito (antes mencionado) y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, al haberse comprometido el principio de inmediación para llevar a cabo ese acto procesal. En el entendido de que el juez de control que conozca del asunto, en observancia a lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Federal y 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá propiciar que la representación social sin perjuicio de las prerrogativas previstas en la ley, se abstenga de dar lectura a documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestran falta de argumentación y desconocimiento del asunto, a efecto de salvaguardar la oralidad del procedimiento, y con ello, el derecho de defensa y el de debido proceso del aquí quejoso. Lo anterior, sin que con la reposición ordenada se permita a la agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. 3. Hecho lo anterior, deberá el Juez de Control conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, donde garantice la plena observancia a los principios que rigen el sistema adversarial, destacándose el de contar con una defensa adecuada, al tenor de lo desarrollado en la presente sentencia. En consecuencia, con apoyo en el precepto 192 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza del acto que tendrá que desahogarse, requiérase a la aludida autoridad, a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS, comunique el cumplimiento que dé a la mencionada sentencia, enviando al efecto copia certificada de las constancias respectivas. Apercibido que de no hacerlo se procederá en términos de lo señalado en los párrafos segundo y tercero del referido artículo 192, esto es, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, con sustento en el numeral 258 de la legislación en comento, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia. Lo anterior, en la inteligencia que de no obedecer la determinación constitucional, podrá actualizarse la conducta prevista en el arábigo 267, fracción I, del ordenamiento de la materia.
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