Cesar Alejandro Gazca Gómez

Expediente 466/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
466/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Cesar Alejandro Gazca Gómez
  • Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 222 a 240); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 242 y 243), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del oficio CCJ/ST/2872/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del citado Consejo, dictó sentencia en el amparo directo 466/2019, en el que concedió a Cesar Alejandro Gazca Gómez el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la responsable procediera en los términos siguientes: "1. Deje sin efectos la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que reitere todo lo que no fue materia de impugnación, así como aquello que no fue motivo de concesión. 3. Repare las violaciones destacadas en el presente considerando, y atendiendo al principio de exhaustividad y congruencia, con plenitud de jurisdicción analice si el pagaré suscrito el doce de octubre de dos mil dieciséis, contiene año de vencimiento o se acreditó con algún otro medio de prueba, ya que del contenido de dicho documento no se advierte y en caso de no ser así, se tenga pagadero a la vista y partir de esa fecha se tome en consideración la obligación de ser exigible su pago. Además, de forma oficiosa analice si en el particular, la tasa de interés moratorio pactada entre las partes, configura o no el fenómeno usurero; ello acorde a las circunstancias particulares del caso controvertido y de los elementos que obren en autos. 4. Para el caso de que la responsable considere que la tasa de interés moratorio pactada por las partes sea notoriamente excesiva y usuraria, de oficio determine que la condena respectiva no podrá hacerse sobre los intereses moratorios pactados, sino sólo en cuanto a la tasa de interés que reduzca para que no resulte notoriamente excesiva; lo que deberá hacer mediante una apreciación razonada, fundada y motivada y con base en las circunstancias particulares del caso y en las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver; y, en caso de que la responsable considere que la tasa de interés moratorio pactada no sea notoriamente excesiva, podrá aplicar ésta, lo cual también deberá fundar y motivar. 5. Además en caso de que se considere que el interés moratorio pactado es usurero, deberá absolver a la parte demandada al pago de gastos y costas." (foja 94). Por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 171 a 175), se consideró que la responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo, a excepción de la parte final del punto 4, en la cual la responsable no expresó de manera razonada, fundada ni motivada el por qué arribó a la conclusión de que el interés moratorio anual del 6% (seis por ciento) a la que redujo la tasa, no resultaba notoriamente excesivo. Por lo tanto, el entonces Presidente de este tribunal colegiado tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el juzgado responsable incurrió en defecto en el cumplimiento del fallo protector al no ocuparse de todos y cada uno de los lineamientos por los que se concedió la protección constitucional; pues si bien, en la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, determinó de oficio la reducción de la tasa de interés al 6% (seis por ciento) anual respecto de los pagarés base de la acción; lo cierto es que no expresó razonada, fundada ni motivadamente el porqué arribó a tal conclusión, es decir, porqué la tasa de interés moratorio anual del seis por ciento (6%) a la que llegó oficiosamente no resultaba notoriamente excesiva. En cumplimiento a lo anterior, la responsable emitió una nueva resolución el veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 186 a 200). El quince de febrero de dos mil veintiuno (fojas 209 a 213) el Presidente de este órgano jurisdiccional resolvió tener nuevamente por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la responsable, si bien redujo de oficio el interés moratorio ahora al 3% (tres por ciento), volvió a incurrir en defecto, pues no expresó las razones en las que se sustentó para considerar que el mencionado porcentaje no resultaba excesivo, ni porqué, en el caso, los preceptos que citó eran aplicables al caso concreto, ya que reducir el porcentaje del interés moratorio y señalar diversos numerales, pero sin expresar motivo alguno que sustentara su decisión, no era suficiente para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anteriormente expuesto y toda vez que en las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable reiteró en su integridad las determinaciones precisadas en la ejecutoria a excepción de la parte final del punto 4, es por ello que la materia de la presente resolución únicamente versará sobre si la responsable dejó de incurrir en el defecto del fallo protector precisado en párrafo que antecede. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento, se aprecia lo siguiente: Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte dentro del expediente 295/2018 de su índice (fojas 222). El veintiséis de febrero siguiente dictó nueva resolución en la que determinó de oficio la reducción de la tasa de interés moratorio al 3% (tres por ciento) mensual -fojas 234 a 237- por las razones siguientes: La reducción de intereses tiene como finalidad de dar a las partes plena seguridad jurídica de que tal condena es acorde a las circunstancias del caso y las constancias procesales Desde el punto de vista objetivo consideró que de acuerdo a la capacidad de los demandados de pagar no solamente la suerte principal sino también los intereses, que hasta el momento no han realizado, denota una falta de liquidez y sería por demás condenarlos a intereses altos que traería como consecuencia que la deuda se hiciera impagable. El interés pactado debe ser un dato objetivo que no amerite mayor reflexión ni investigación de parámetros determinados, sino que derive a simple vista como un dato acorde con lo establecido en los preceptos 362 del Código de Comercio, 79, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 14, 16 y 22 Constituciones, 2 y 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, fracción I y 79, fracción VI de la Ley de Amparo. En un punto de vista subjetivo, no se aprecia situación alguna de vulnerabilidad o desventaja de los deudores respecto del acreedor, ya que si bien aquéllos no desahogaron prueba alguna, lo cierto es que al momento de dar contestación a la demanda mencionan que el concepto de intereses se encontraba en blanco, el cual la actora de manera unilateral llenó dicho espacio, y si bien la accionante tiene derecho a recibir un porcentaje de interés por el monto que amparan los pagarés, éste no debe ser un detrimento a la economía de los enjuiciados. El artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite una interpretación conforme con la Constitución Federal, al prever que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, por lo que si interés pactado en el pagaré genera convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del interés pactado, lo que en el caso aconteció. En consecuencia, se advierte que dicha responsable reparó el defecto en el que había incurrido, ya que como se aprecia, expresó las razones en las que se sustentó para considerar que la tasa de interés moratorio, que redujo de oficio, no resulta excesivo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 222 a 240); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 242 y 243), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del oficio CCJ/ST/2872/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del citado Consejo, dictó sentencia en el amparo directo 466/2019, en el que concedió a Cesar Alejandro Gazca Gómez el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la responsable procediera en los términos siguientes: "1. Deje sin efectos la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que reitere todo lo que no fue materia de impugnación, así como aquello que no fue motivo de concesión. 3. Repare las violaciones destacadas en el presente considerando, y atendiendo al principio de exhaustividad y congruencia, con plenitud de jurisdicción analice si el pagaré suscrito el doce de octubre de dos mil dieciséis, contiene año de vencimiento o se acreditó con algún otro medio de prueba, ya que del contenido de dicho documento no se advierte y en caso de no ser así, se tenga pagadero a la vista y partir de esa fecha se tome en consideración la obligación de ser exigible su pago. Además, de forma oficiosa analice si en el particular, la tasa de interés moratorio pactada entre las partes, configura o no el fenómeno usurero; ello acorde a las circunstancias particulares del caso controvertido y de los elementos que obren en autos. 4. Para el caso de que la responsable considere que la tasa de interés moratorio pactada por las partes sea notoriamente excesiva y usuraria, de oficio determine que la condena respectiva no podrá hacerse sobre los intereses moratorios pactados, sino sólo en cuanto a la tasa de interés que reduzca para que no resulte notoriamente excesiva; lo que deberá hacer mediante una apreciación razonada, fundada y motivada y con base en las circunstancias particulares del caso y en las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver; y, en caso de que la responsable considere que la tasa de interés moratorio pactada no sea notoriamente excesiva, podrá aplicar ésta, lo cual también deberá fundar y motivar. 5. Además en caso de que se considere que el interés moratorio pactado es usurero, deberá absolver a la parte demandada al pago de gastos y costas." (foja 94). Por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 171 a 175), se consideró que la responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo, a excepción de la parte final del punto 4, en la cual la responsable no expresó de manera razonada, fundada ni motivada el por qué arribó a la conclusión de que el interés moratorio anual del 6% (seis por ciento) a la que redujo la tasa, no resultaba notoriamente excesivo. Por lo tanto, el entonces Presidente de este tribunal colegiado tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el juzgado responsable incurrió en defecto en el cumplimiento del fallo protector al no ocuparse de todos y cada uno de los lineamientos por los que se concedió la protección constitucional; pues si bien, en la resolución de treinta de enero de dos mil veinte, determinó de oficio la reducción de la tasa de interés al 6% (seis por ciento) anual respecto de los pagarés base de la acción; lo cierto es que no expresó razonada, fundada ni motivadamente el porqué arribó a tal conclusión, es decir, porqué la tasa de interés moratorio anual del seis por ciento (6%) a la que llegó oficiosamente no resultaba notoriamente excesiva. En cumplimiento a lo anterior, la responsable emitió una nueva resolución el veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 186 a 200). El quince de febrero de dos mil veintiuno (fojas 209 a 213) el Presidente de este órgano jurisdiccional resolvió tener nuevamente por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que la responsable, si bien redujo de oficio el interés moratorio ahora al 3% (tres por ciento), volvió a incurrir en defecto, pues no expresó las razones en las que se sustentó para considerar que el mencionado porcentaje no resultaba excesivo, ni porqué, en el caso, los preceptos que citó eran aplicables al caso concreto, ya que reducir el porcentaje del interés moratorio y señalar diversos numerales, pero sin expresar motivo alguno que sustentara su decisión, no era suficiente para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anteriormente expuesto y toda vez que en las nuevas constancias remitidas por la autoridad responsable reiteró en su integridad las determinaciones precisadas en la ejecutoria a excepción de la parte final del punto 4, es por ello que la materia de la presente resolución únicamente versará sobre si la responsable dejó de incurrir en el defecto del fallo protector precisado en párrafo que antecede. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento, se aprecia lo siguiente: Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte dentro del expediente 295/2018 de su índice (fojas 222). El veintiséis de febrero siguiente dictó nueva resolución en la que determinó de oficio la reducción de la tasa de interés moratorio al 3% (tres por ciento) mensual -fojas 234 a 237- por las razones siguientes: La reducción de intereses tiene como finalidad de dar a las partes plena seguridad jurídica de que tal condena es acorde a las circunstancias del caso y las constancias procesales Desde el punto de vista objetivo consideró que de acuerdo a la capacidad de los demandados de pagar no solamente la suerte principal sino también los intereses, que hasta el momento no han realizado, denota una falta de liquidez y sería por demás condenarlos a intereses altos que traería como consecuencia que la deuda se hiciera impagable. El interés pactado debe ser un dato objetivo que no amerite mayor reflexión ni investigación de parámetros determinados, sino que derive a simple vista como un dato acorde con lo establecido en los preceptos 362 del Código de Comercio, 79, 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 14, 16 y 22 Constituciones, 2 y 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, fracción I y 79, fracción VI de la Ley de Amparo. En un punto de vista subjetivo, no se aprecia situación alguna de vulnerabilidad o desventaja de los deudores respecto del acreedor, ya que si bien aquéllos no desahogaron prueba alguna, lo cierto es que al momento de dar contestación a la demanda mencionan que el concepto de intereses se encontraba en blanco, el cual la actora de manera unilateral llenó dicho espacio, y si bien la accionante tiene derecho a recibir un porcentaje de interés por el monto que amparan los pagarés, éste no debe ser un detrimento a la economía de los enjuiciados. El artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite una interpretación conforme con la Constitución Federal, al prever que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, por lo que si interés pactado en el pagaré genera convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del interés pactado, lo que en el caso aconteció. En consecuencia, se advierte que dicha responsable reparó el defecto en el que había incurrido, ya que como se aprecia, expresó las razones en las que se sustentó para considerar que la tasa de interés moratorio, que redujo de oficio, no resulta excesivo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dos de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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