Cesar Alcantara Piña
Expediente 645/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 27/02/2017
Partes del expediente
- Cesar Alcantara Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado que se decretó el sobreseimiento de la causa a favor del quejoso César Alcántara Piña, por lo motivos expuestos en el oficio que se atiende. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, únicamente, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta pues mediante auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, causó estado la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, ordenándose su archivo en dicha determinación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Finalmente, de los autos del incidente de suspensión se advierte que obra el billete de depósito N 762659, que ampara la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n), con el objeto de garantizar la suspensión provisional decretada en proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis, el cual fue guardado en la caja de seguridad de este juzgado con el registro 28/2016-B. Atento a ello, se dejan a disposición del quejoso César Alcántara Piña el billete de depósito de referencia, apercibido que en caso de no recibirlo dentro del plazo de dos años contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, prescribirá a favor de la Federación. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso César Alcántara Piña, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón , que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 645/2016-I, promovido por César Alcántara Piña, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal y en el Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, remitido el nueve siguiente a este juzgado, César Alcántara Piña, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS, SON LAS SIGUIENTES: A) JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL, COMPETENTE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA ESTADO DE MÉXICO (.). B) EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL H PRIMER TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO (.). C) EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL H SEGUNDO TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO (.). D) EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL H TERCER TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) E) FISCAL REGIONAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) EJECUTORAS, SON LAS SIGUIENTES: A) DEL COMANDANTE DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MEXICO (.) B) DE LOS POLICIAS MINISTERIALES ADSCRITOS AL H PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MEXICO (...) C) JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A1 DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) D) JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A2 DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) E) PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) F) SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) G) COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) H) PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) I) JEFATURA GENERAL DE LA POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) J) FISCALIA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, DE LA SUBPROCURADURIA DE PROCESOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO). "IV. ACTO RECLAMADO: A) DEL JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL, COMPETENTE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS AL H PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO DEL FISCAL REGIONAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LA POSIBLE ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O RETENCIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O DETERMINACIÓN Y/O ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA EN MI CONTRA DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO 81/2016. B) DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, DE LOS POLICÍAS MINISTERIALES ADSCRITOS AL H PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO, JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A1 DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN A2 DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FISCALÍA DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, DE LA SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DARLE A LA POSIBLE ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O RETENCIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O DETERMINACIÓN Y/O ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA." El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado y, dada la naturaleza de éste, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de diez de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. La presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a las autoridades señaladas como "Comandante de la Policía Ministerial y Policías Ministeriales adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno, todos adscritos a la Agencia del Ministerio Público de Lerma de Villada, Estado de México", así como de la "Jefatura General de la Policía Judicial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)" y la "Fiscalía de Mandamientos Judiciales, de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues mediante proveídos de veinte de mayo, cinco veinte de julio, todos de dos mil dieciséis, se les dejó de tener como autoridades responsables para efecto del trámite subsecuente del presente juicio de amparo. CUARTO. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se difirió por última única ocasión la audiencia constitución, por lo que se fijó fecha y hora para su celebración, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La orden de presentación y/o retención y/o detención y/o determinación y/o orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades responsables: Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Agentes del Ministerio Público adscritos a los turnos Primero, Segundo y Tercero de Lerma, Estado de México. Procurador General, el Subprocurador General, del Fiscal Regional y el Comisario General de la Policía Ministerial, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por conducto de la Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva. Encargado del Despacho de la Unidad "1" de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México. Procurador General de Justicia con sede en la Ciudad de México. Jefe de la Unidad de Investigación "A2" de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México Negaron la existencia de los actos que les atribuye el impetrante de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por César Alcántara Piña, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
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