César Alberto Trejo Ruíz y otro

Expediente 797/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2014.

Datos del expediente

Expediente
797/2013
Año
2013
Actuaciones
14
Última actuación
07/02/2014

Partes del expediente

  • César Alberto Trejo Ruíz y otro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA SE INCONFORMARAN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, AL HABERSE CONCEDIDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 202 Y 214 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE; POR OTRA PARTE, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III, DEL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, DEL CAPÍTULO QUINTO DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADOS; EN CONSECUENCIA, CONSÉRVESE LA DEMANDA y LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca, Hidalgo, a diecinueve de diciembre de dos mil trece. Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de veintiséis de noviembre de dos mil trece, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, hicieran valer el exceso o defecto en su cumplimiento, no habiéndose recibido escrito alguno signado por las partes. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que la concesión de un amparo siempre tiene como sustento la violación de un derecho fundamental, que a su vez se traduce en la violación del orden jurídico que se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por eso, a fin de restablecer ese orden jurídico, que finalmente es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, debe dictarse de tal manera que vincule a la autoridad responsable a restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En ese tenor, si el restablecimiento del orden jurídico mencionado depende de la manera en que se dé cumplimiento a la sentencia de amparo, es claro que el determinar si una ejecutoria de amparo fue o no acatada, necesariamente se traduce en una cuestión de orden público. Es así, porque si bien la sociedad en general puede no estar interesada en la manera en que, en lo particular, se restituyen las garantías violadas a la parte quejosa, sí está interesada en la conservación del orden jurídico constitucional, pues como ya se dijo, ese orden es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados. Por ello, en principio, el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya enteramente cumplido la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o no haya materia para la ejecución, así determinado por el órgano de amparo. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en una sentencia el órgano de control constitucional concede la protección de la Justicia Federal, dicho juzgador tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, e incluso a cualquier otra autoridad vinculada con su cumplimiento, a fin de que dichas autoridades, dentro de los límites de su respectiva competencia, realicen todos los actos que resulten necesarios para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Así, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. En ese orden de ideas, se puede concluir que cuando el juzgador que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, decide tener por cumplida dicha ejecutoria, se encuentra obligado a motivar su determinación en los términos antes precisados, es decir, teniendo en cuenta los efectos y alcances de la protección constitucional otorgada, debe hacer un examen suficientemente razonado acerca del por qué, aun en el supuesto de existir desacuerdo de las partes, considera que dicha ejecutoria se debe tener por cumplida totalmente. Aunado a ello, si se tiene en consideración que, como se dijo, el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, no sólo porque busca restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, sino porque con dicho cumplimiento se debe restablecer el orden jurídico constitucional que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, es claro que entre más expeditamente se resuelva si la determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo es o no acertada, más pronto se decidirá si el orden jurídico violado ha sido o no restablecido. El artículo 196 de la nueva ley de la materia, en lo que aquí interesa señala: ... Como se advierte, este tribunal colegiado debe pronunciarse sobre el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, sin que existan excesos ni defectos. Ahora bien, se estima que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional; por otra parte, se considera existe defecto en el cumplimiento de una sentencia que concedió el amparo, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Así también, es necesario establecer que todas las sentencias que conceden la protección constitucional, en las que se ordena dejar insubsistente la sentencia reclamada y se ordena emitir una nueva, pueden tener vinculación total, parcial o ninguna vinculación. Si la ejecutoria señala los puntos resolutivos y los fundamentos que debe observar la autoridad responsable, habrá vinculación total del reenvío a la ejecutoria. Por otra parte, si la ejecutoria remueve impedimentos o dilatorias, para que la resolución reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicción, existe vinculación parcial. Finalmente, si la autoridad responsable violó el procedimiento por omisión de examen, de calificación o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estará desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo substancial del negocio. La anterior división doctrinaria, tiene relevancia para efectos del asunto en estudio, pues si la autoridad responsable se encuentra vinculada a resolver en determinado sentido, cualquier violación que cometa podrá constituir defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria; en otro sentido, si no existe vinculación respecto a la nueva resolución, y se otorga plenitud de jurisdicción a la responsable, no constituirá defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoyan las consideraciones anteriores, el criterio aislado sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, XXXII, Sexta Época, página 258, que son del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE REENVÍO, VINCULACIÓN DE LAS. AMPARO Y QUEJA. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el catorce de noviembre de dos mil trece, por este Segundo Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se estableció lo siguiente: [.]. Como se advierte de la sentencia concesoria, esta resulta ser vinculatoria, por cuanto establece los parámetros que tiene que seguir la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria. Es así, pues la protección constitucional, ordena la reiteración de la sentencia impugnada a excepción de un punto, el cual deberá desaparecer (fijación de lo largo de la servidumbre de paso). En consecuencia, de manera textual en la nueva resolución la autoridad responsable, en los puntos resolutivos señaló: ... En esa condición, este tribunal colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, reiteró el contenido del acto impugnado, a excepción del punto relativo a la fijación de lo largo de la servidumbre de paso, el cual desapareció porque como se dijo en la ejecutoria, ello no fue materia de agravio en el recurso y por tanto no podía ser objeto de estudio oficioso por el tribunal de alzada. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, en términos del cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN ESA CONDICION, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO CONSIDERA CUMPLIDO, DE FORMA TOTAL, SIN EXCESO NI DEFECTO, EL FALLO PROTECTOR, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE SUJETO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CONCESORIA, REITERO EL CUMPLIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO, A EXCEPCIÓN DEL PUNTO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LO LARGO DE LA SERVIDUMBRE DE PASO, EL CUAL DESAPARECIO PORQUE COMO SE DIJO EN LA EJECUTORIA, ELLO NO FUE MATERIA DE AGRAVIO EN EL RECURSO Y POR TANTO NO PODIA SER ESTUDIO DE OBJETO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Juicio de Amparo Directo

    TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LAS PARTES PARA MANIFESTAR LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVINIERE SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE DICE DAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL; EN CONSECUENCIA, DESE CUENTA AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

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