César Alberto Rivera López

Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
492/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • César Alberto Rivera López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica a la quejosa el auto que dice: El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, Diana Ulloa Hernández, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifica: Que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio del año en curso, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho, tal como lo refleja el siguiente cuadro ilustrativo: TÉRMINO LEGAL PARTES AUTO NOTIFICACIONES INICIO COMPUTO CONCLUSIÓN TERMINO ¿REALIZARON MANIFESTA-CIONES? SI NO QUEJOSO: César Alberto Rivera López 11 DE JULIO DE 2019. 17 DE JULIO DE 2019. 19 DE JULIO DE 2019. 23 DE JULIO DE 2019. X Cabe señalar que no se cuenta en ese lapso el veinte y veintiuno de julio del año en curso, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . Además, que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Doy fe. La secretaria. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, Diana Ulloa Hernández, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, da cuenta al juez con la certificación que antecede. Conste. La secretaria. Zapopan, Jalisco, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. I. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por las autoridades responsables para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: II. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos de advierte que en sentencia dictada el siete de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito concedió el amparo al aquí quejoso para los siguientes efectos: a) No le apliquen al impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales . b) El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad... ...se deberá devolver al quejoso la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de la escritura pública 55,368 conforme al inciso a) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, cobrándole únicamente la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por la operación en que se aplicó el precepto declarado inconstitucional contenido en el mencionado recibo oficial número A 41362910. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima . Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización . Finalmente, es necesario señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aun cuando no haya sido señalada como responsable, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." III. Actos realizados respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio PF-DC-JA-19580 , la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el que ordenó la devolución de lo pagado mediante recibo oficial A41362910 de siete de febrero de dos mil diecinueve, por concepto de Derechos de Registro previsto en el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, ordenó notificar dicha determinación al incoante para que compareciera ante la Procuraduría Fiscal a recibir el contrarecibo. Con el comunicado PF-DC-JA-20804, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el nueve de junio de dos mil diecinueve, se presentó el quejoso ante la Procuraduría Fiscal a recibir el contrarecibo 1818820, emitido a su favor, por la cantidad de $19,163.04 (diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), por concepto de devolución de impuestos, de lo cual la autoridad remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó dicha circunstancia. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable atendió los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, ordenó desincorporar de la esfera jurídica al quejoso respecto de la norma combatida, expidió orden de pago a su favor por la cantidad de $19,163.04 (diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), y la orden de pago 1818820, en el cual obra la firma del quejoso César Alberto Rivera López en que acusa recibo, cumpliéndose así con la ejecutoria del presente juicio de amparo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. V. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VI. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. VIII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IX. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Se requiere a la parte quejosa para que recoja documentos. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió. Apercibido que de no acudir por los mismos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Diana Ulloa Hernández, que autoriza y da fe. HGPB/DUH/hmre

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por las autoridades responsables para lograr su debido acatamiento, se pronuncia en los siguientes términos: Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos de advierte que en sentencia dictada el siete de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito concedió el amparo al aquí quejoso para los siguientes efectos: No le apliquen al impetrante en lo presente, ni en lo futuro, el artículo, fracción e inciso declarados, inconstitucionales. El de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria deriva de la porción normativa declarada inconstitucional, lo que no se traduce en que el amparo tenga por efecto exentar a la quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad... ...se deberá devolver al quejoso la diferencia de la cantidad que pagó por concepto del registro de la escritura pública 55,368 conforme al inciso a) fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, cobrándole únicamente la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por la operación en que se aplicó el precepto declarado inconstitucional contenido en el mencionado recibo oficial número A 41362910. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima. Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización. Finalmente, es necesario señalar que el reintegro de la cantidad pagada por concepto del acto de aplicación de la normatividad declarada inconstitucional deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esa devolución, aun cuando no haya sido señalada como responsable, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Actos realizados respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio PF-DC-JA-19580, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el que ordenó la devolución de lo pagado mediante recibo oficial A41362910 de siete de febrero de dos mil diecinueve, por concepto de Derechos de Registro previsto en el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, ordenó notificar dicha determinación al incoante para que compareciera ante la Procuraduría Fiscal a recibir el contrarecibo. Con el comunicado PF-DC-JA-20804, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, informó que el nueve de junio de dos mil diecinueve, se presentó el quejoso ante la Procuraduría Fiscal a recibir el contrarecibo 1818820, emitido a su favor, por la cantidad de $19,163.04 (diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), por concepto de devolución de impuestos, de lo cual la autoridad remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó dicha circunstancia. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable atendió los lineamientos trazados en el fallo protector. Por ende, se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, ordenó desincorporar de la esfera jurídica al quejoso respecto de la norma combatida, expidió orden de pago a su favor por la cantidad de $19,163.04 (diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), y la orden de pago 1818820, en el cual obra la firma del quejoso César Alberto Rivera López en que acusa recibo, cumpliéndose así con la ejecutoria del presente juicio de amparo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva; sin que se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. X. Se requiere a la parte quejosa para que recoja documentos. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió. Apercibido que de no acudir por los mismos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del titular de la citada Secretaría, mediante el cual remite un legajo certificado, entre los cuales destaca la orden de pago 1818820, en el cual obra la firma del aquí quejoso en que acusa recibo la cantidad de diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional, por concepto de devolución de ingresos.En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa.Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO- se notifica por este medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de once de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 492/2019; toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días hábiles que establece el artículo 27, fracción I, inciso B), de la Ley de amparo, no obstante el citatorio que se le dejó el doce de julio de dos mil diecinueve, por lo tanto dicho proveído a notificar dice: Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del titular de la citada Secretaría, mediante el cual remite un legajo certificado, entre los cuales destaca la orden de pago 1818820, en el cual obra la firma del aquí quejoso en que acusa recibo la cantidad de diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos 04/100 moneda nacional, por concepto de devolución de ingresos. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

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