Cesar Alberto Reyes Prieto

Expediente 4499/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4499/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Cesar Alberto Reyes Prieto

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; seis de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la promoción de cuenta, consistente en el acta de comparecencia desarrollada vía remota a través de videoconferencia WEBEX, de *****, en la que manifestó su voluntad para desistirse de la presente vía constitucional, por así convenir a sus intereses, conociendo que el alcance del mismo es la conclusión del presente juicio. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, conviene imponerse del contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa dicen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; (.)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De lo anterior se colige que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, de ahí que Cesar Guillermo de la Vega Arvizo, pueda válidamente desistirse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada, con la sola declaración de su voluntad. Lo que se encuentra reconocido en la fracción I del numeral 63 de la Ley de Amparo que indica lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (...)" Del numeral citado se advierte que una de las causas de sobreseimiento en el juicio es el desistimiento por la parte quejosa, pues constituye una renuncia de éste a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto. Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia, número 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, cuyos rubro y texto refieren: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia" Por tanto, si en el caso, Cesar Guillermo de la Vega Arvizo, con el acta de comparecencia manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio, por así convenir a sus intereses, es inconcuso que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la ley de la materia. Aunado al hecho de que, entre los principios rectores del juicio de garantías se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; por ello es dable concluir que quien puede promover juicio de amparo, también puede desistirse de él, salvo en el caso previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 681, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, segunda parte-2, enero a junio de 1998, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la diversa tesis de jurisprudencia, número P./J. 3/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, ya que ningún fin práctico tiene el obligar al Juez de Distrito a esperar a que se celebre la audiencia constitucional en este asunto, para darle la oportunidad a Cesar Guillermo de la Vega Arvizo, de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de sobreseimiento subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, y lo único que originaría es retardar la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 345 del Informe de 1932, relativo a la ahora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Ningún objeto tiene que se siga tramitando el juicio de amparo cuando de una manera clara y manifiesta aparece un motivo de improcedencia que no se tuvo a la vista cuando se admitió la demanda, debiendo, en consecuencia, sobreseerse, sin que sea necesario ir a la audiencia constitucional, pues así lo dispone la fracción III del artículo 44 de la Ley de Amparo. La tramitación del juicio en estos casos, ocasiona perjuicios, no sólo a las partes, sino a la administración de justicia." Atento a lo anterior se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós y una vez transcurra el plazo del artículo 86, párrafo primero en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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