César Alberto Méndez Barajas
Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- César Alberto Méndez Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Juicio de amparo 477/2021 El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diecinueve al veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos por devolver con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo delos expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se tuvo por no presentada la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy *
- Principal
CUENTA. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, el licenciado Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Certifica: Que el término de cinco días que le fue concedido a la parte promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del nueve al quince de junio del año en curso, con exclusión de los días doce y trece de junio del año en curso, por ser sábado y domingo, respectivamente, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido en exceso el término de cinco días que le fueron concedidos a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de treinta y uno de mayo del presente año, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, se provee: En virtud de que como se dijo la parte quejosa no dio cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de treinta y uno de mayo del presente año, en el presente juicio de amparo se tiene únicamente como acto reclamado la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, que le atribuye la quejosa a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. DESECHAMIENTO. Luego, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, en lo concerniente al acto reclamado consistente en la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020. Sin embargo, en el apartado tercero del capítulo de antecedentes del acto reclamado, el solicitante amparo manifiesta que en contra de dicha resolución su asesor jurídico interpuso el recurso de revocación, mismo que fue desechado por la Juez de Control. Ante esta circunstancia, mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se previno al quejoso para que aclarara su demanda en el sentido que debía señalar si era su deseo reclamar la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, y/o la determinación que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de dicha negativa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tomaría únicamente el primer acto reclamado, tal como lo señaló en su demanda de amparo. No obstante lo anterior, trascurrió el plazo de cinco días, sin que el quejoso hubiera cumplido el requerimiento respectivo; por tanto, como se proveyó en líneas anteriores se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo como acto reclamado en el presente juicio únicamente la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, que le atribuye la quejosa a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. En ese sentido, tomando en consideración que las manifestaciones que hace el quejoso en su demanda de amparo constituyen una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º; resulta evidente que la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020, no subsiste, dado que fue substituida procesalmente por la diversa determinación emitida por la Juez de Control, en la que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la referida resolución, lo que produce el cambio en la situación jurídica de la misma. Así, la decisión pronunciada con motivo del recurso de revocación promovido por la parte quejosa, que fue desechar dicho medio de impugnación, sustituyó al acto que reclama el aquí quejoso consistente en la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, por lo que es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por César Alberto Méndez Barajas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza. Doy fe. Vicky
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 08 DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. !CUENTA. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, el licenciado Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Certifica: Que el término de cinco días que le fue concedido a la parte promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del nueve al quince de junio del año en curso, con exclusión de los días doce y trece de junio del año en curso, por ser sábado y domingo, respectivamente, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido en exceso el término de cinco días que le fueron concedidos a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de treinta y uno de mayo del presente año, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, se provee: En virtud de que como se dijo la parte quejosa no dio cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de treinta y uno de mayo del presente año, en el presente juicio de amparo se tiene únicamente como acto reclamado la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, que le atribuye la quejosa a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. DESECHAMIENTO. Luego, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, en lo concerniente al acto reclamado consistente en la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020. Sin embargo, en el apartado tercero del capítulo de antecedentes del acto reclamado, el solicitante amparo manifiesta que en contra de dicha resolución su asesor jurídico interpuso el recurso de revocación, mismo que fue desechado por la Juez de Control. Ante esta circunstancia, mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se previno al quejoso para que aclarara su demanda en el sentido que debía señalar si era su deseo reclamar la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, y/o la determinación que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de dicha negativa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tomaría únicamente el primer acto reclamado, tal como lo señaló en su demanda de amparo. No obstante lo anterior, trascurrió el plazo de cinco días, sin que el quejoso hubiera cumplido el requerimiento respectivo; por tanto, como se proveyó en líneas anteriores se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo como acto reclamado en el presente juicio únicamente la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, que le atribuye la quejosa a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas. En ese sentido, tomando en consideración que las manifestaciones que hace el quejoso en su demanda de amparo constituyen una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º; resulta evidente que la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, emitida dentro de la causa penal 34/2020, no subsiste, dado que fue substituida procesalmente por la diversa determinación emitida por la Juez de Control, en la que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la referida resolución, lo que produce el cambio en la situación jurídica de la misma. Así, la decisión pronunciada con motivo del recurso de revocación promovido por la parte quejosa, que fue desechar dicho medio de impugnación, sustituyó al acto que reclama el aquí quejoso consistente en la resolución que negó la petición del asesor jurídico de la víctima para prorrogar el plazo de investigación complementaria, por lo que es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por César Alberto Méndez Barajas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza. Doy fe. Vicky
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído la promoción de cuenta, signada por Horacio Esquivel Duarte, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través de la cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada por auto de treinta y uno de mayo de esta anualidad. Lo anterior, en razón de que, es el quejoso y no el autorizado en términos amplios, quien debe de dar cumplimiento a la prevención aludida, pues quien directamente debe manifestar el acto que reclama para estar en aptitud de formar la litis constitucional es el solicitante de la salvaguarda constitucional, al tratarse de un acto personalísimo. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), con registro 2009933, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, que se transcribe a continuación. "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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