Cesar Alberto Guerrero Ibarra

Expediente 516/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
516/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Cesar Alberto Guerrero Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 5042/2018 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el citado tribunal aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 516/2018-VIII del índice de este juzgado, promovido por César Alberto Guerrero Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, correspondiéndole el número de juicio de amparo directo laboral 579/2018, de su índice. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del presente cuaderno, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías que promueve Cesar Alberto Guerrero Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimar que vulnera los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 13, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 516/2018-VIII. En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Cesar Alberto Guerrero Ibarra, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 516/2018-VIII. En el caso, la parte quejosa hace consistir como actos reclamados, los siguientes: "A).- La falta de llamamiento a juicio, o defectuoso emplazamiento, verificado en el expediente 3730/2017/11, del índice de la autoridad responsable. B).- El laudo de fecha 07 de Marzo de 2018, dictado por la responsable en los autos del juicio ordinario laboral número 3730/2017/11, relativo a la demanda laboral formulada por Rafael Puente Mendoza en contra del suscrito y del señor JOSE LUIS GUERRERO AGUILAR Y MA. VICTORIA IBARRA RANGEL" Ahora bien, por lo que respecta al acto que la parte quejosa identificó con inciso A), y tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el citado acto reclamado consiste en la falta de llamamiento al juicio laboral 3730/2017/11; respecto del cual, este Juzgado estima que se actualiza una causal de improcedencia de conformidad con el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; pues dicho acto fue materia del diverso juicio de amparo 661/2017-VI, radicado en este propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso. Ahora bien, el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (I a IX.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" En ese sentido, una vez verificado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, se advierte que César Alberto Guerrero Ibarra, por propio derecho, promovió diverso juicio de amparo radicado en este mismo órgano de control constitucional con el número 661/2017-VI, en el que el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia; misma que se tiene a la vista por constituir un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del tomo XXV-Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que señala lo siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Del referido expediente 661/2017-VI, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y al Actuario Judicial de su adscripción; atribuyéndoles, esencialmente, el emplazamiento que se le realizó en el juicio laboral 3730/2017/11. En ese orden de ideas, de la confrontación de las constancias del juicio de amparo 661/2017-VI, y de la demanda de cuenta, se advierte que se trata del mismo acto reclamado; asimismo, se advierte que dicha sentencia causó ejecutoria el diez de agosto de dos mil diecisiete. Por tanto, como el acto que ahora se reclama fue materia de estudio en el mencionado expediente, es por lo que se estima que se actualiza dicha causa de improcedencia. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada XI.2o.8 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, III, Junio de 1996, visible en la página 817, del tenor: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes invocado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por lo que respecta al acto reclamado consiste en la falta de llamamiento al juicio laboral 3730/2017/11, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. En relación con el diverso acto reclamado consistente en el laudo dictado el siete de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral de origen, debe decirse que no puede ser motivo de pronunciamiento en este juicio tramitado por la vía indirecta, pues ello es materia de examen en la vía directa de amparo. Por lo tanto, corresponde la competencia al Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, ya que se trata de la resolución definitiva que puso fin al juicio. En estas condiciones, al haberse desechado la demanda por lo que hace al emplazamiento impugnado, procede declarar la legal incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del laudo dictado en el proceso laboral de origen, por lo que se deberá escindir la demanda de amparo con sus anexos y remitirla al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 70/2010, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la foja 9, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En tal razón, una vez que cobre firmeza la presente determinación, se deberá escindir la demanda con sus anexos y remitirla al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para que resuelva lo que proceda en relación con el laudo que se reclamó en este juicio. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.

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